El conflicto docente en Santa Fe dejó de ser exclusivamente una discusión salarial. La escena que comenzó como una negociación paritaria derivó en un fenómeno político más profundo: el rechazo masivo a la oferta oficial se transformó en un cuestionamiento directo a la forma en que el Gobierno provincial se vincula con los trabajadores de la educación.
Hace meses se advertía desde este medio, que las protestas y los escraches a determinadas prácticas políticas no solo persistirían, sino que tenderían a intensificarse. El diagnóstico quedó corto. Hoy, el malestar encontró un nuevo canal de expresión: la irrupción sistemática en actos públicos encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro.
La postal se repite. Primero fue durante la inauguración del tercer tramo de la autopista. Luego, en Esperanza, durante la presentación de la ampliación de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 644 “Gregoria Matorras”. En ambos casos, docentes autoconvocados interrumpieron el desarrollo institucional de los eventos con consignas dirigidas al mandatario provincial.
En Esperanza, mientras Pullaro encabezaba el acto junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, un grupo de manifestantes lanzó gritos y cuestionamientos. “Pullaro mentiroso”, se escuchó entre las consignas. El gobernador evitó responder de manera directa y centró su mensaje en la inversión en infraestructura escolar.
El que sí recogió el guante fue Enrico. Desde el atril, replicó: “Más mentirosos fueron los que prometieron esta obra y no la hicieron”, en alusión a gestiones anteriores. La escena, atravesada por una fuerte presencia policial, dejó expuesto un clima que ya no es episódico sino estructural.
Del salario al hartazgo
Formalmente, el conflicto se sostiene sobre la discusión salarial. La propuesta del Ejecutivo contempla un incremento del 12,5 % hasta junio, acompañado por una recomposición del 3 % por el desfasaje de 2025 y un esquema de mínimos garantizados.
Sin embargo, en el universo docente el eje del debate se desplazó. El rechazo expresado tanto por Amsafe como por Sadop es leído internamente como algo más que una objeción a los números.
En las escuelas comienza a consolidarse una narrativa diferente: el problema no es solo cuánto se cobra, sino bajo qué lógica se construye el ingreso.
El sistema de suplementos, premios por asistencia y sumas no remunerativas aparece en el centro de las críticas. Allí se instala la sensación de precarización, pero también algo más difícil de cuantificar: el desgaste de un vínculo cada vez más áspero con la gestión provincial.
Los descuentos por días de paro, la Asistencia Perfecta y la retórica oficial que suele confrontar con la dirigencia sindical conforman un combo que, para amplios sectores docentes, ya excede la discusión económica.
La carta que no calmó, sino que tensó
En este contexto, la carta enviada por el ministro de Educación, José Goity, lejos de descomprimir el escenario, terminó amplificando la controversia.
En el texto, el funcionario buscó aclarar la estructura del salario, afirmando que un maestro de grado con 25 horas semanales percibirá en febrero más de 1,3 millones de pesos. También remarcó que se trata de “una de las mejores ofertas del país”.
Pero la comunicación oficial chocó rápidamente con la lectura gremial. Desde Sadop, Martín Lucero fue categórico: “El 80 % de la docencia no va a percibir ese salario”.
La disputa dejó de ser discursiva para convertirse en matemática.
La planilla versus el bolsillo
En paralelo a la comunicación oficial, comenzó a circular masivamente en redes sociales el testimonio de docentes que pusieron en cuestión la lógica de construcción del salario.
Uno de esos mensajes sintetizó con crudeza el núcleo del conflicto. “Si sacamos el maquillaje de las gacetillas oficiales y miramos la realidad del bolsillo, el panorama cambia totalmente”, plantea el texto, que rápidamente se viralizó.
El planteo no se limita a una crítica retórica. Se apoya en números concretos.
Según ese análisis, el salario básico —el ingreso efectivamente garantizado— ronda los $1.039.000, muy por debajo de la Canasta Básica Total, que para febrero de 2026 se ubicaría cerca de los $1.360.000.
La brecha no es menor: implica una diferencia superior a $300.000, que coloca al docente, en términos técnicos, por debajo de la línea de pobreza si no percibe adicionales.
Allí aparece el principal punto de fricción: la Asistencia Perfecta.
“El sueldo ‘sin enfermarse’ versus el sueldo real”, resume el mensaje. La lógica, advierten, es simple: el salario promocionado por el Gobierno incorpora suplementos y premios sujetos a condiciones.
Si el docente falta por enfermedad, pierde automáticamente entre $50.000 y $100.000, dependiendo del esquema de incentivos.
El resultado es un ingreso variable, condicionado a la salud del trabajador.
Desde esa lectura, el sistema genera una paradoja difícil de digerir: el derecho a enfermarse tiene un costo salarial inmediato.
Pero el cuestionamiento no termina allí. El mensaje incorpora además un argumento técnico que atraviesa toda la discusión previsional.
Las sumas no remunerativas —que explican buena parte del incremento “de bolsillo”— no impactan en el aguinaldo ni en la jubilación.
No se computan para la movilidad del sector pasivo.
No generan aportes a la Caja de Jubilaciones ni al Iapos.
“Estamos cobrando más hoy a costa de cobrar mucho menos cuando nos retiremos”, sintetiza el planteo.
El fenómeno revela algo más relevante que el tono confrontativo de algunos pasajes: la consolidación de una percepción extendida de fragilidad salarial.
Porque en la práctica, advierten los docentes, el salario seguro es uno; el salario ideal, otro.
La protesta se traslada al escenario político
Lo novedoso del conflicto no es únicamente el rechazo salarial. Es la mutación del formato de protesta.
La irrupción en actos públicos del gobernador marca un cambio cualitativo. La protesta abandona parcialmente el terreno sindical clásico para trasladarse al escenario político-institucional.
No se trata de episodios aislados, sino de una modalidad que comienza a repetirse y que interpela directamente a la figura del mandatario.
Cada acto público se transforma en un potencial espacio de tensión. Cada aparición institucional, en un territorio incierto. En términos políticos, el conflicto docente deja de ser un problema sectorial para convertirse en un factor de desgaste transversal.
Porque cuando la protesta ya no se limita a la negociación salarial, sino que apunta a la lógica de construcción del ingreso y a las formas de ejercicio del poder, el problema adquiere otra dimensión.
Y en Santa Fe, ese proceso ya está en marcha.
