El Gobierno anunció que modificará la ley de Migraciones para endurecer los criterios de residencia solicitadas por inmigrantes, con el objetivo de limitar la gratuidad de la atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes en las universidades.
Así lo comunicó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque otras áreas de la Casa Rosada involucradas en la medida fueron tomadas por sorpresa frente al anuncio.
La implementación de la reforma estará a cargo de la Secretaría de Interior y de la Dirección Nacional de Migraciones, según informaron en la Casa Rosada.
El proyecto modificará los requisitos de acceso a la educación y la salud en la revisión de los criterios de residencia. También tendrá un capítulo referido a la seguridad, que apuntará a endurecer las exigencias para mantener el beneficio de permanencia frente a la comisión de eventuales delitos.
Con los cambios, entre otras cosas, se buscará endurecer las causales de rechazo de ingreso y permiso de permanencia en el país.
De todas formas, gran parte de los anuncios del Gobierno tiene una aplicación relativa, ya que afecta instituciones, como las universidades o los hospitales, donde el Poder Ejecutivo tiene un alcance limitado. Por ejemplo, por la autonomía universitaria o el control provincial de los hospitales.
“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a ser una fuente de ingresos para las casas de altos estudios, que las va a permitir financiarse. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, dijo Adorni, en su presentación en la Casa Rosada. De todos modos, la última palabra la tendrían las universidades
“En segundo lugar, vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Los organismos determinarán las condiciones para el acceso al sistema. Desde que se tomó una medida similar en Salta, bajó al 95% la atención extranjera y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto no solo implica ahorro fiscal si no también una mejor atención para nuestros ciudadanos. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos acá”, señaló el vocero de Javier Milei.
El arancelamiento de la salud para los no residentes será una decisión de cada provincia y la Nación lo podría hacer solo obligatorio en los hospitales que están bajo su órbita, por lo que la medida tendría un alcance limitado. Además del Garrahan, que la Nación comparte en un 80% con la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud financia el Hospital de Alta Complejidad de El Calafate (Santa Cruz), el Hospital Posadas (Morón), el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce (Florencio Varela), el Hospital Baldomero Sommer (General Rodríguez), el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas), el Hospital de Alta Complejidad Del Bicentenario (Esteban Echeverría), el Hospital Nacional y de Comunidad Ramón Carrillo (antes, Colonia Montes De Oca), el Hospital René Favaloro (La Matanza) y el Hospital en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte (ciudad de Buenos Aires).
Adorni completó con una tercer medida: “Vamos también a incorporar más delitos como causas para impedir el ingreso o justificar la expulsión de extranjeros del país. Si se lo atrapa cometiendo un delito o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país. Se van a quedar del otro lado de la frontera además quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan cuando hacen el trámite migratorio. Por último, se incorpora una pena de prisión en el caso de extranjeros que viole la prohibición de reingreso al país antes impuesta”.
“En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande a una nación. Luego la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho un desastre. El hecho es que, de ahora en adelante, los malandras y oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daños a los ciudadanos que residen en territorio nacional”, dijo Adorni. Y añadió: “Un viejo anhelo que tenemos muchos es que el residente argentino esté por encima del no residente en un montón de aspectos, uno es el tema académico y lo mismo en los hospitales”.
En otro tramo de la conferencia, Adorni hizo mención al “fin de la receta papel” a partir del 1° de enero de 2025. “Hoy en el Boletín Oficial se publicó la resolución para implementar la receta electrónica. Esto significa, lisa y llanamente, el fin de la recete papel y lo tedioso que era el proceso de necesitar un medicamento, tener que ir al médico para que la haga de manera presencial. Es absolutamente ridículo en el siglo XXI, con los avances de la tecnología, tener que andar con esta molestia”, sostuvo.
“Desde el 1 de enero, la receta electrónica se va a alojar en un repositorio digital al que se va poder ingresar desde cualquier punto del país. Cualquier farmacia va a tener a disposición las recetas almacenadas. Por supuesto, solo va a poder acceder a las recetas que el paciente necesite en ese momento para adquirir su medicamento. Esto además garantiza la transparencia, se eliminan irregularidades y termina con el negocio de las recetas apócrifas”, explicó.
También ratificó la presencia del presidente Milei en el Foro de Davos -se desarrollaría entre el 15 y el 19 de enero- y no descartó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar proyectos tales como la reforma electoral o la privatización de Aerolíneas Argentinas. “Si bien no hay nada definido, entendemos que en enero no va a haber extraordinarias. Pero en el caso de que si las haya, en breve habrá noticias”, dijo, sin dar precisiones.