El Gobierno nacional volvió a poner en agenda una reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, la iniciativa, que forma parte de una estrategia más amplia de reorganización institucional, enfrenta un obstáculo clave: la falta de consenso político en el Congreso.
Lejos de encontrar un camino despejado, el oficialismo choca con una realidad que se repite en cada intento de reforma estructural: los números no alcanzan. Y, en este caso, el principal límite no está solo en la oposición tradicional, sino también en los propios gobernadores aliados, que ya dejaron trascender su rechazo a la eliminación de las primarias.
Un proyecto sin mayoría asegurada
Para avanzar con una reforma electoral, el Gobierno necesita mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso: 129 diputados y 37 senadores. Hoy, está lejos de ese objetivo.
Con 95 legisladores en Diputados y 21 en el Senado, la administración de Javier Milei depende de acuerdos con bloques que responden a gobernadores, además del PRO y otros espacios provinciales. Sin ese respaldo, cualquier intento de eliminar las PASO queda en una situación de extrema fragilidad.
En este contexto, varios mandatarios provinciales comenzaron a marcar límites. Consideran que las primarias siguen siendo una herramienta clave para ordenar la oferta electoral, especialmente en escenarios fragmentados donde las internas pueden definir liderazgos y sostener volumen político frente al oficialismo nacional.
La resistencia no es menor: incluso sectores que acompañaron otras reformas impulsadas por la Casa Rosada advierten que no hay una mayoría automática para este tipo de iniciativas. Cada votación, en este esquema, se negocia desde cero.
El trasfondo político de la disputa
Detrás del debate técnico sobre el sistema electoral, aparece una discusión de fondo: el impacto político que tendría eliminar las PASO.
Mientras el oficialismo nacional evalúa que suprimir las primarias podría debilitar a sus adversarios —al dificultar la organización de candidaturas competitivas—, la mayoría de las fuerzas políticas entiende lo contrario. Las PASO, sostienen, permiten canalizar tensiones internas y evitar rupturas mayores.
En ese marco, el rechazo de los gobernadores no solo responde a una cuestión institucional, sino también a una estrategia política de cara a 2027, donde cada distrito buscará preservar sus herramientas de competencia.
Pullaro mira de cerca el escenario nacional
En paralelo a la discusión nacional, en Santa Fe el gobernador Maximiliano Pullaro sigue con atención cada movimiento en torno a la reforma electoral. No es un tema menor para la Casa Gris.
El mandatario provincial tiene en mente un objetivo claro: desacoplar el calendario electoral santafesino del nacional para minimizar riesgos políticos. En ese esquema, la existencia o no de PASO a nivel nacional puede modificar los tiempos y las estrategias locales.
Pullaro ya ha dejado trascender que su intención es adelantar lo máximo posible las elecciones provinciales. El modelo a replicar es el de los comicios constituyentes, con cierres de listas en verano y elecciones generales antes de que el escenario nacional condicione la discusión.
Sin embargo, a diferencia del Gobierno nacional, en Santa Fe no hay una decisión explícita de eliminar las PASO. Por el contrario, dentro del oficialismo provincial reconocen que las primarias siguen siendo una herramienta necesaria para ordenar las internas, tanto en el frente Unidos como en la oposición peronista.
Un tablero en movimiento
La posible eliminación de las PASO a nivel nacional abre un escenario de incertidumbre que impacta directamente en las provincias. Si el Congreso avanza con cambios, los calendarios electorales podrían reconfigurarse en todo el país.
En ese contexto, Santa Fe aparece como uno de los distritos donde la discusión se vuelve estratégica. Pullaro busca anticiparse, leer el clima político y definir un esquema que le permita sostener su posicionamiento sin quedar atrapado en la dinámica nacional.
Mientras tanto, en el Congreso, la reforma electoral sigue empantanada. Sin los votos necesarios y con los gobernadores marcando distancia, la iniciativa del Gobierno nacional enfrenta un escenario complejo.
El debate recién empieza, pero una cosa ya parece clara: sin acuerdos amplios, no habrá reforma posible. Y, en política, los números siempre terminan ordenando la realidad.
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