El Gobierno cambió el Presupuesto y se autorizó 78,7 billones de deuda a 90 días

El Gobierno cambió el Presupuesto y se autorizó 78,7 billones de deuda a 90 días
El Gobierno cambió el Presupuesto y se autorizó 78,7 billones de deuda a 90 días
El Poder Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026 sin pasar por el Congreso. Lo hizo con el Decreto de Necesidad y Urgencia 1391/2026, firmado el miércoles 18 de noviembre por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y publicado este jueves en el Boletín Oficial con las rúbricas de Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Presti, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. El artículo 3 incrementa en 78.700.000.000.000 de pesos el monto autorizado para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de noventa días.

Leído contra el resto del decreto, el número deja una proporción difícil de justificar. La ampliación del gasto autorizado ronda los 15,6 billones de pesos, un 10,2 por ciento respecto de los 152,47 billones que estaban vigentes, según el análisis de la planilla anexa de 564 folios que publicaron Infobae, Ámbito y Crónica. Dicho de otro modo: por cada peso de gasto nuevo, el Gobierno se habilitó cinco pesos de deuda de corto plazo, y el margen adicional equivale a más de la mitad de todo el presupuesto nacional. No es plata que se gaste: es el techo para emitir y renovar letras que vencen en menos de 90 días, la herramienta con la que el Tesoro sostiene el rollover mientras el Congreso todavía no sancionó el Presupuesto 2027.

El resultado fiscal es el otro número que el decreto mueve. Los recursos corrientes y de capital suben unos 8,1 billones, bastante menos que los 15,6 billones de gasto: la diferencia, cercana a 7,5 billones, se descuenta del superávit proyectado, que cae de 26,4 a unos 18,9 billones. El mayor refuerzo es para el PAMI, con casi 10 billones, dos tercios de toda la ampliación; detrás aparecen el Servicio de la Deuda Pública, con 3,9 billones para intereses y comisiones, y el hospital de alta complejidad Esteban Echeverría, con 0,8 billones. Al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en 33,2 billones: el cierre del año se hace usando ese colchón.

Entre los destinos que enumera el considerando aparece uno que no figura en los resúmenes oficiales: la adecuación contempla el refuerzo de los créditos para gastos en personal para atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, de inteligencia y de equipamiento. La palabra inteligencia está en el texto del decreto que amplía el endeudamiento. Además, el artículo 5 fija una suma de 543.205.555.376 de pesos para pagar deudas previsionales reconocidas en sede judicial a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.

El mismo Boletín Oficial trae la otra pata de la operación. La Resolución Conjunta 66 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, firmada por Federico Furiase y Carlos Guberman, emitió la LELINK D29E7 por hasta 4.800 millones de dólares de valor nominal para convertir la letra atada al dólar que vencía el 30 de noviembre y estirarla al 29 de enero de 2027. El canje cerró con una adhesión del 60,19 por ciento, con 481 ofertas, la más baja de los últimos tres meses: en septiembre había sido del 75 por ciento y en octubre del 72,85. El Tesoro postergó unos 4,4 billones de pesos, pero dejó sin renovar casi el 40 por ciento de una letra de la que hay cerca de 7 billones en circulación.

El artículo 4 agrega dos movimientos provinciales. Cambia el destino del aval del Tesoro a Córdoba: los 100 millones de dólares que iban a Economía Circular pasan a Infraestructura Hídrica y de Saneamiento. E incorpora un aval nuevo a Santa Fe para la defensa contra inundaciones en el departamento San Javier. Todo en un decreto que se declara de naturaleza excepcional porque la situación hace imposible seguir los trámites ordinarios que prevé la Constitución Nacional y que en el artículo 6 establece que los organismos que cambiaron su naturaleza jurídica por ley durante 2026 se financiarán con los créditos de sus jurisdicciones de origen.