Un acalorado debate se desató tras la declaración de la exministra de Salud, Carolina Corcho, defendiendo el incremento del 5,36 % a la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para 2025. Este ajuste, que define los recursos asignados por persona para garantizar la atención médica en Colombia, ha generado preocupación en diversos sectores que lo consideran insuficiente para afrontar las necesidades actuales del sistema de salud.
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Argumentos de la exministra
En un video difundido a través de sus redes sociales, Corcho aseguró que “no es cierto que el gobierno haya desfinanciado la salud”, afirmando que el aumento de la UPC ha estado históricamente por encima de la inflación. Según su análisis, el ajuste del 5,36 % supera la inflación proyectada para 2025, estimada entre el 3% y el 3,5%. La exfuncionaria también destacó que el cálculo se realizó con base en los datos reportados por las EPS, de las cuales solo un reducido grupo proporcionó información completa y confiable.
Sin embargo, su declaración más controvertida se centró en comparar el gasto per cápita de Colombia con el de países como el Reino Unido, afirmando que este era superior. “El presupuesto per cápita por persona en Colombia es más alto que en varios países del mundo, incluyendo el Reino Unido”, declaró.
Críticas de expertos
Las afirmaciones de Corcho desataron una ola de críticas por parte de especialistas en salud y economía. Alejandro Gaviria, exministro de Salud y Educación, señaló que el gasto en salud del Reino Unido es significativamente mayor al de Colombia, utilizando cifras que muestran que el Servicio Nacional de Salud (NHS) en Inglaterra maneja un presupuesto anual de 181 billones de libras esterlinas, aproximadamente cinco veces más que el gasto total en salud de Colombia.
Por su parte, el investigador Andrés Vecino, de la Universidad Johns Hopkins, citado por El Colombiano, explicó que el cálculo de la UPC no solo considera la inflación, sino otros factores como las frecuencias de uso y las inclusiones de servicios, aspectos que no fueron mencionados por Corcho. Vecino calificó la declaración de la exministra como “misleading” y enfatizó que comparar los sistemas de salud de dos países con contextos tan diferentes es un ejercicio simplista.
Reacciones de los gremios y pacientes
Organizaciones como Pacientes Colombia y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) también expresaron su preocupación. La primera advirtió que el aumento de la UPC no es suficiente para cubrir las necesidades del sistema, lo que podría traducirse en un mayor gasto de bolsillo para los usuarios y riesgos para la sostenibilidad de la atención en salud. La Andi, por su parte, subrayó que el déficit acumulado por los ajustes insuficientes de la UPC en los últimos años equivale al 1% del PIB, situando al sistema en una “crisis sin precedentes”.
El Ministerio de Salud defendió su decisión argumentando que el incremento fue realizado de manera técnica y con base en la información disponible. En un comunicado, la cartera señaló que “incrementar la UPC más allá de la inflación sin datos confiables sería irresponsable y pondría en riesgo el presupuesto nacional”. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
El ajuste de la UPC para 2025 pone en el centro del debate la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano y la necesidad de encontrar soluciones estructurales que permitan garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos. Mientras las críticas continúan, queda en manos del Gobierno y los diferentes actores del sector salud buscar consensos que prioricen el bienestar de la población.
Este episodio refleja no solo las tensiones inherentes a la administración de recursos públicos, sino también la importancia de la información clara y precisa en un tema tan sensible como la salud pública.