El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo avanza a paso firme con una de las inversiones más ambiciosas de su historia: el desarrollo de un complejo médico propio que apunta, en una etapa posterior, a incorporar camas de internación general. El proyecto fue detallado recientemente por su director médico, Mariano Soria, en declaraciones a Medios Red, donde confirmó que el efector cuenta en la actualidad con 170 profesionales médicos en funciones, una guardia operativa las 24 horas y un promedio de 16.000 consultas mensuales en consultorios externos.
El caudal asistencial informado por el doctor Soria iguala el volumen de un sólo día de cualquiera de los conglomerados de medicina privada consolidados en Rosario. Sin embargo, la intención de dar el salto hacia un sanatorio de internación aguda abre un debate estructural sobre la sustentabilidad financiera de la salud en el Cordón Industrial.
Entre Rosario y la capital provincial de Santa Fe, prácticamente ningún sanatorio privado polivalente con internación logró sobrevivir a lo largo de los últimos años. Las razones son estrictamente económicas: los costos fijos de mantenimiento, hotelería clínica y aparatología médica son astronómicos, y exigen niveles de rotación de pacientes propios de una metrópoli. Si el complejo aceitero abre un área de camas críticas, deberá competir de forma directa contra prestadores de enorme escala como Grupo Oroño, Sanatorio de la Mujer, Grupo Gama o Sanatorio Británico.
A esto se le suma una singularidad institucional: el gremio de Aceiteros cuenta con un padrón de menos de 4.000 afiliados directos. A diferencia de otras organizaciones gremiales, el sindicato no posee una obra social propia; sus trabajadores perciben algunos de los mejores sueldos de la industria nacional y derivan sus aportes de ley hacia obras sociales desreguladas que triangulan directamente la cobertura médica con las empresas de medicina prepaga más exclusivas del país. Por lo tanto, el efector no cuenta con un flujo directo de retenciones sobre nómina para financiar el déficit operativo de una eventual internación, debiendo sostenerse con recursos genuinos del sindicato o acuerdos arancelarios con terceros.
El mapa nacional: un terreno minado para los efectores sindicales
La audaz iniciativa de Aceiteros adquiere mayor dimensión al contrastarse con el relevamiento exclusivo elaborado por la unidad de investigación de SL24 sobre la capacidad instalada y la crisis del subsistema sanatorial gremial en la República Argentina. Los números del sistema de salud muestran que sostener sanatorios propios ha sido una trampa mortal para organizaciones con cientos de miles de afiliados.
Dentro del universo de casi 300 obras sociales fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), solo entre 10 y 15 entidades nacionales sostienen efectores propios con camas de internación aguda, sumando apenas entre 45 y 60 sanatorios en todo el país. La tendencia histórica documentada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refleja un retroceso categórico: una contracción del 45,6% en el número de camas operativas de obras sociales sindicales, golpeadas por la inflación médica, los insumos dolarizados y el desfasaje de los salarios formales.
Los gigantes que quebraron y los que resisten
El historial reciente del sector asistencial sindical está plagado de quiebras y parálisis operativas. La Federación de Camioneros (OSCHOCA), pese a representar a cientos de miles de choferes en todo el país y haber reinaugurado el moderno Sanatorio Antártida en Caballito, arrastra severos conflictos salariales, paros del personal de la sanidad (ATSA) y endeudamiento operativo en sus clínicas del conurbano bonaerense (Avellaneda, San Justo y Villa Martelli), obligando a la conducción de los Moyano a evaluar la enajenación de activos.
El deterioro fue terminal en otros casos emblemáticos: la Clínica de los Virreyes, ligada al Sindicato de Encargados de Edificio (SUTERH / OSPERYH), cerró definitivamente tras acumular cuatro meses de salarios impagos y despedir a 400 trabajadores; mientras que el histórico Policlínico Bancario (OSBA) subsiste bajo constantes planes de reestructuración y auxilio financiero.
En la propia provincia de Santa Fe sobran los antecedentes de este descalabro: en Rosario, el Sindicato de la Carne debió rescindir la concesión del Sanatorio Saladillo y clausurar sus camas tras deudas millonarias de la gerenciadora; mientras que efectores privados fuertemente atados al pago de cápitas gremiales, como el Sanatorio Plaza, han debido fraccionar salarios al 30% y pedir el traslado de internados por corte de suministros médicos.
Los únicos modelos que lograron sostener sanatorios con internación en Argentina son aquellos que apelaron al subsidio cruzado o a la apertura masiva a la seguridad social externa. El caso testigo de éxito es UPCN a través del Sanatorio Anchorena (con más de 330 camas de alta complejidad), solventado no solo por aportes sindicales sino por las cuotas de su propia prepaga (Accord Salud). Otro camino fue el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que tercerizó establecimientos como el Vandor de Campana o el Santa Clara en la Red BASA del Grupo Olmos, abriendo sus camas a las cápitas de jubilados del PAMI para diluir los costos fijos.
La decisión de la dirigencia aceitera de volcar recursos para dotar a Puerto General San Martín de una infraestructura sanitaria inédita merece un reconocimiento genuino por su vocación social. Sin embargo, las reglas de la economía de la salud imponen una cruda advertencia: administrar camas de internación es una empresa que casi ninguna estructura gremial del país logró sostener sin comprometer su patrimonio. Si Aceiteros logra consolidar el proyecto y esquivar el quebranto que sufrieron gremios con padrones 50 veces más grandes, habrá desafiado con éxito la ley de gravedad del sistema sanitario argentino.
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