El Gobierno Nacional a cargo de Javier Milei modificó este lunes los requisitos bajo los cuales una persona puede solicitar pensiones no contributivas por Invalidez Laboral, haciéndola más restrictiva. Según informaron desde el Ministerio de Salud, una serie de auditorías arrojaron fuertes irregularidades en el otorgamiento de estos programas.
La decisión se publicó hoy en el Boletín Oficial mediante el Decreto 843/2024 que cambió los requisitos para acceder a las denominadas Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, las cuales son solicitadas por quienes se hallan imposibilitados para trabajar por padecer ciertas condiciones particulares.
En los considerandos del Decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Salud, Mario Russo, se indicó que se habían “excedido” el número de pensiones, lo cual, “además de desvirtuar la esencia” del programa, “genera el efecto opuesto al pretendido, al convalidar, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad” no pueden trabajar.
El crecimiento exponencial de pensiones
Según explicó en su cuenta de X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -quien tuvo un rol activo en la reescritura de esa norma-, la cantidad de beneficiarios creció “exponencialmente” durante los gobiernos kirchneristas.
“Entre 1999 y 2003 las pensiones se mantuvieron en torno a 80.000 beneficiarios, pero entre 2004 y 2015 ese número creció un 1225%, hasta llegar a 1.060.000 pensiones. Con Macri la cifra se mantuvo estable, pero con el regreso del kirchnerismo volvieron a crecer, hasta alcanzar a 1.200.000, lo que representa el 2,6% de la población total (equivalente al 5,5% de la población económicamente activa). ¡Hay pueblos donde el 80% de la población total son beneficiarios de una PNC!”, explicó el funcionario.
El Decreto 843/24 firmado hoy por el presidente @JMilei permitirá a @andiscapacidad dirigida por @dspagnuolo_ok poner fin al abuso que los gobiernos kirchneristas promovieron en contra de los contribuyentes con la entrega irregular de pensiones por invalidez.La norma… pic.twitter.com/gdbjxgjXDB
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 23, 2024
Más allá de esos datos, el Gobierno comenzó a efectuar auditorías a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, para filtrar con detalle quienes verdaderamente cumplían con los requisitos.
La millonaria caja negra que está en investigación
Hasta el momento, estos sondeos se realizaron en dos de los distritos con mayor cantidad de pensiones otorgadas. Por un lado, se relevó a un tercio de los casi 29.000 pensionados que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A la vez, comenzaron a hacerse los primeros contactos de los 300.000 beneficiarios en la provincia de Buenos Aires.
Según información a la que tuvo acceso El Cronista, el Gobierno tomó nota de la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades. Proyectan que las irregularidades podrían configurar un presunto fraude por desvío de fondos estimado entre u$s 1200 y u$s 2000 millones al año. Actualmente, el sistema cuesta u$s 3.400 millones por año, lo que equivale al 3,5% del Presupuesto 2025.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, junto al presidente Javier Milei
¿Qué datos tienen por el momento? Según revelaron fuentes sanitarias, el informe con los resultados de la primera etapa en CABA arroja que de los 10.000 beneficiarios contactados un 67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados. “Plantea serias dudas sobre la veracidad de las declaraciones de los beneficiarios”, afirmaron.
Aun así, estos datos son preliminares y requerirán de un segundo sondeo -a través de cartas documento y correos- para determinar la veracidad de esa incapacidad. Por ahora solo se determinó que un 43% de los pensionados auditados cumple con los requisitos por los que originalmente aplicaron a esos fondos. Los demás siguen en revisión y podría haber bajar masivas.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la primera ronda de auditorías constó de 900 pensionados, una pequeña fracción de la población total a encuestar. De ellos, 180 (un 21%) no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. En tanto, el 80% restante no cumple, y un 13% carece de la documentación necesaria.
El futuro de las auditorías
En la ANDIS cuentan casos insólitos. Por ejemplo, hubo una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. También hubo dos personas a las que se les dio la pensión de modo exprés (en tan solo 13 días) y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación pese a estar cumpliendo condena firme, algo incompatible para recibir los montos.
“Aunque les parezca mentira, Alberto Fernández mediante el Decreto 566/23 había eliminado el requisito de invalidez para otorgar las pensiones … por invalidez”, tuiteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que fue parte participante de la redacción del decreto publicado hoy.
Las auditorías continuarán tanto en la CABA y PBA como en las provincias de Chaco, Jujuy y Salta, que suman alrededor de 175.000 pensiones. En tanto, los resultados serán informados a la Fiscalía que lleva la causa penal en trámite.