El Ministerio de Cultura está a punto de dejar al Perú con un santuario menos: Yavarí Mirim se retrotrae tras 20 años de espera

La Reserva Indígena Yavarí Mirim está situada en la frontera entre Perú y Brasil, en la región de Loreto. Su categorización es clave para evitar la invasión de actividades extractivas y garantizar la supervivencia de estos pueblos. Foto referencial: Thomas Müller / SPDA

La Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en la frontera Perú-Brasil, está atravesando el momento más crítico de su existencia debido a la suspensión de la Comisión Multisectorial encargada de definir su protección. Según información a la que accedió Infobae Perú, esta demora arriesga la integridad del territorio y la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento que habitan la zona, como los Remo (Isconahua), Marubo y Matsés, entre otros. La falta de acción por parte del Ministerio de Cultura y la oposición de otros sectores del Estado han generado un escenario de incertidumbre que podría facilitar la invasión de actividades ilegales en el área.

De acuerdo con la Ley 28736, conocida como la Ley para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), la creación de una reserva indígena requiere un proceso en varias etapas. Este comienza con una solicitud formal, que puede ser presentada por organizaciones indígenas, comunidades nativas o incluso por el propio Ministerio de Cultura. En el caso de Yavarí Mirim, la solicitud fue presentada en 2003 por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), marcando el inicio de un largo camino burocrático que, hasta la fecha, no ha concluido.

El caso de Yavarí Mirim es un recordatorio de la importancia de cumplir con los compromisos legales e internacionales en favor de los pueblos indígenas y la conservación de la Amazonía.

Un proceso marcado por demoras y obstáculos

Si usted se siente invisible para el Estado peruano, imagínese si fuera no contactado. El procedimiento para establecer Yavarí Mirim ha estado plagado de retrasos. Tras la presentación de la solicitud, el Ministerio de Cultura emitió en 2018 el Decreto Supremo N.º 002-2018-MC, que reconoció oficialmente la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento en la zona. Sin embargo, el siguiente paso, que consiste en la elaboración de un estudio adicional de categorización para definir el área exacta de la reserva, se ha extendido mucho más allá de los plazos legales. Pasó de seis meses a seis años.

El estudio adicional de categorización es crucial, ya que delimita el polígono que será declarado como territorio intangible. Este estatus busca garantizar que los pueblos indígenas puedan vivir en aislamiento, libres de amenazas externas como el narcotráfico, la tala ilegal y las actividades extractivas de hidrocarburos. Sin embargo, la falta de avances en la Comisión Multisectorial, compuesta por 13 sectores del Estado, ha dejado a la reserva en un limbo administrativo.

Ministro Fabricio Valencia. La decisión que tome el Ministerio de Cultura en los próximos días será crucial para determinar el futuro de esta reserva y de los pueblos que dependen de ella para su supervivencia. El lunes tienen reunión con las organizaciones indígenas. Créditos: Gobierno del Perú

Vamos para adelante con los tractores

Uno de los principales obstáculos para la creación de la reserva ha sido la oposición de sectores clave del Estado. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha votado históricamente en contra de las reservas indígenas, argumentando que estas áreas representan una pérdida de oportunidades económicas para la región.

Algo similar sucedió en 2024 con la Solicitud de Reserva Indígena Atacuari (SRIA), ubicada en las provincias de Mariscal Ramón Castilla y Putumayo, en la región Loreto. Defensa e Interior se sumaron al Minem y Ambiente optó por abstenerse, una decisión que fue cuestionada por su compromiso con la conservación de la Amazonía.

La situación se agrava por las acciones del Gobierno Regional de Loreto, que también ha manifestado su rechazo a la creación de la reserva. Las autoridades han argumentado que no existen PIACI en la zona y han promovido la idea de otorgar concesiones forestales y áreas promocionales para hidrocarburos en el territorio en disputa. Estas concesiones, sin embargo, violarían la ley forestal, que prohíbe tales actividades en áreas en trámite para ser declaradas reservas indígenas.

Juan Carlos Castro, el destrabador. A diferencia de su par de Cultura, el ministro del Ambiente tiene una posición más clara: ha prometido destrabar más de US$20.000 millones en inversiones en el Perú. El problema es a costa de qué. Créditos: Gobierno del Perú

El futuro de Yavarí Mirim pende de un hilo

A pesar de la oposición, los estudios realizados hasta ahora han recopilado pruebas contundentes de la presencia de PIACI en Yavarí Mirim. Los investigadores han utilizado métodos indirectos para evitar el contacto con estas comunidades, respetando su derecho a la autodeterminación. Entre las evidencias recogidas se encuentran imágenes aéreas, mapeos satelitales y testimonios de comuneros locales que han reportado encuentros fugaces.

Estas interacciones suelen ser breves y fortuitas, ya que las comunidades en aislamiento evitan el contacto con el mundo exterior debido a experiencias previas de violencia y explotación.

Los testimonios, que incluyen declaraciones juradas de comuneros, describen avistamientos de personas en aislamiento, huellas en el suelo y ramas dobladas a la altura de la cadera, entre otros indicios. Estas pruebas han sido fundamentales para justificar la necesidad de proteger el territorio, pero no han sido suficientes para superar las barreras políticas y administrativas que retrasan la creación de la reserva indígena.

Los PIACI en el Perú. La demora en la creación de la reserva Yavarí Mirim y la suspensión de la Comisión Multisectorial tienen consecuencias directas sobre el territorio y sus habitantes.

PIACI: de no contactados a invisibles por el Congreso

La suspensión de la Comisión Multisectorial representa una amenaza directa para la continuidad del proceso de creación de la reserva, Según organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), esta pausa podría abrir la puerta a nuevas invasiones y concesiones ilegales en el área, poniendo en peligro la vida de los pueblos indígenas en aislamiento.

De la misma manera, la demora en la convocatoria de la comisión aumenta la probabilidad de que sectores opuestos a la creación de la reserva ganen terreno en el debate.

El antecedente más preocupante ocurrió en 2022, cuando se intentó modificar la Ley PIACI en Loreto para revisar todas las reservas indígenas en trámite o ya creadas. Esta iniciativa, liderada por el entonces congresista Jorge Morante de Fuerza Popular, buscaba eliminar las reservas bajo el argumento de que los pueblos en aislamiento no existen. Aunque la propuesta no prosperó, refleja la fragilidad del marco legal que protege a estas comunidades.

La situación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim pone de manifiesto las tensiones entre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y los intereses económicos en la Amazonía. La falta de voluntad política y los conflictos de intereses dentro del Estado han retrasado un proceso que debería ser prioritario para garantizar la supervivencia de estas comunidades vulnerables. Mientras tanto, el territorio sigue expuesto a actividades ilegales que amenazan no solo a los pueblos en aislamiento, sino también a la biodiversidad de una de las regiones más importantes del planeta.