La votación se resolvió poco antes de la 1 de la madrugada, al cabo de una sesión que se extendió por más de once horas y en la que la Cámara alta también aprobó el régimen de incentivos a las inversiones relevantes y el marco regulatorio para los créditos de carbono. El proyecto de salud mental comenzó a discutirse después de las 22.30.
El dictamen de mayoría sumó el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz. El rechazo reunió 21 votos de los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal.
El texto que pasó a Diputados no es el que había enviado la Casa Rosada: el oficialismo aceptó modificaciones en el recinto para conseguir los votos que le faltaban. La principal es que se mantiene la prohibición de crear manicomios o de desarrollar prácticas manicomiales, que el proyecto original buscaba levantar. También se reincorporó a los psicólogos como segundo firmante de las evaluaciones y se explicitó el financiamiento nacional a las provincias.
Uno de los cambios centrales es el criterio para las internaciones involuntarias: se reemplaza el requisito de «riesgo cierto e inminente» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros. La evaluación deberá considerar no sólo el estado del paciente al momento de la consulta, sino también sus antecedentes de conductas o ideaciones dañinas y la evolución previsible si no recibe tratamiento.
En emergencias, cuando haya un solo médico disponible, ese profesional podrá ordenar la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 48 horas. Las evaluaciones requerirán la firma de un médico –preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental– y de un psicólogo, y se habilitan las teleconsultas sincrónicas donde no haya especialistas.
La medida deberá comunicarse a la Justicia en un plazo máximo de 24 horas y el juez tendrá tres días para convalidarla, pedir peritajes o disponer la externación. Además, desde el diagnóstico deberá elaborarse un plan de egreso y las internaciones que superen los 180 días –continuos o acumulados en dos años– serán consideradas prolongadas, lo que activa de oficio la intervención del Órgano de Revisión.
El proyecto también reincorpora a los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental entre los lugares donde puede realizarse una internación, además de los hospitales generales. En materia de adicciones amplía el concepto para que consumos como la ludopatía puedan abordarse como un problema de salud mental; de hecho, el Senado dio trato preferencial a un proyecto específico contra la ludopatía que ya tiene media sanción de Diputados y perderá estado parlamentario en febrero.
Para niños y adolescentes se exige la atención de equipos con formación infantojuvenil, la internación en espacios separados de los adultos y el resguardo de la autonomía progresiva y el derecho a ser escuchado. La norma reconoce además el derecho a dejar directivas anticipadas sobre tratamientos y fija que la Nación asistirá técnica y económicamente a las provincias mediante convenios bilaterales coordinados en el Consejo Federal de Salud (COFESA), con partidas incluidas en el Presupuesto Nacional.
Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Salud, la libertaria Ivanna Arrascaeta, resumió el dictamen en una idea: «llegar a tiempo». Sostuvo que la ley de 2010 «consagró derechos y garantías valiosas», pero que tras 16 años «ha resultado insuficiente», y afirmó que la internación «dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia».
El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, que defendió el cambio de paradigma: «Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales. Esto salva vidas». Recordó el caso del policía Juan Pablo Roldán, asesinado por un hombre con esquizofrenia que había abandonado la medicación, y marcó la asimetría del sistema: unos 100.000 psicólogos frente a casi 4.000 psiquiatras en el país.
Desde la oposición, los cuestionamientos se concentraron en la falta de presupuesto. «No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir», dijo el catamarqueño Guillermo Andrada, mientras que la exgobernadora Lucía Corpacci fue más directa: «Esto no funciona porque no hay presupuesto». El radical Maximiliano Abad acompañó en general pero objetó los artículos que habilitan los hospitales monovalentes: «Cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios».
El debate nacional llega en medio de un cambio de modelo en Santa Fe: según datos del Ministerio de Salud provincial, el 85% de las internaciones por salud mental se realizó el año pasado en hospitales generales, mientras que el 15% restante tuvo lugar en los hospitales Mira y López, Agudo Ávila y la Colonia Oliveros. En octubre, el Sindicato de Profesionales de la Salud (Si.Pr.Us) y los colegios de Medicina, Psicología, Trabajo Social, Enfermería y Terapia Ocupacional de la ciudad de Santa Fe habían advertido por el desfinanciamiento del sector y calificado de «improcedente» cualquier reforma «regresiva» de la ley vigente.
Para que la reforma sea ley falta la aprobación de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará repetir el acuerdo que consiguió en la Cámara alta con los bloques aliados y los provinciales.
