El gobierno de Trump eliminó la entrevista obligatoria para solicitantes de asilo y habilitó a los oficiales de inmigración a derivar casos directamente a los tribunales. La medida afectaría a 444.724 personas dentro de un sistema que acumula 1,4 millones de expedientes pendientes.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció el lunes 27 de julio la nueva regulación, que entró en vigor de forma inmediata. La regla también elimina de los reglamentos vigentes toda referencia al “derecho” del solicitante a ser entrevistado por un oficial de asilo.
Cómo funciona el nuevo proceso
Hasta ahora, el sistema de asilo operaba en dos vías paralelas. USCIS revisaba las solicitudes “afirmativas”, presentadas por personas que no estaban en proceso de deportación, mientras que los jueces de inmigración del Departamento de Justicia (DOJ) atendían los casos “defensivos”, es decir, los de quienes ya enfrentaban una orden de remoción.
Bajo el esquema anterior, un solicitante rechazado por USCIS podía ser remitido a un juez de inmigración, quien realizaba una revisión independiente del caso. El gobierno describió esa doble revisión como una oportunidad para que el solicitante tuviera “una segunda oportunidad de obtener asilo”, algo que la nueva norma busca eliminar.
Con la regla provisional, los oficiales de USCIS pueden ahora enviar una solicitud directamente a un juez de inmigración sin antes entrevistar al solicitante. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el cambio permitirá además identificar con mayor rapidez a personas que representen un riesgo para la seguridad pública o nacional, y colocarlas en procedimientos de remoción.
Qué dijo el gobierno
Joseph Edlow, director de USCIS, defendió la medida con un argumento centrado en el abuso del sistema. “Por demasiado tiempo, el sistema de asilo fue explotado con fines de demora y autorización de trabajo, no por reclamos legítimos de protección”, afirmó Edlow en declaraciones recogidas por el Miami Herald.
James Percival, asesor jurídico general del DHS, apuntó en la misma dirección: “Uno de los mayores obstáculos para una aplicación efectiva de las leyes migratorias es la demora intencional por parte de extranjeros ilegales y los abogados de fronteras abiertas que los representan”, dijo Percival según el comunicado oficial de USCIS.
La norma, catalogada como “regla final provisional”, fue publicada en el Federal Register el martes y permanecerá abierta a comentarios del público antes de que se emita una versión definitiva.
La preocupación de los defensores de inmigrantes
Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que la medida agrava una situación que ya era precaria. Robyn Barnard, vicepresidenta de derechos de refugiados e inmigrantes en Human Rights First, una organización que ofrece servicios legales gratuitos a solicitantes de asilo, señaló que la nueva regla, combinada con la presión existente sobre los jueces de inmigración para negar solicitudes antes de celebrar una audiencia completa, coloca a los afectados en “una posición increíblemente insegura y desesperada”.
“Su respuesta para resolver el rezago no es seguir el debido proceso y dar a las personas un día justo en la corte. Su respuesta es negar casos en masa y deportar a las personas en masa, en lugar de darles su día en la corte”, afirmó Barnard al Miami Herald.
El contexto: TPS, deportaciones y vías legales que se cierran
La medida llega en medio de una serie derestricciones migratorias que han reducido las alternativas legales disponibles para los inmigrantes vulnerables. La administración Trump ya canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de personas, entre ellas 350.000 haitianos cuya protección está próxima a vencer.
Muchos de esos inmigrantes, al perder el TPS, recurrieron al sistema de asilo como única vía para regularizar su situación. Con la nueva norma, ese camino se vuelve más estrecho: los casos derivados a los tribunales de inmigración quedan bajo la supervisión del DOJ, que ha impulsado órdenes de remoción más rápidas y una mayor tasa de denegaciones.
Se estima que 444.724 de los 1,4 millones de casos acumulados en el sistema de asilo afirmativo quedarán bajo el alcance de la nueva regulación.
