El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por su responsabilidad en “violaciones graves de derechos humanos” durante la represión de protestas antigubernamentales que estallaron a finales de 2025. Las sanciones se producen mientras Washington mantiene negociaciones nucleares indirectas con Teherán y despliega simultáneamente una fuerza militar sin precedentes en el Golfo Pérsico.
“Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní”, afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado. Las nuevas sanciones elevan a 58 el número de personas sancionadas bajo esta política específica de responsabilidad por violaciones de derechos humanos.
Las restricciones apuntan a funcionarios acusados de violar derechos de expresión y reunión durante las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. La represión desató la violencia más letal en la historia de la República Islámica desde 1979. La agencia Human Rights Activists News Agency documentó hasta el 5 de febrero más de 6.900 muertes confirmadas, aunque estimaciones independientes sitúan la cifra por encima de los 30.000 fallecidos.
El régimen iraní impuso un apagón casi total de internet durante varios días a partir del 8 de enero, lo que “restringió severamente” la capacidad de documentar abusos, según denunció el Departamento de Estado. Amnistía Internacional calificó la represión como “masacre de manifestantes” y advirtió que el corte de comunicaciones ocultó crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones se anuncian mientras Estados Unidos mantiene conversaciones indirectas con Irán en Ginebra, mediadas por Omán. El martes 17 de febrero se celebró la segunda ronda sobre el programa nuclear iraní. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que se acordaron “líneas generales” para un posible pacto, aunque persisten diferencias. Irán exige levantamiento de sanciones económicas, mientras Washington quiere abordar no solo el uranio sino también los misiles balísticos y el apoyo a grupos armados regionales.
El contexto militar agrega presión. Estados Unidos desplegó el portaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico a finales de enero, con tres destructores, 90 aeronaves y 5.700 tripulantes. Trump confirmó el 14 de febrero el envío del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo. La presencia simultánea de dos portaaviones es inusual y señala presión militar directa.
Imágenes satelitales verificadas ubicaron al Abraham Lincoln a 700 kilómetros de las costas iraníes el 16 de febrero. En respuesta, Irán realizó maniobras militares en el estrecho de Ormuz y cerró temporalmente esa vía estratégica por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.
El líder supremo iraní, Ali Khamenei, advirtió que Washington “no logrará” destruir Irán y amenazó con hundir buques de guerra estadounidenses. Trump ha reiterado que está dispuesto a usar la fuerza militar para limitar el programa nuclear iraní y mencionó la posibilidad de un cambio de régimen en Teherán.
Las protestas estallaron por la crisis económica iraní, con inflación del 42% en diciembre de 2025 y devaluación del rial superior al 40% desde el conflicto de doce días con Israel en junio. Las manifestaciones económicas evolucionaron hacia un movimiento que exige el fin del régimen.
Pigott reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Washington a la población iraní y su derecho a la libertad de expresión. El Parlamento Europeo condenó el 22 de enero la represión y exigió el cese de la violencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “extremadamente preocupantes” las amenazas de ejecutar manifestantes.
