Con un mensaje en sus redes sociales, en el que no confirmó, pero tampoco rechazó la posibilidad de asistir a la posesión del jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió a los 75 representantes a la Cámara que le pidieron abstenerse de ir al referido evento. El primer mandatario, que había dejado a un lado las posturas ambiguas sobre el país vecino, volvió a sus mensajes confusos, lo que desató reacciones en redes sociales.
El jefe de Estado, al parecer, molesto con la postura de quienes le pidieron no ir al acto del 10 de enero de 2025, dejó la puerta abierta a la opción de asistir a la investidura de Maduro para un nuevo mandato, de seis años, pese a que no se ha cumplido la condición que él mismo, como primer mandatario, impuso para que se le diera reconocimiento a Maduro como gobernante: la de revelar las actas de las mesas de votación, para que sean verificadas por un ente internacional.
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“El presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia, invito al congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente. En su debido momento decidiré si asisto a no a la posesión del actual presidente de Venezuela”, expresó Petro en su perfil de X, al citar un reporte periodístico en el que se daba cuenta del balance de la votación efectuada en la Cámara, y con un mensaje que dio pie a toda clase de interpretaciones.
Aunque no es la primera vez en que Petro arremete contra la corporación, pues también lo hizo el 16 de septiembre, cuando la Cámara reconoció como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, si causa cuidado la forma en la que estaría desmarcándose de su propia postura, revalidada en su momento por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, en lo que respecta a poner condiciones al caso Maduro.
“Estamos entrampados en lo que sigue porque tienes una oposición que se siente Gobierno, pero no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el Gobierno. Dos posiciones que están absolutamente polarizadas y distanciadas”, afirmó el presidente el 25 de septiembre a CNN, en la que por primera vez sentó la que se suponía, era hasta el lunes 9 de diciembre su postura: “sin actas no hay reconocimiento”.
Enérgico rechazo a las afirmaciones de Gustavo Petro
Al respecto, una de las primeras reacciones que se conoció a lo dicho por el jefe de Estado fue la del representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, que en su cuenta en X rechazó lo dicho por Petro. Con una particular manera, el congresista en mención rechazó las afirmaciones emitidas por el presidente, en el sentido de que no rechazó la opción de asistir a los actos en los que Maduro será facultado para extender su mandato, que inició en 2013, hasta 2031.
“Nadie está invadiendo sus competencias constitucionales, como congresistas tenemos la obligación moral y política de hacerle un llamado para que no legitime la dictadura de Nicolás Maduro. Diría la senadora Paola Holguín, ‘si escama es porque es pescado’”, expresó el congresista, que ahora hace parte de la Comisión Segunda de la corporación, que está a cargo de la política internacional, la defensa nacional y la fuerza pública.
De esta manera, se unió el representante que propuso ante la corporación esta solicitud: Jorge Rodrigo Tovar Vélez, primer vicepresidente del cuerpo legislativo y que llegó al Congreso por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que no ocultó su indignación por la respuesta del mandatario, pese a que su iniciativa recibió el apoyo de una buena parte de sus colegas.
“Presidente Petro, escuche al pueblo colombiano representado en la Cámara de Representantes. Asistir a esa posesión, sería legitimar y reconocer a un gobierno antidemocrático, ilegítimo y violador de derechos humanos”, afirmó el congresista, hijo del ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que la falta de publicación de las actas de votación en el proceso electoral de Venezuela genera dudas sobre la transparencia y legitimidad del Gobierno.
