El gobernador de Florida, Ron DeSantis, activó el 1 de julio de 2026 la primera aplicación de la ley HB 1471, con la que el estado se atribuye autoridad permanente para designar organizaciones terroristas. La medida se anunció el mismo día en que la norma entró en vigor e incluyó más de 90 grupos en la lista inicial, entre ellos el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la Hermandad Musulmana y Antifa, según el comunicado oficial de la oficina del gobernador.
La HB 1471 establece que Florida puede identificar, designar y perseguir a organizaciones terroristas que operen en el estado, tanto nacionales como extranjeras, sin depender exclusivamente de las categorías del gobierno federal.
Las designaciones anunciadas el miércoles aún deben ser ratificadas por el Gabinete estatal de Florida —el fiscal general James Uthmeier, el director financiero Blaise Ingoglia y el comisionado de agricultura Wilton Simpson— antes de tener fuerza de ley, de acuerdo con CBS News Miami.
Cómo funciona el mecanismo de designación
El proceso comienza con el jefe de seguridad doméstica del estado, cargo que ocupa actualmente el comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), Mark Glass. Es él quien puede recomendar que un grupo sea catalogado como organización terrorista, ya sea doméstica o extranjera.
Luego, el gobernador y el Gabinete deben aprobar o rechazar esa recomendación por mayoría de votos, y la decisión se publica en el Registro Administrativo de Florida, según Fox News.
“Mantener a nuestra comunidad segura comienza por identificar la amenaza”, dijo Glass en el acto celebrado en la oficina del fiscal general en Tampa. “La seguridad de nuestra comunidad se fortalece con ese conocimiento cada día, reforzada por la colaboración entre nuestros agentes, nuestros socios federales y, lo más importante, las personas a quienes servimos”.
Los grupos en la lista y sus categorías
La lista abarca tres categorías de organizaciones, según el comunicado oficial:
- Domésticas: CAIR, la Hermandad Musulmana y Antifa.
- Cárteles latinoamericanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Tren de Aragua.
- Organizaciones extranjeras de otro tipo: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entre más de 90 grupos que el gobierno federal ya tiene catalogados como terroristas.
DeSantis aclaró que las designaciones se basan en conductas, no en ideología. “Son sus acciones y en lo que están involucrados lo que resulta muy destructivo”, dijo sobre Antifa, según CBS News Miami. El propio comunicado oficial no define al grupo, y el FBI tampoco lo reconoce como organización terrorista formal, dado que se trata de un movimiento descentralizado sin estructura ni liderazgo unificado.
Qué consecuencias trae la designación
Una vez ratificadas por el Gabinete, las designaciones activan un conjunto de prohibiciones y sanciones, de acuerdo con el comunicado oficial:
- Financiamiento: los gobiernos estatales y locales no podrán otorgar fondos públicos, contratos ni apoyo institucional a los grupos designados.
- Universidades: los planteles públicos quedan impedidos de destinar fondos estatales o federales a actividades que promuevan esas organizaciones.
- Estudiantes: quien “promueva” un grupo designado dentro del sistema universitario público puede ser expulsado. La ley define “promoción” como cualquier acción que pueda interpretarse razonablemente como una amenaza de violencia, que perturbe el ambiente de aprendizaje, vulnere derechos de otros o constituya apoyo material al grupo.
- Sanciones penales: quienes provean apoyo material de forma consciente pueden enfrentar cargos criminales.
- Disolución: el estado queda habilitado para disolver las organizaciones designadas conforme al estatuto.
El camino que llevó a esta ley
La HB 1471 no surgió de la nada. En diciembre de 2025, DeSantis firmó una orden ejecutiva que designó a CAIR y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas para efectos de la acción ejecutiva estatal, con instrucciones a las agencias de denegar financiamiento público, contratos y empleo a esos grupos.
En marzo de 2026, el juez federal de distrito Mark Walker emitió una orden de suspensión preliminar contra esa orden ejecutiva. Walker determinó que DeSantis no tenía autoridad para “designar unilateralmente a una de las organizaciones de derechos civiles musulmanes más grandes de Estados Unidos como ‘organización terrorista’ y retener beneficios gubernamentales a quienes le presten apoyo material”, según CBS News Miami y Fox News.
Esa decisión judicial llevó al gobernador a impulsar la HB 1471 como un marco legal más sólido y permanente.
Las voces que cuestionan la medida
CAIR rechazó la designación, afirmó no haber cometido ni sido condenada por ningún delito y anunció que la impugnará en los tribunales. “Vemos a través del último intento sesgado del gobernador DeSantis de castigarnos por nuestras opiniones y nuestros valores”, expresó la organización en un comunicado citado por Fox News.
La ACLU y el Southern Poverty Law Center también presentaron objeciones: Scott McCoy, subdirector jurídico del SPLC, sostuvo que DeSantis busca “silenciar unilateralmente a una organización de derechos civiles y castigar a quienes la apoyan”, según CBS News Miami.
Los críticos apuntan además a un problema de diseño: la ley no exige condena penal previa para designar a un grupo, y una norma conexa —la HB 1473— bloquea el acceso público a los documentos que explican cómo se alcanzó cada designación. Los demócratas que votaron en contra durante el debate legislativo advirtieron que esa combinación priva a los afectados de garantías básicas de debido proceso.
El voto legislativo y el escenario judicial
La HB 1471 fue aprobada con mayorías republicanas en ambas cámaras de la Legislatura de Florida: 80 votos a favor y 25 en contra en la Cámara de Representantes, y 25 a favor frente a 11 en contra en el Senado, según CBS News Miami.
El debate no termina con la aprobación legislativa. La ACLU y el Southern Poverty Law Center ya presentaron una demanda federal que cuestiona la constitucionalidad del proceso de designación y alega que otorga demasiado poder discrecional al Ejecutivo estatal sin controles suficientes.
El caso se dirimirá en los tribunales, en un contexto de creciente tensión entre las medidas de seguridad impulsadas desde Tallahassee y las garantías que protege la Primera Enmienda de la Constitución federal.
