La discusión por el fideicomiso que impulsa el gobierno de Maximiliano Pullaro para financiar el mantenimiento y mejora de rutas y accesos a los puertos del Gran Rosario volvió a sumar un nuevo capítulo de tensión política y económica en la provincia de Santa Fe.
En las últimas horas, la Sociedad Rural de Rosario difundió un duro documento donde expresó su “total rechazo” a la creación de un nuevo fideicomiso financiado mediante un cargo aplicado al transporte de cargas hacia las terminales portuarias.
La posición de la entidad rural se suma a otros cuestionamientos realizados por empresarios, productores y distintas instituciones vinculadas al sector agropecuario que consideran que la propuesta representa “otra carga tributaria” sobre la producción santafesina.
Pero además, el conflicto volvió a exponer otro fenómeno que empieza a repetirse en distintos debates provinciales: sectores que manifiestan posiciones críticas o cuestionamientos a medidas del Ejecutivo rápidamente son ubicados por funcionarios oficialistas dentro del campo opositor o vinculados políticamente al universo libertario.
El nuevo foco de conflicto
El fideicomiso vial es una herramienta que el gobierno provincial viene negociando junto a municipios portuarios y actores del sector privado para financiar el mantenimiento de rutas y accesos estratégicos utilizados por el complejo agroexportador.
La idea central es crear un fondo específico sostenido mediante un cargo aproximado de 1,5 dólares por tonelada transportada hacia los puertos del Gran Rosario.
Desde la Casa Gris sostienen que la provincia debió asumir prácticamente sola el sostenimiento de gran parte de la infraestructura vial luego del retiro del Gobierno nacional de la obra pública y del mantenimiento de rutas nacionales.
Según explican funcionarios provinciales, el crecimiento del tránsito pesado y el deterioro acelerado de corredores estratégicos obligan a encontrar mecanismos permanentes de financiamiento.
El rechazo de la Rural
Sin embargo, la Sociedad Rural de Rosario rechazó de plano la iniciativa.
En el documento difundido públicamente, la entidad sostuvo que “una vez más se pretende cargar con más impuestos al sector primario de la producción”.
Además, cuestionó que frente a cada problema de infraestructura “la salida vuelva a ser trasladar el costo al productor”, sin discutir previamente el destino de los recursos ya existentes o el nivel de gasto político.
“Nunca se discute qué pasó con los recursos históricamente creados para infraestructura ni por qué la política sigue sosteniendo estructuras millonarias mientras las rutas continúan colapsadas”, señalaron desde la entidad.
La presión tributaria en el centro del debate
Uno de los ejes más fuertes del documento estuvo vinculado al nivel de presión fiscal que soporta actualmente el sector agropecuario.
La Rural recordó que solamente en concepto de derechos de exportación la soja tributa actualmente un 24%, lo que equivale a aproximadamente 103 dólares por tonelada.
A eso se suman impuestos al combustible, tasas municipales portuarias y futuros costos vinculados al nuevo esquema de la Hidrovía.
Según detalló la entidad, el agro consume aproximadamente 2.300 millones de litros de gasoil al año, aportando alrededor de 156 millones de dólares al sistema vial nacional a través del impuesto a los combustibles líquidos.
Por eso, el sector considera que el nuevo fideicomiso representa “otra retención encubierta” que termina reduciendo competitividad y rentabilidad productiva.
El gobierno endureció la respuesta
Pero el dato político más fuerte apareció después del comunicado.
Desde el gobierno provincial salieron rápidamente a cruzar a la Sociedad Rural de Rosario y dejaron trascender que detrás del rechazo existiría una “manifestación política” vinculada a sectores de Javier Milei y La Libertad Avanza.
En la Casa Gris incluso recordaron que algunos dirigentes de la entidad rural participaron como candidatos libertarios en las últimas elecciones.
La reacción oficial volvió a abrir una discusión que empieza a repetirse en distintos temas provinciales: cada vez que instituciones, entidades o ciudadanos cuestionan decisiones del Ejecutivo, desde algunos sectores del oficialismo rápidamente se los ubica dentro de la oposición política o alineados con Milei.
Un clima que empieza a tensarse
La situación ya se vio en otros debates recientes vinculados a reforma electoral, endeudamiento provincial, obra pública o aumentos impositivos.
En distintos sectores sociales y productivos empieza a crecer la percepción de que cualquier postura crítica es leída automáticamente como una confrontación política con el gobierno provincial.
Y eso genera ruido incluso entre actores históricamente cercanos a Unidos o al radicalismo santafesino.
En el caso puntual del campo, el malestar se profundiza porque muchos productores entienden que la provincia viene incrementando la presión fiscal en distintos niveles.
En paralelo al debate por el fideicomiso, también crecieron los cuestionamientos por el aumento del impuesto inmobiliario rural y por subas de tasas comunales y municipales en localidades del interior provincial.
El debate de fondo
Más allá de la discusión puntual sobre una tasa o un fideicomiso, el conflicto empieza a revelar algo más profundo.
Por un lado, un gobierno provincial que necesita recursos para sostener infraestructura estratégica en un contexto de retiro del Estado nacional.
Por el otro, sectores productivos que sienten que cada nuevo problema termina resolviéndose con más cargas sobre quienes producen.
Y en el medio, una discusión política cada vez más tensa donde las diferencias de opinión empiezan a transformarse rápidamente en alineamientos partidarios.
Por eso, el debate ya dejó de ser solamente económico o técnico.
Lo que empieza a ponerse en juego también es cómo se procesa políticamente el disenso en Santa Fe y hasta dónde el oficialismo está dispuesto a convivir con voces críticas sin colocarlas automáticamente en la vereda opositora.
