La Policía de la Provincia de Santa Fe atraviesa una crisis institucional profunda y silenciosa, que no se expresa en conferencias de prensa ni en partes oficiales, pero que se multiplica todos los días en los pasillos, en los móviles y en las jefaturas: cada vez más efectivos solicitan la “baja voluntaria”, agotados por salarios que no alcanzan, malos tratos, falta de respaldo político, condiciones de trabajo precarias y un sistema administrativo que —en lugar de cuidar— parece empujar al personal al límite.

Mientras tanto, el gobierno provincial sostiene un relato de gestión basado en números “alentadores” y mejoras en prevención y control del delito. Sin embargo, en la calle la realidad es más áspera y dentro de la institución se acumula un dato incontrastable: sus propios policías se van.

Lo que hoy sucede no se explica por un caso aislado, sino por un fenómeno que combina desgaste, abandono interno y una crisis de conducción, en una provincia donde la seguridad es el tema principal del debate público y Rosario continúa siendo el territorio más exigente y hostil para cualquier fuerza de seguridad.

“Baja voluntaria”: una salida administrativa para un problema humano

La expresión suena prolija, casi neutra: baja voluntaria. Pero en la práctica, para muchos policías, es la forma final de decir lo que no pudieron decir adentro.

En la fuerza, cada renuncia deja dos huellas: la del agente que se va, casi siempre con una mezcla de angustia, bronca y alivio; y la de los que se quedan, que ven cómo la institución pierde recursos humanos en el peor momento.

Lo que se repite en testimonios internos y mensajes que circulan en redes es un mismo patrón: salarios magros, recargos permanentes, falta de equipamiento, presión psicológica y un elemento determinante: la sensación de soledad institucional.

Los efectivos describen una cadena de desgaste que empieza en el servicio y continúa puertas adentro: cuando aparecen problemas personales, familiares, de salud mental o de cuidado, el sistema responde con formularios, demoras y negativas. La maquinaria no escucha. Y cuando escucha, llega tarde.

Un dato político: el gobierno muestra números, pero la fuerza muestra renuncias

La paradoja es central y golpea el corazón de la gestión: mientras se exhiben estadísticas oficiales de mejora, se profundiza un fenómeno que cualquier conducción debería considerar una alarma roja.

Porque no hay política de seguridad posible si la fuerza se vacía, si la vocación se quiebra y si el personal activo empieza a percibir que el costo de ser policía es demasiado alto para la recompensa material y humana que recibe.

En otras palabras: el relato habla de control, pero la institución evidencia deserción.

Y esa contradicción se vuelve más grave cuando se observa la transformación social del reclutamiento: los jóvenes del sur provincial, particularmente Rosario, ya no quieren entrar. En muchos barrios, la policía dejó de ser horizonte aspiracional y pasó a ser riesgo, exposición, estrés y bajo salario.

Entonces ocurre un fenómeno conocido por la propia institución: la fuerza se nutre crecientemente de pibes del norte santafesino, para quienes la carrera policial funciona como salida laboral concreta. Pero el sistema mantiene una lógica histórica —y actualmente explosiva—: una vez formados y egresados, son trasladados a Rosario, “la ciudad de la furia”, como destino casi inevitable.

Entonces el problema no es solo salarial. Es estructural. Y tiene nombre: desarraigo.

El modelo actual forma personal en el norte, en institutos regionales, con expectativas de servicio local o cercanía. Pero luego los envía al sur, a una ciudad atravesada por una violencia singular y con un grado de tensión cotidiana que no se compara con ninguna otra zona provincial.

Eso produce: traslados traumáticos, ruptura del vínculo familiar, logística inhumana (viajes eternos), agotamiento físico, y un impacto psicológico creciente.

La institución lo sabe. El poder político también. Pero el esquema se sostiene por necesidad operativa: Rosario “absorbe” recursos humanos como un agujero negro.

Ese mecanismo podría ser justificable si existieran políticas reales de cuidado, incentivos, salarios acordes y acompañamiento. Pero sucede lo contrario: el mensaje para muchos efectivos jóvenes termina siendo demoledor.

La carta pública de Tatiana Alderete: cuando renunciar es pedir ayuda

En las últimas horas, una historia rompió el silencio y se volvió viral. La agente Tatiana Alderete publicó una carta pública en redes donde anunció su renuncia tras diez años de servicio.

Su testimonio condensa el drama de época: renuncia alguien que no dejó de amar el uniforme, pero que se va porque siente que la institución se volvió inhabitable.

En su relato aparece todo lo que se repite en la crisis policial: burocracia institucional, falta de escucha jerárquica, injusticias, privilegios para “amigos o parientes”, destrato interno, y, sobre todo, un grito entre líneas que estremece: el vínculo entre desgaste y salud mental.

Alderete lo dice sin metáforas: la institución no lee expedientes, no atiende situaciones particulares y empuja a muchos al límite. La renuncia, en su caso, aparece como límite vital.

El punto más fuerte de su carta no es la renuncia: es el contexto.

Cuando una agente escribe que no quiere “ser un número más”, que su bienestar físico y mental está por encima, y que hay compañeros que terminan con su vida, la discusión deja de ser laboral. Se convierte en un problema institucional y político, en el sentido más crudo del término.

El antecedente del norte: una policía que eligió a su familia y fue castigada por el sistema

El caso Alderete no es el primero. La fuerza viene acumulando historias similares, especialmente de efectivos del norte provincial, donde el componente familiar y el cuidado chocan frontalmente con la lógica rígida del destino operativo.

En más de un caso, policías que solicitaron traslados o adecuaciones por razones humanitarias (hijos, salud, cuidado familiar) encontraron respuestas frías y un concepto que se repite como pared administrativa: “no se puede”, “solo por permuta”, “falta personal”.

El mensaje institucional es brutal: tu familia queda después del servicio. Y cuando alguien decide invertir el orden (familia primero), termina pagando un precio: licencia interminable, sanciones informales, presión psicológica o salida obligada.

Ese tipo de rigidez no fortalece una fuerza. La rompe.

Rocío Aguilar y el límite humano: “No vuelvo más a Rosario”

En esa misma línea se instala otra historia que expuso el costo humano del sistema: la suboficial Rocío Aguilar, oriunda de Reconquista y destinada en Rosario, que decidió entregar arma y chaleco tras no lograr su traslado.

Su situación es particularmente sensible: una hija de 12 años que sufrió intento de suicidio tras bullying, otro hijo con diagnóstico de autismo y TDAH, y dos elementos que retratan el desamparo: la distancia Reconquista–Rosario (casi 500 km, 8 a 10 horas), incompatible con crianza y cuidado; un régimen de servicio que vuelve inviable la vida familiar.

La frase que sintetiza todo es política e institucional: “La Policía no me va a devolver a mi hija”.

Y otra sentencia que ya quedó instalada como símbolo: “No vuelvo a Rosario”.

La lectura es directa: el sistema no está preparado para comprender que un policía es también una persona, y que sin cuidado no hay rendimiento operativo, ni estabilidad emocional, ni vocación duradera.

Una institución quebrada por dentro

Este conjunto de casos revela un problema de conducción que va mucho más allá de una coyuntura salarial.

La crisis policial santafesina hoy tiene varios ejes simultáneos:

1) Salarios y pérdida de autoridad del Estado como empleador: Un policía que no llega a fin de mes no sólo se frustra: también se vuelve vulnerable, se desmotiva, se enferma o se va.

2) Maltrato y cultura institucional rígida: La jerarquía se volvió muchas veces sinónimo de destrato, y la vía administrativa funciona como castigo.

3) Ausencia de respaldo político real: Se exige resultados, se exponen estadísticas, pero puertas adentro el personal percibe que está solo cuando aparecen problemas.

4) Rosario como destino obligatorio y desgaste extremo: La ciudad absorbe recursos como zona de guerra. Y sin políticas de incentivo, se convierte en expulsión.

5) Salud mental: protocolos reactivos, prevención ausente: Se actúa cuando el agente estalla. No antes.

Lo que viene: una crisis que puede volverse irreversible

La provincia está ante un dilema que se parece demasiado a una bomba de tiempo: exhibir cifras o reconstruir la fuerza.

Porque si el personal sigue renunciando, si el desarraigo sigue funcionando como método, si la docencia policial se vacía y si Rosario sigue siendo una obligación sin incentivos, el sistema entra en su fase más peligrosa: la de la decadencia estructural.

Y entonces ya no será un problema de estadísticas o discursos: será un problema de capacidad real del Estado para sostener el orden público.

La seguridad no la garantizan maquetas ni relatos. La garantiza una fuerza con salario digno, respaldo real, cuidado humano y conducción institucional.

Hoy, la Policía de Santa Fe está perdiendo eso. Y cuando una institución pierde a su gente, pierde el futuro.