La crisis salarial docente en Santa Fe (Foto de archivo) no solo agudiza el conflicto con los gremios, sino que ahora también traspasa las fronteras. La Unión Docentes Argentinos (UDA) formalizó una denuncia contra el Gobierno provincial ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alegando “graves violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación”.
La presentación fue realizada por el abogado de la entidad, Víctor Bracamonte, quien acusó a la gestión de Pullaro de desarrollar “una serie de prácticas antisindicales” que van desde la presión previa a medidas de fuerza hasta mecanismos de control considerados persecutorios.
“El gobierno exige declaraciones juradas de prestación de servicios antes de cada paro, obligando a los docentes a anticipar si adherirán a una medida gremial. Se trata de un mecanismo intimidatorio y sin sustento legal”, sostuvo Bracamonte.
Además, desde UDA advierten que este procedimiento viola la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, ya que el objetivo de esos registros sería confeccionar listados con fines punitivos. “Es una vulneración del derecho a la autodeterminación informativa con fines claramente persecutorios”, indicaron.
El sindicato también señaló el “absoluto desinterés” del Ejecutivo provincial en alcanzar acuerdos paritarios desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023. Desde entonces —acusan— los salarios se vienen definiendo de forma unilateral, por debajo de la inflación y sin diálogo con los gremios.
Un salario por debajo de la línea de pobreza
La queja internacional se produce en uno de los peores momentos del poder adquisitivo docente desde el retorno de la democracia. Según datos gremiales, un maestro de grado que recién inicia cobra $703.137 y un profesor con 30 horas cátedra $700.759. El valor actual de la hora cátedra es de $23.358, lo que sitúa al cargo testigo entre los más bajos del país.
Desde UDA denuncian que la Provincia utiliza la equivalencia de 30 horas cátedra para simular ingresos más altos y evitar mejoras salariales. Para la organización sindical, la relación correcta es de 15 horas cátedra, lo que arroja cifras aún más alarmantes: apenas $350.000 por quincena laboral.
A esto se suma la implementación del programa de “asistencia perfecta”, presentado por el Ministerio de Educación como incentivo, pero que en la práctica funciona como castigo económico: si el docente se enferma o falta por cualquier motivo, pierde automáticamente el adicional, que representa una parte significativa del salario mensual.
“No se trata de un premio, sino de una penalización encubierta. Un incentivo debe ir por encima de un salario digno, no funcionar como amenaza de descuento”, plantearon desde UDA.
Además, señalan que el monto extra no realiza aportes ni a la Caja de Jubilaciones ni a la obra social, lo que implica una forma de “pago en negro” por parte del propio Estado. Esta contradicción se da, paradójicamente, mientras el Gobierno argumenta que necesita “salvar” la caja previsional con una reforma.
El conflicto y sus consecuencias políticas
La tensión con los gremios docentes no solo afecta el clima escolar y las condiciones de trabajo, sino que ya empieza a tener derivaciones políticas. Dirigentes del oficialismo reconocen que el malestar educativo fue un factor que impactó en las elecciones recientes.
“El resultado en las urnas fue un mensaje claro”, expresó un referente sindical con vínculos en el frente gobernante. En esa línea, cuestionó la continuidad del ministro de Educación, José Goity, a quien varios sectores señalan como uno de los responsables del desgaste político que atraviesa la gestión.
Incluso dentro del gabinete educativo hay figuras que integraron las listas oficialistas y hoy enfrentan un doble dilema: la defensa del gobierno y la creciente presión gremial en las escuelas.
Un nuevo frente abierto
La denuncia ante la OIT implica un cambio de escala en el conflicto. Si bien no tiene efectos jurídicos inmediatos, obliga al Estado a responder y genera un precedente institucional que puede escalar en foros internacionales.
Desde UDA esperan que el Comité de Libertad Sindical emita un pronunciamiento que obligue al Gobierno provincial a cesar con las prácticas denunciadas y restituya el derecho a huelga, la negociación colectiva y la protección de datos personales.
“Estamos ante una violación flagrante del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de la Ley de Asociaciones Sindicales. No es solo un conflicto salarial: es un problema de legalidad y derechos humanos”, concluyó Bracamonte.
Caja de datos comparativos: Salario docente vs. línea de pobreza (abril 2024)
| Concepto | Monto aproximado |
|---|---|
| Salario inicial docente (Santa Fe) | $703.137 |
| Profesor con 30 horas cátedra | $700.759 |
| Valor hora cátedra | $23.358 |
| Línea de pobreza (familia tipo – INDEC) | $773.385 |
| Incentivo por «asistencia perfecta» | No remunerativo ni bonificable |
Notas:
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La relación 30 horas cátedra = 1 cargo es cuestionada por los gremios.
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UDA sostiene que la equivalencia correcta es de 15 horas → salario real estimado: $350.000.
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El monto del programa de asistencia no integra aportes jubilatorios ni obra social.
Cronología del conflicto docente en Santa Fe (2023–2024)
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Diciembre 2023: Asume el nuevo gobierno de Maximiliano Pullaro. Se suspenden las paritarias abiertas.
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Enero–Febrero 2024: Comienzan los reclamos salariales. Gremios denuncian falta de convocatoria.
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Marzo 2024: Se implementa el programa de “asistencia perfecta”. Comienzan paros docentes.
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Abril 2024: Se intensifican las medidas de fuerza. El Gobierno exige declaración jurada previa a los paros.
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Abril 2024: UDA presenta denuncia ante la OIT por violación de derechos sindicales.