“Vamos a presentar los presupuestos”. Hasta hace poco, esa era la consigna marcada por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Esa intención, que además es una obligación fijada en la Constitución, se desvanece a medida que se estrecha el margen temporal por la falta de acuerdo entre PSOE y Junts sobre la cesión de competencias migratorias a Cataluña.
Fuentes de Ferraz aseguran que la carpeta de los presupuestos continúa a la espera de que ambos partidos alcancen una salida en materia de inmigración, un asunto enquistado por la pretensión de Junts de que los Mossos d’Esquadra gestionen el control de fronteras terrestres y marítimas, entre otras cesiones. “Todavía no”, esgrimen voces de la dirección federal sobre la pausa en las conversaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
Ante la complejidad de sellar un pacto con los independentistas, cuya relación no ha pasado por su mejor momento en el último mes, desde Moncloa y Ferraz llevan semanas rescatando el discurso esgrimido en 2024, cuando Sánchez renunció a presentar unas cuentas públicas y prorrogar las de 2023 por el adelanto electoral en Cataluña. Es decir, restan importancia al hecho de que el Gobierno continúe el mandato con los presupuestos prorrogados por segundo año consecutivo.
En este contexto, fuentes de Ferraz insisten en que el “objetivo es presentarlos, pero el compromiso es negociarlos”, una afirmación que dista de lo señalado anteriormente y que desdice al propio presidente del Gobierno, que se comprometió a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a principios de 2025. Eso sí, pospuso las negociaciones al fin de los procesos congresuales de Junts y ERC para revalidar los liderazgos de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, al frente de sus organizaciones.
Tanto él como otros representantes del Gobierno se reafirmaron en esta idea por dos razones. Primero, porque es la obligación del Gobierno: la Constitución dice en su artículo 134.3 que el Ejecutivo “deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Y, en segundo lugar, por la necesidad de “presentar unas cuentas acordes con la propia coyuntura económica”, como subrayó la ministra portavoz, Pilar Alegría, a finales de agosto. “Somos conscientes de cuáles son nuestras tareas y nuestra responsabilidad”, añadió.
Lo cierto es que, hasta hace poco, en el Gobierno mantenían esta apuesta, incluso a pesar de las grandes dudas sobre si cosecharía los apoyos necesarios para que salgan adelante. Pero a medida que se acerca el plazo fijado para presentar un nuevo proyecto presupuestario (primer trimestre del año), los socialistas, aunque no renuncian a hacerlo, vuelven a pegar otra patada hacia adelante.
Ante la discreción mantenida por el PSOE sobre las negociaciones con Junts, los de Carles Puigdemont no pierden la oportunidad para marcar el camino. Así, tras la tregua de la semana pasada por el acuerdo in extremis para aprobar un nuevo decreto ómnibus, los independentistas volvieron a la carga este lunes y fijaron un plazo de “un mes o mes y medio” para que Sánchez empiece a cumplir los “acuerdos pendientes”. En el marco de estas exigencias se encuentran la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el traspaso “integral” de competencias en inmigración y una “amnistía política”, es decir, que se reconozca a Carles Puigdemont como interlocutor.
En lo relativo a la cesión de las competencias migratorias, Junts se escuda en el artículo 150.2 de la Carta Magna para justificar su exigencia del traspaso integral. Este precepto dice que “el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.
No obstante, en Ferraz no tienen prisa y descartan poner límites temporales a la negociación. Aunque los socialistas rehúsan pronunciarse sobre las peticiones de Junts en esta materia y no hablan de sus líneas rojas en público, en privado subrayan la condición de cumplir con la Constitución de manera escrupulosa. En este sentido, tal como dicta el artículo 149.1.2 de la Carta Magna, la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado.
Mientras el PSOE y Junts buscan fórmulas para desatascar esta cuestión, en el PSOE no solo restan hierro al escenario de que finalmente no consigan aprobar unas nuevas cuentas públicas, sino que además allanan el camino para justificar la posibilidad de que Sánchez vuelva a obviar esta responsabilidad.