El Gobierno de Santa Fe presentó recientemente un informe oficial que sostiene que la provincia registra los niveles más bajos de violencia de género en los últimos 14 años. Sin embargo, la difusión de esos números abrió rápidamente un debate público, ya que distintas organizaciones sociales y observatorios especializados aseguran que los datos expuestos por la gestión provincial no reflejan completamente la realidad.
La discusión quedó planteada en términos simples pero profundos: ¿a quién creerle cuando se trata de estadísticas vinculadas a la violencia contra las mujeres?
El informe oficial del gobierno provincial
Los datos fueron presentados por el Observatorio de Seguridad Pública y elaborados en conjunto por el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad y el Ministerio Público de la Acusación.
Según el informe, durante 2025 se registraron 30 muertes violentas de mujeres en la provincia de Santa Fe. Dentro de ese total, 16 casos fueron catalogados como homicidios por razones de género, mientras que dos episodios fueron clasificados como transfemicidios.
El relevamiento también señaló que la mayoría de los casos ocurrió en el departamento Rosario, que concentró el 60 % de los hechos, mientras que el departamento La Capital reunió el 40 % restante.
En cuanto al perfil de las víctimas, el documento indica que la franja etaria más afectada se ubica entre los 20 y los 40 años. Asimismo, el informe remarca que en la mayoría de los casos existía un vínculo previo entre víctima y agresor y que los hechos se produjeron mayoritariamente dentro del domicilio.
Durante la presentación del informe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, vinculó los resultados a una disminución general de los niveles de violencia en la provincia.
Según explicó el funcionario, la reducción de homicidios y de lesiones con armas de fuego permitió visibilizar con mayor claridad otras problemáticas, entre ellas la violencia de género. En esa línea, sostuvo que las políticas implementadas por la actual gestión contribuyeron a una baja significativa de los indicadores.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, destacó que los datos presentados permiten orientar las políticas públicas y subrayó la importancia de contar con sistemas de atención permanentes, como la guardia que articula denuncias provenientes del 911 y de la línea 144.
La mirada crítica de las organizaciones
Sin embargo, la presentación del informe no cerró el debate. Desde distintas organizaciones que trabajan en el monitoreo de la violencia machista señalaron que las cifras oficiales deben analizarse con mayor profundidad.
Uno de los cuestionamientos más firmes llegó desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que difundió un documento donde pone en duda parte del diagnóstico presentado por el gobierno.
Según el observatorio de esa organización, la reducción en los asesinatos de mujeres estaría vinculada principalmente a la caída de homicidios asociados al narcotráfico y al crimen organizado, y no necesariamente a una disminución de los femicidios en el ámbito doméstico.
Desde Mumalá advierten que los femicidios íntimos o directos no registraron un descenso significativo y que, por el contrario, aumentaron las tentativas de femicidio.
El informe de la organización también plantea que el 38 % de las víctimas había realizado denuncias previas contra su agresor sin recibir medidas de protección eficaces por parte del Estado. En algunos casos, incluso existían restricciones de acercamiento o botones de alerta que no contaron con seguimiento institucional suficiente.
Además, la organización señaló que durante 2025 se registraron al menos 72 intentos de femicidio en la provincia, un dato que —según sostienen— no aparece reflejado con la misma centralidad en el informe oficial.
El debate sobre las políticas públicas
Otro de los puntos señalados por las organizaciones tiene que ver con las herramientas institucionales disponibles para abordar la problemática.
Desde Mumalá pidieron recuperar el Registro Único de Violencias contra las Mujeres (RUVIM), una base de datos prevista por la legislación nacional y provincial que fue implementada en años anteriores pero que actualmente no se encuentra activa.
Según sostienen, contar con registros estadísticos integrales es clave para comprender las dinámicas territoriales de la violencia de género y diseñar políticas de prevención más eficaces.
También plantearon la necesidad de fortalecer el área estatal encargada de coordinar las políticas de género, dotándola de mayor jerarquía institucional y presupuesto.
Un debate que excede los números
Más allá de las diferencias metodológicas entre los informes oficiales y los relevamientos de organizaciones sociales, lo cierto es que el debate vuelve a poner en primer plano una problemática estructural.
Las estadísticas sobre violencia de género no solo describen una realidad social compleja, sino que también condicionan las decisiones de política pública y la asignación de recursos.
Por eso, cada vez que aparecen números que parecen mostrar mejoras importantes, surge inevitablemente una pregunta: si los datos son alentadores, ¿significa que el problema está retrocediendo o que todavía hay dimensiones que no se están midiendo de la misma manera?
En Santa Fe, esa discusión acaba de reabrirse con fuerza. Y mientras el gobierno sostiene que los indicadores muestran una baja histórica, organizaciones sociales advierten que la realidad sigue siendo mucho más compleja que lo que reflejan las estadísticas oficiales.
