El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó acciones de desnaturalización contra 40 ciudadanos naturalizados acusados de delitos graves, en lo que la propia agencia describió como la mayor iniciativa de este tipo en un solo período bajo la administración de Donald Trump. Las demandas se radicaron en múltiples tribunales federales entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026, según informó el DOJ en un comunicado oficial.
Las acusaciones incluyen haber actuado como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y agresión sexual contra una persona con discapacidad. Las personas alcanzadas por los procedimientos provienen de distintos países, entre ellos México, China, Irán, Pakistán y Filipinas.
Todas las demandas son alegaciones: no existe aún una determinación judicial de responsabilidad.
Qué implica un proceso de desnaturalización en Estados Unidos
La Ley de Inmigración y Nacionalidad —la norma que regula la ciudadanía en Estados Unidos— faculta a un tribunal federal a revocar la ciudadanía naturalizada cuando esta se obtuvo de forma ilegal, mediante el ocultamiento de información relevante o a través de declaraciones deliberadamente falsas ante las autoridades.
En la práctica, esto significa que quien haya omitido antecedentes penales, vínculos con gobiernos extranjeros u otros datos significativos al solicitar la ciudadanía puede quedar sujeto a este tipo de proceso.
A diferencia de la deportación —que es una medida administrativa—, la desnaturalización requiere una resolución judicial: el gobierno debe demostrar ante un juez federal que la ciudadanía se concedió en condiciones irregulares. Solo si el tribunal acepta esa argumentación procede la revocación del certificado de naturalización.
El caso de Jinchao Wei, el exmarinero condenado por espionaje
Uno de los casos más notorios entre los incluidos en el paquete de demandas es el de Jinchao Wei, exmarinero de la Armada de Estados Unidos nacido en China. Wei fue condenado en agosto de 2025 por cargos que incluyen espionaje y exportación ilegal de datos técnicos vinculados a materiales de defensa, y fue sentenciado a más de 16 años de prisión.
Según los fiscales, Wei habría comenzado a planear la venta de secretos militares a China meses antes de obtener la ciudadanía estadounidense en mayo de 2022, y habría ocultado esa conducta durante el proceso de naturalización. Ese ocultamiento, sostiene el DOJ, es la base legal para buscar ahora la revocación de su ciudadanía.
El Gobierno de Trump amplía la política de desnaturalización
El anuncio se enmarca en una tendencia más amplia. Durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, el DOJ emitió un memorándum interno que ordenó a su División Civil ampliar los esfuerzos de desnaturalización e incorporar nuevas categorías de personas susceptibles de perder la ciudadanía, según informó The Guardian. Expertos legales señalaron que esa expansión respondía a la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente.
The New York Times había informado en abril pasado que el DOJ había identificado al menos 384 ciudadanos nacidos en el extranjero cuya naturalización pretendía revocar. Un funcionario del DOJ calificó esa primera tanda como solo “la primera ola” de casos. Entre 2017 y fines de 2025, Estados Unidos desnaturalizó a aproximadamente 120 personas, según el mismo diario. El volumen anunciado esta semana representa un salto sustancial respecto de ese ritmo histórico.
Las 40 demandas se presentaron en 19 distritos judiciales
Las acciones judiciales se radicaron en 19 distritos federales distribuidos a lo largo del país: los distritos Central, Este y Sur de California; los distritos Este y Sur de Nueva York; los distritos Medio y Sur de Florida; los distritos Norte y Sur de Texas; los distritos Norte y Medio de Georgia; el Distrito de Arizona; el Distrito de Colorado; el Distrito de Columbia; el Distrito de Connecticut; el Distrito de Maryland; el Distrito Este de Pensilvania; el Distrito Este de Virginia; el Distrito Sur de Indiana, y el Distrito Sur de Ohio.
El fiscal general Todd Blanche sostuvo, en declaraciones recogidas por el DOJ, que los implicados “ocultaron hechos críticos al gobierno de Estados Unidos y representan delincuentes graves”. El subsecretario de Justicia para la División Civil, Brett Shumate, afirmó que la administración continuará con “el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia del departamento para restaurar la confianza y la integridad en la ciudadanía estadounidense”.
Los casos están en trámite y los tribunales deben decidir
Las 40 acciones presentadas son demandas civiles en curso. Corresponde a cada tribunal federal evaluar los argumentos del gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para revocar las ciudadanías.
Hasta que un juez no se pronuncie, ninguna de las personas involucradas ha perdido su condición de ciudadana estadounidense.
