El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala acató este viernes la orden de la víspera del juez Fredy Orellana y canceló el Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo.
En una resolución, los funcionarios fundamentaron su accionar en un proceso judicial impulsado por el fiscal Rafael Curruchiche, que se remonta a 2023 -en el contexto pre electora- e investiga presuntas irregularidades en la formación del partido. En particular, se consideró el testimonio de Ligia Hernández, una ex diputada y actual funcionaria del Gobierno, quien, tras pasar 90 días en prisión preventiva, aceptó los cargos en su contra en el caso y brindó su testimonio al Juez opositor.
Sin embargo, desde el oficialismo entendieron este avance como un nuevo ataque del Ministerio Público en contra de Arévalo, quien lleva meses luchando contra funcionarios corruptos que buscaron, durante meses, impedir a toda costa su investidura.
Es por ello que, tras conocerse la noticia, el Movimiento respondió con la presentación de dos recursos de amparo ante la Corte constitucional, con el fin de que “se deje sin efecto cualquier actuación o resolución que se emita con el fin de cancelar de forma definitiva la personalidad jurídica del partido”. Se desconoce, sin embargo, en qué plazo la Justicia podría emitir su respuesta.
“Hicieron una ridícula e ilegal acción para cancelar al Movimiento Semilla y mantener el atraso antidemocrático vigente en Guatemala. Les molesta que, bajo el estatus suspendido del partido, hemos logrado promover y legislar cambios para el país”, dijo la diputada Andrea Reyes, a lo que se sumó su par Samuel Pérez, quien adelantó que presentarán una denuncia penal contra Orellana por sobrepasar sus funciones con estas acciones.
“Un juez no puede suspender ni cancelar a ningún partido político (…) Tenemos los instrumentos suficientes para recuperar el partido y los derechos como bancada. Ahora, el que va a tener que responder por sus actos ilegales es el juez Orellana”, insistió.
Arévalo, por su parte, no se ha pronunciado aún sobre el tema aunque su entorno dijo que la fiscal general, Consuelo Porras, será citada a la brevedad para discutir sobre su papel al frente de la Fiscalía. “La Justicia en Guatemala está en crisis debido a acciones espurias” del organismo que Porras encabeza desde 2018, dijo la semana pasada el Presidente.
Desde que comenzó la campaña para las elecciones presidenciales de 2023, el Ministerio Público -afín a Alejandro Giammattei– lanzó una persecución contra Arévalo y su entorno, en un intento por mantenerlo fuera de la carrera. Con el correr de los meses y el triunfo del opositor en el balotaje, las acciones se intensificaron, ya con el objetivo de anular los resultados y evitar su asunción.
Sus operaciones no fueron exitosas y, por el contrario, generaron alerta en toda la comunidad internacional, que siguió de cerca los pasos de la Fiscalía.
De hecho, tanto Porras como Orellana ya cuentan con sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros 50 países, que los consideran corruptos y “antidemocráticos”.
(Con información de EFE)