
La fiscal general se mostró “defraudada institucionalmente” por el exfuncionario acusado de desviar $425 millones de cuentas judiciales para saldar deudas de juego, pero remarcó que la investigación surgió del propio organismo y que hay más de 200 fiscales que trabajan responsablemente. “No nos tiembla el pulso ni la mano”, insistió
