El pasado 26 de abril, autoridades rescataron de dos fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, específicamente en el camino al Lanzarote, en la comunidad indígena de San Francisco Magú los cuerpos de personas que fueron torturadas y asesinadas.
En el lugar, fueron hallados 10 cuerpos, de los cuales seis estaban completos y el resto presentaba mutilaciones, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Los cuerpos encontrados en fosas de hasta 40 metros de profundidad en la colonia El Mirador, presentaban signos de tortura, las averiguaciones de los peritos revelaron que algunas de ellas fueron arrojadas aún con vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Eso derivó en otras investigaciones, que revelaron que algunas víctimas eran choferes de transporte público y de plataformas de aplicación que habían sido secuestrados y torturados antes de ser asesinados. Hasta ahora, se ha logrado identificar a nueve de los fallecidos, lo que permitió avanzar en las indagatorias sobre los responsables.
Cabe destacar que los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el 22 de abril, cuando elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex ubicaron los pozos clandestinos en un predio de la colonia El Mirador.
Policías municipales detenidos
A partir de este caso, se realizó un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales, realizado el 7 de mayo, para detener a 15 elementos de la policía municipal de Nicolás Romero, incluido el entonces director de Seguridad Pública, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, y otros altos mandos como Hugo Adrián “S”, subdirector de la policía, y Joel Efrén “L”, técnico operativo. Los detenidos enfrentan acusaciones por homicidio, secuestro exprés y colaboración con el crimen organizado.
Esto puso en evidencia que no se realizaban los exámenes de control de confianza correspondientes y la infiltración del crimen organizado en las fuerzas policiales locales, creando un ambiente de impunidad, ya que según las investigaciones, los agentes no solo facilitaron las operaciones de los grupos delictivos, sino que también participaron activamente en homicidios y otros crímenes de alto impacto.
Este escándalo ocurría mientras el alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete López, quien actualmente tiene licencia como diputado local, presumía una supuesta reducción en los índices delictivos en su municipio, sin embargo, la red de corrupción y complicidad dentro de la policía municipal era evidenciada por dichos operativos de detención.
Nace operativo Enjambre
En el proceso judicial, los elementos policiales implicados fueron presentados ante la Autoridad Judicial, donde se llevaron a cabo dos audiencias para definir su situación legal.
Paralelamente, las autoridades federales y estales continuaron investigando los hechos y buscan identificar posibles víctimas adicionales, lo cual derivo que en días pasados, se llevara a cabo él ‘Operativo Enjambre’, donde se tenían 14 órdenes de aprensión y se logró detener a siete personas, donde se incluía a la alcaldesa de Amanalco, María Elena “N” y el subdirector de Seguridad Pública de Naucalpan, Omar “N”, este ya fue procesado.
Siguen pendientes de aplicar las otras siete órdenes de aprehensión, donde destaca el municipio de Coacalco de Berriozábal, donde el alcalde, David Sánchez Isidoro, aseguraba que se encontraba su localidad segura y en calma, ante el Operativo Enjambre, donde se desmarcó de la crisis de inseguridad y de sus funcionarios del orden que podrían ser detenidos en los próximos días, donde han muerto más de cinco personas.
Estos casos pone en evidencia no solo el grado de violencia al que están expuestos los ciudadanos del Estado de México, sino también las fallas estructurales del sistema de seguridad local.