La iniciativa prosperó en la Cámara Alta con 38 votos a favor y ocho en contra. A partir de la modificación, el subsidio dejará de ser masivo y quedará limitado estrictamente por criterios sociales y de ingresos: solo accederán los hogares cuyo grupo familiar no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (actualmente fijado en poco más de $4,7 millones), además de mantenerse para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas.
La reforma afecta directamente a provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza.
Crece la preocupación local y se profundiza el conflicto en SAPEM
La resolución del Congreso encendió las alarmas en el ámbito local. Desde la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas (APJ GAS) y el grupo de trabajadores despedidos de la subdistribuidora SAPEM advirtieron sobre el severo impacto que esta medida tendrá en la región.
“En la práctica significa que la mayoría de los usuarios del departamento Caseros, con cabecera en Casilda, y otros siete departamentos del sur santafesino recibirán importantes recargos en sus consumos mensuales. Es una mala noticia en un momento difícil para la gran mayoría”, remarcaron desde el gremio.
En este marco, la quita del beneficio agrava la tensión institucional en la empresa municipal de gas. La APJ GAS informó que aún no recibió una nueva convocatoria por parte de la Intendencia para resolver el litigio laboral por las cesantías. Al respecto, sostuvieron que tras el alejamiento del presidente de la firma, se encuentran dadas las condiciones para que asuman los directores suplentes electos y se abra una mesa de diálogo a la brevedad.
A la par, los trabajadores denunciaron la presencia del presidente saliente en las instalaciones de la firma —lo que generaría presión sobre el personal activo— y respaldaron su reclamo con la junta de más de 700 firmas en las puertas del Palacio Municipal.
Desde la organización sindical concluyeron que la reincorporación de los trabajadores es urgente para garantizar la operatividad de un servicio público hoy debilitado y que, tras la decisión del Senado sobre la Zona Fría, resultará considerablemente más costoso para los vecinos.
