El gobierno de Javier Milei dio de baja este jueves al menos diez programas sociales y culturales creados durante administraciones anteriores, como las de Alberto Fernández y Mauricio Macri. A través de 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, argumentó que estos programas “no tienen aplicación efectiva o que se superponen con otros” y que el objeto de su eliminación es “lograr una buena gestión y administración eficiente de los recursos”.
La Resolución 143/2025 -con la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez- resolvió la eliminación del “Programa de Integración y Desarrollo Humano Participar en Comunidad”, creado en septiembre del 2020 con el fin de -en aquel entonces- “responder a las demandas y necesidades locales”. Dentro de los argumentos de la medida se destacó la necesidad de alinear las funciones de Capital Humano con las del Poder Ejecutivo. Además, explicaron, esto responde a cambios en la estructura administrativa de la cartera de Pettovello.
En tanto, con la Resolución 144 se planteó que, en el marco de la emergencia administrativa, económica y financiera, se “impone la necesidad de reordenar aquellos programas, planes y proyectos cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que estos generan con su implementación en las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos”. Así, el Gobierno dejó sin efecto el “Programa Centro de Promoción de Derechos” que creó la entonces Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del exministerio de Desarrollo Social en 2017.
Además, la Resolución 146/2025 eliminó el “Programa Espacio Unzué” (creado en 2015) “que tuvo por objeto fortalecer la participación y protagonismo de la ciudadanía en prácticas culturales, artísticas, recreativas y deportivas con sustento en las políticas de derechos”; el “Programa Institucional Sarmiento” (establecido en 2017) “consistió en el fortalecimiento de la participación y protagonismo de la ciudadanía y en particular de la niñez y adolescencia en las prácticas recreativas, artísticas, lúdicas, culturales y de formación con sustento en la política de derechos”; el “Espacio Crescencia Boado de Garrigós” (2019), que “tuvo como objetivo el fortalecimiento y protagonismo de los niños y adolescentes en su inclusión al turismo social y en las prácticas deportivas, culturales y de formación con sustento en el paradigma de la protección integral”; y el “Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos” (2018), que disponía “diseñar y ejecutar lineamientos en materia de promoción de la convivencia familiar”. También se dieron de baja sus respectivos subsidios, que eran utilizados para el pago de bienes y servicios en esos espacios.
El Gobierno consideró que la erradicación de estos programas permitirá “suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población”. Esa misma resolución da de baja el “Proyecto Institucional Colonia Gutiérrez e Instituto Manuel Lucio y María Cruz Inchausti” (2015).
Por su parte, la Resolución 147/2025 suprimió las misiones de las delegaciones de Centros de Referencia, creados en 2019, “a fin de afianzar la institucionalidad en el territorio nacional”. Los argumentos son similares a los de las resoluciones anteriores, ya que menciona la emergencia administrativa, económica y financiera, el DNU 70/2023 y la Ley Bases como puntos de referencia para continuar el programa de achicamiento del Estado.
La Resolución 148/2025 quitó del Gobierno otros dos proyectos: el “Programa Construimos Ciudadanía” y el “Programa Nacional de Derecho al Juego – Jugar-”, creados en 2018 y 2020 respectivamente. Fueron dados de baja ya que “en la práctica se convirtió meramente en asistencia financiera y técnica a organismos gubernamentales”. También se sostiene que “corresponde suprimir las cargas innecesarias, eliminar normas duplicadas u obsoletas que generan una burocracia administrativa injustificada, con el objeto de modernizar el organismo para hacerlo más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población objetivo”.
Al mismo tiempo, las resoluciones 149/2025 y 150/2025 descartan el “Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Sociocomunitarias” (2002) y la “Unidad Técnica Para el Abordaje Integral de Derechos” (2018), ya que se detectó “pluralidad de entidades, áreas, programas y unidades técnicas cuyas funciones han sido repetidas y superpuestas, tornando difusa las responsabilidades y acciones de los organismos que las componen, generando un dispendio jurisdiccional innecesario en la utilización y racionalización de los recursos públicos”.
Por otro lado, las resoluciones 151/2025 y 152/2015 dieron de baja la “Comisión Coordinadora Ejecutiva del Departamento Salud Integral” (2002) y el “Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad” (2016), respectivamente. El Gobierno detectó que estas iniciativas significaban “un dispendio de recursos humanos y materiales”.
La “Línea Activar”, creada en 2023, que “tuvo como propósito el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes”, fue eliminada por la Resolución 153/2025 a raíz de un “solapamiento normativo”.
Finalmente, la Resolución 154/2025 disolvió el “Consejo Consultivo de Adolescentes” y el “Programa nacional de Derecho a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Recortes en el Estado
Desde el inicio del gobierno de Milei, se implementaron distintos recortes en el Estado, entre ellos, la eliminación de programas y desvinculaciones en el empleo público, todo con el objetivo de reducir el gasto público y así garantizar el equilibrio fiscal.
Además de reducir la cantidad de ministerios de Gabinete, se disolvieron organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Ente Nacional de Obras Hídricas y la reestructuración de lo que era la AFIP, transformada en ARCA. Por otro lado, desde diciembre del 2023 se desvincularon en total cerca de 30.000 personas del Estado.
En lo que respecta el ajuste en Capital Humano, este mes se dispuso el despido de al menos 2800 personas que prestaban funciones en distintas áreas de la cartera. Del total de echados, hay gente que estaba contratada y otra, en planta permanente. A los primeros se les dieron de baja esas contrataciones, por lo que quedaron fuera de la planta estatal el 1 de marzo. A los otros de momento se los pasó a disponibilidad de Recursos Humanos, todavía con goce de sueldo, como establece la normativa oficial.
Ya en marzo del año pasado, el ministerio de Pettovello avanzó con la cesantía de más de 3600 empleados, que fueron notificados vía mail. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fue el área más afectada por el recorte; le siguieron la Anses y la Secretaría de Trabajo.