El impuesto a la propiedad recaudado por los gobiernos locales de Florida se duplicó en apenas seis años: pasó de unos USD 30.000 millones en 2019 a cerca de USD 60.000 millones en la actualidad. Con esa cifra como argumento central, el gobernador Ron DeSantis firmó el miércoles en Bradenton una ley que restringe la capacidad de los municipios y condados para aumentar esa carga fiscal.
Durante el mismo acto, DeSantis promulgó una segunda norma orientada a reforzar el control sobre el gasto público. La ley obliga a funcionarios y administraciones locales a publicar con mayor detalle cómo utilizan los fondos recaudados, en un intento por dar más visibilidad al destino del dinero de los contribuyentes y facilitar el seguimiento de las cuentas públicas.
Según el comunicado oficial de la Oficina Ejecutiva del Gobernador Ron DeSantis, las normas firmadas son el Proyecto de Ley del Senado 4-F (SB 4-F) y el Proyecto de Ley de la Cámara 1329 (HB 1329). La primera entró en vigor de inmediato; la segunda lo hará el 1 de enero de 2027.
Ambas se presentaron en el State College of Florida ante funcionarios locales, entre ellos el alcalde de Bradenton, Gene Brown.
Qué cambia el SB 4-F en el impuesto a la propiedad
La ley modifica el mecanismo por el cual los gobiernos locales fijan su tasa máxima de impuesto a la propiedad con una votación de mayoría simple.
Hasta ahora, esa tasa podía ajustarse al alza según el crecimiento del ingreso personal per cápita de Florida. El SB 4-F elimina ese ajuste y fija como techo general la llamada tasa de reversión (rolled-back rate), diseñada para que la recaudación total se mantenga estable respecto al año anterior, incluso cuando los valores de las propiedades suben.
Para superar ese límite, los cuerpos de gobierno local deberán alcanzar umbrales de votación más altos. Según Florida’s Voice, la regla general exige una mayoría de dos tercios de los miembros del organismo gobernante.
DeSantis describió el problema que la ley busca corregir: cuando el valor de una propiedad sube, el propietario paga más aunque la tasa no haya cambiado. “La gente cree que el gobierno tiene prioridad sobre tu propiedad y tus ingresos”, dijo el gobernador según WWSB. “Yo creo que es al revés”.
El vínculo con la enmienda constitucional de noviembre
El SB 4-F es también ley de implementación que acompaña a una enmienda constitucional que los votantes de Florida decidirán en noviembre de 2026, denominada “Save Our Homes from Excessive Property Taxes”.
La enmienda ampliaría la exención de vivienda principal (homestead exemption), un beneficio fiscal disponible para muchos propietarios de residencia primaria.
El SB 4-F además autoriza un texto de boleta más extenso, para que los votantes reciban una explicación más detallada de la medida antes de votar.
DeSantis planteó en reiteradas ocasiones la eliminación total del impuesto a la propiedad sobre viviendas con esa exención, aunque esa propuesta más amplia no forma parte de las leyes firmadas esta semana.
Las obligaciones que impone el HB 1329
La Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas Financiera del Gobierno Local exige a condados y municipios publicar en línea información que hoy no está sistematizada. Entre las obligaciones principales:
- Datos detallados de compensación de empleados;
- Calendarios anuales de elaboración del presupuesto;
- Reportes trimestrales sobre gastos y nóminas;
- Información presupuestaria accesible al público en general.
Además, antes de aprobar su presupuesto anual, cada gobierno local deberá completar un ejercicio formal de reducción del 10% del gasto propuesto, con la condición de no afectar servicios esenciales como seguridad pública, bomberos u otras funciones legalmente obligatorias.
El objetivo declarado es que los funcionarios demuestren que revisaron sus prioridades de gasto antes de argumentar que cualquier recorte de impuestos implicaría recortes en servicios.
El director de Finanzas del estado, Blaise Ingoglia, respaldó la medida con un dato de la Agencia de Supervisión Fiscal de Florida, según el comunicado oficial de la Oficina Ejecutiva del Gobernador: la agencia identificó aproximadamente USD 3.800 millones en gastos potencialmente excesivos o innecesarios en distintos gobiernos locales.
“Los presupuestos del gobierno van a seguir creciendo año tras año”, afirmó Ingoglia según Florida’s Voice. “Necesitamos que el gobierno en todos los niveles empiece a pensar en recortes de gasto”.
Las voces críticas y las dudas sobre el financiamiento local
No todos los presentes en Bradenton respaldaron las medidas sin reservas. La líder demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, Fentrice Driskell, advirtió sobre las consecuencias de reducir los ingresos municipales sin una fuente de reemplazo.
“Cualquier recorte, aunque parezca pequeño en el esquema general, podría ser devastador”, dijo Driskell según WWSB. “No hay ningún plan para compensar a nuestros gobiernos locales”.
Los críticos señalan que los municipios dependen del impuesto a la propiedad para financiar seguridad pública, infraestructura, parques y bibliotecas, y que una caída de ingresos los obligaría a buscar fuentes alternativas o reducir servicios.
El alcalde de Bradenton, Gene Brown, adoptó una postura más matizada. Asistió a la ceremonia y reconoció la tensión que los propios municipios enfrentan: “Algo en lo que llevo seis años insistiendo como alcalde es cómo devolvemos el dinero y aun así hacemos lo que necesitamos hacer”, dijo Brown.
