El origen del terror: las granadas del sicario, los robos en la Fábrica Militar y la impunidad del juez Bailaque

La detención del sicario rosarino de 25 años el pasado fin de semana en Fray Luis Beltrán no solo evitó una masacre, sino que destapó la caja de Pandora de la connivencia entre el crimen organizado, la desidia estatal y la corrupción judicial. El delincuente, que huía tras incendiar el auto utilizado en el brutal doble homicidio de San Lorenzo, llevaba en su bolso un arma de terrorismo urbano: dos granadas de mano FMK-2.

El poder de fuego de uno solo de estos artefactos de uso exclusivo de las fuerzas armadas es devastador. La FMK-2 está diseñada para fragmentarse en cientos de esquirlas de acero al momento de la detonación, generando un radio letal que no discrimina objetivos. Si el sicario hubiese cumplido su amenaza de arrojar la granada para evitar ser detenido, el daño colateral en plena calle de Fray Luis Beltrán habría provocado una carnicería entre vecinos y policías.

Sin embargo, el espanto no termina en la letalidad del explosivo, sino en su origen. Las granadas FMK-2 que portaba el sicario fueron fabricadas a pocas cuadras de allí, en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán. El hallazgo es el síntoma de una enfermedad estructural: las armas que el Estado produce para la defensa de la Nación terminan en manos de los sicarios que asesinan a sus ciudadanos.

El colador kirchnerista y la complicidad del juez Bailaque

El desvío de armamento y municiones desde el predio de Fabricaciones Militares en Beltrán no es una novedad, sino el resultado de un saqueo sistemático. Durante las gestiones del kirchnerismo, el predio castrense funcionó como un verdadero colador logístico para el hampa. Faltantes millonarios de municiones de 9 milímetros (el calibre preferido de los sicarios), explosivos y armamento pesado desaparecieron de los polvorines sin dejar rastro burocrático.

Pero el saqueo no se explica sin la garantía de la impunidad judicial. Y es aquí donde emerge la oscura figura de Marcelo Bailaque, el ex juez federal de Rosario que hoy se encuentra tras las rejas.

Durante años, Bailaque tuvo en su despacho una de las causas más graves y escandalosas de la historia de la Fábrica Militar: la aparición de fusiles automáticos FAL y armamento pesado robado de Fray Luis Beltrán en manos de las facciones narcos que dominan las favelas de Brasil. A pesar de la gravedad institucional y de las pruebas del contrabando internacional de armas, el magistrado congeló el expediente y nunca investigó a fondo las responsabilidades políticas y jerárquicas del desfalco.

Hoy, el silencio del ex juez se entiende a la perfección. Bailaque se encuentra detenido en un penal federal, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a extorsionar empresarios y, el dato más aberrante, de compartir el mismo contador público con el principal jefe narco de Rosario, Esteban Alvarado.

El magistrado que debía investigar cómo los narcos se armaban con el arsenal de la Fábrica Militar, era el mismo que compartía la estructura de lavado de activos con las mafias que regaban de sangre la región.

Las dos granadas FMK-2 incautadas en Beltrán cierran un círculo perfecto y letal. Detrás del gatillero de 25 años que huye por las vías del tren, hay un Estado que fabricó el explosivo, una gestión política que permitió que se lo robaran, y un juez federal corrupto que miró para otro lado a cambio de los dólares manchados con sangre del narcotráfico.

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