La Fiscalía General de la Nación está profundizando en las investigaciones sobre la red de contrabando que operó en Colombia durante casi cuatro décadas, liderada por Diego Marín, alias Papá Pitufo.
Este entramado criminal controlaba el ingreso ilegal de mercancías a través de los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Cartagena, y se estima que generaba ganancias anuales de hasta ocho billones de pesos colombianos.
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Entre los productos ilícitos que se introducían al país se encontraban textiles, autopartes, electrodomésticos y licores, procedentes de Estados Unidos y Asia. Esta estructura criminal movilizaba hasta 30 contenedores semanales, afectando gravemente la recaudación fiscal y la competitividad de las empresas legales que operaban en Colombia.
En el marco de estas investigaciones, el general retirado Tito Castellanos, ex subdirector de la Policía Nacional y exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ha sido citado a un interrogatorio el próximo 5 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito.
El nombre de Castellanos surgió durante las declaraciones de varios involucrados en la red de contrabando como el mayor Peter Steven Nocua, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, y el mayor Mario Sarmiento, quienes mencionaron al exoficial en sus testimonios, lo que llevó a las autoridades a investigar su posible vínculo con esta organización criminal. Según W Radio, la Fiscalía ha comenzado a ahondar en los detalles de estas afirmaciones.
Una de las principales figuras dentro de la red de contrabando era Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, quien se desempeñaba como el segundo al mando de la organización y coordinaba las operaciones logísticas en el puerto de Buenaventura, además de gestionar el reclutamiento y soborno de funcionarios públicos para asegurar el tránsito de las mercancías ilegales.
La magnitud de la operación y su impacto en la economía colombiana siguen siendo objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía y otras autoridades estatales.
A pesar de las acusaciones, Castellanos ha negado categóricamente cualquier relación con la red de contrabando o con “El Bendecido”. En una entrevista con el medio Semana, el general retirado desmintió los señalamientos y calificó estas acusaciones como parte de una campaña de desprestigio en su contra.
Según Castellanos, esta situación comenzó después de los trágicos sucesos ocurridos en Los Pozos, Caquetá, en marzo de 2023, cuando un grupo de manifestantes tomó una instalación petrolera y un policía perdió la vida durante los enfrentamientos.
Castellanos detalló que había dado la orden de retirar al personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) mediante helicópteros hacia Florencia, pero esta instrucción no fue ejecutada a tiempo, lo que resultó en la tragedia.
De acuerdo con su versión, el coronel Édgar Cárdenas, entonces director de Antinarcóticos, había argumentado que los helicópteros no contaban con la autorización necesaria, lo que retrasó la operación y dejó al personal de Esmad en una situación vulnerable.
El resultado fue fatal: un subintendente de la Policía, Ricardo Monroy, perdió la vida durante los enfrentamientos. Castellanos asevera que esta situación provocó una investigación en la Justicia Penal Militar, donde tuvo que declarar sobre la desobediencia de órdenes por parte de algunos de sus subalternos. Según él, este fue el punto de partida de una serie de acusaciones en su contra.
En cuanto a las denuncias relacionadas con corrupción y narcotráfico, Castellanos ha sido claro en negarlas. Se le ha señalado de tener vínculos con grupos armados organizados, de recibir dinero por traslados irregulares en cárceles y de estar implicado en la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba.
En su defensa, Castellanos explicó que asumió el cargo de director del Inpec apenas dos o tres días antes de que ocurriera la fuga, por lo que no pudo haber tenido participación en el escape. También negó haber recibido una suma de 2.000 millones de pesos, como se ha dicho en algunos testimonios, por facilitar la huida de Matamba.
En cuanto a los traslados de reclusos, como el caso del empresario condenado Carlos Mattos, Castellanos aseguró que estos se realizan bajo estrictos procedimientos legales, ya sea por razones médicas, de seguridad o por orden judicial.
Por otro lado, en relación con los posibles vínculos de Castellanos con la red de contrabando, él ha negado conocer a El Bendecido o haber recibido dinero o prebendas por facilitar el contrabando. Rechaza también cualquier relación con oficiales de la Policía mencionados en los testimonios, afirmando que sus interacciones siempre fueron con los coroneles responsables de las unidades de la Policía.
En cuanto a la investigación de la Procuraduría, Castellanos ha expresado que está colaborando plenamente para esclarecer los hechos. La Procuraduría abrió una indagación debido a las publicaciones en medios de comunicación, pero él reafirma que no existe evidencia que lo vincule con los hechos señalados.
Además, señaló que la Fiscalía le ha confirmado que no existe ninguna noticia criminal en su contra relacionada con corrupción o narcotráfico.
Castellanos concluyó su intervención afirmando que las acusaciones que enfrenta carecen de fundamento y son el resultado de rumores y testimonios infundados. Insistió en que todo forma parte de una campaña de desprestigio relacionada con los eventos en Los Pozos, donde otros oficiales podrían estar involucrados por desobedecer sus órdenes.
A pesar de las dificultades, aseguró que continuará defendiendo su honor y colaborando con las autoridades para que la verdad prevalezca.
