El Gobierno reimpulsa su ambicioso proyecto de reforma electoral y, con ello, ataca varios frentes en simultáneo: ratifica su intención de polarizar con el kirchnerismo, martiriza a sus aliados de Pro y la UCR y mueve las primeras piezas para inclinar a su favor el tablero electoral en 2025. Los libertarios disfrutan de este banquete de fin de año sin culpa: argumentan que es otra herramienta para que “el ajuste lo haga la política” a través de la reducción del gasto electoral.
Los dos proyectos de ley fueron enviados a la Cámara de Diputados el jueves. Uno propone eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar el sistema de financiamiento de los partidos políticos al reducir significativamente el aporte estatal y no delimitar un tope al aporte privado. El otro condiciona la supervivencia de los partidos chicos y apunta a matar a los “sellos de goma”, partidos con poca representación que hacen negocios al prestar su existencia formal. Es paradójico: fue a través de éstos con los que Javier Milei logró armar el frente electoral con el que llegó a la presidencia. La iniciativa endurece las condiciones para el reconocimiento jurídico de los partidos, moderniza el procedimiento de afiliación y aumenta los requisitos para que obtengan estatus nacional.
La jugada tiene el sello del asesor presidencial Santiago Caputo, artesano de la estrategia política, discursiva y electoral de La Libertad Avanza (LLA). Se materializa en un momento en el que la tensión entre el Gobierno y sus aliados de Pro y UCR pareciera no tener techo. Los diez gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio ruegan que la Casa Rosada se siente a negociar con ellos el presupuesto 2025, pero el Poder Ejecutivo los ignora. Dio por terminada la discusión cuando los mandatarios provinciales amenazaron con presentar un dictamen propio si el Gobierno no aceptaba incluir sus cinco exigencias. “Es látigo o látigo”, escenifica un diputado radical su vínculo con el oficialismo.
La renovada intención de los libertarios de impulsar su reforma electoral complejiza los lazos con sus frenemies parlamentarios. De hecho, es leída como una provocación. Tanto Pro como la UCR están atravesados por internas y necesitan de las PASO para dirimir sus diferencias el próximo año. Ninguno de estos bloques, en general, está de acuerdo con suprimir las primarias. De hecho, el macrismo tiene un proyecto de María Eugenia Vidal que propone reformularlas y quitarles la obligatoriedad. Es decir, convertirlas en PAS.
Es probable que el Gobierno vuelva a fracturar a sus aliados con esta propuesta. Los cinco “radicales con peluca” que se fotografiaron con Milei están de acuerdo con cualquier reforma que achique los costos del Estado, lo mismo que los bullrichistas que permanecen en el bloque que conduce Cristian Ritondo, quienes adelantaron a este medio que “están evaluando” las iniciativas. Silvana Giudici, una de las diputadas cercanas a la ministra de Seguridad cuenta con una iniciativa de modificación de los procesos electorales donde, entre otras cosas, propone derogar las PASO.
El oficialismo no se privó de señalar las contradicciones del expresidente. El mismo día en que presentó la reforma electoral difundió un video de 2016 donde Mauricio Macri, acompañado por su exministro del Interior y actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresaba su apoyo a la supresión de las primarias. Desde el poder, ordenador, todos los Gobiernos se ven tentados a seguir desmenuzando a la oposición. El calabrés no fue la excepción.
En la UCR cada uno mira su juego. Las conveniencias en los pagos chicos son eclipsadas por la sombra de Martín Lousteau, el mandamás del Comité Nacional, enemistado con casi todos los mandatarios provinciales que podrían sacar ventaja de esta reforma.
Los peronistas se frotan las manos. Aceptan la invitación del Gobierno de polarizar entre sí y miran el caos de los ex Juntos por el Cambio. Su feroz pragmatismo los alivia. Cristina Kirchner se quedó con la jefatura del Partido Justicialista (PJ) y, así, con el poder de definir las listas de la próxima elección a nivel nacional. Su ahora enemigo bonaerense, Axel Kicillof, respira gracias a la implementación de la boleta única papel (BUP) para las candidaturas federales: le dará margen para controlar su territorio sin el arrastre del partido nacional mientras se asegura disciplina con la papeleta partidaria.
Sergio Massa juega en el medio: uno de sus diputados en la provincia de Buenos Aires, Héctor Eslaiman, presentó un proyecto para suspender -no derogar- las PASO en las próximas elecciones bonaerenses. Al gobernador le sirve para evitar que se le cuelen listas adversas. La exvicepresidenta lo utilizará en favor de sus intendentes -el peronismo retiene 85 de 135 municipios y 12 están en manos de La Cámpora- y como una prueba piloto para medir su conveniencia combinado con la BUP. Se prepara para ubicar a un leal al frente de la provincia en 2027.
La propuesta de Eslaiman en la provincia fue festejada por los libertarios, que ven en esta movida un gesto en favor de su proyecto nacional. Massa apoya la eliminación de las PASO desde el 2013. Las considera un gasto caro que no cumple su objetivo de dirimir internas. De hecho, en 2022 impulsó esta misma reforma a través de los gobernadores peronistas, pero la propuesta no llegó ni a votarse en la Cámara de Diputados ante la falta de consenso dentro del oficialismo. Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, algo que fue leído como un movimiento calculado para no tensar la interna del Frente de Todos ni exponerse políticamente con un tema que ella misma impulsó en 2009.
El Gobierno busca la complicidad de la exvicepresidenta. Dejó que se frustrara la sesión destinada a avanzar con el proyecto de “ficha limpia”, una iniciativa que genera preocupación en el kirchnerismo tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Es probable que esta semana, cuando el Pro retome el intento, el oficialismo tampoco se desespere por reunir el quórum. “A Cristina hay que ganarle en las urnas, no en la Justicia. Mirá lo que pasó con Lula”, señaló a este medio un referente de LLA en relación con la vuelta al poder del presidente brasileño tras haber sido encarcelado.
En otra señal de acercamiento, el Poder Ejecutivo incorporó al texto que busca reformar la ley orgánica de los partidos políticos un pedido concreto de la jefa del PJ: la afiliación digital. Fue en la sede del sindicato de metalúrgicos (Smata), donde la exvicepresidenta reunió a parte de la dirigencia justicialista, un día de que la Cámara de Casación decida sobre su situación judicial. Allí enfatizó su intención de trabajar en la apertura del partido y habló de la necesidad de modernizar la forma de afiliación. De hecho, hay diputados de Unión por la Patria (UP) que trabajan una iniciativa en este sentido.
Sin respaldo de la UCR y el PRO, el oficialismo deberá sumar aliados dentro de UP para derogar las PASO. Lo cierto es que, incluso perdiendo esta discusión, el oficialismo gana. “Es un debate muy cómodo para nosotros”, subraya un diputado libertario, que disfruta el deleite de tener el control.