El pase al retiro del coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), parece haberse gestado en una conversación clave, documentada en un audio que ha cobrado relevancia en las últimas semanas. La grabación, que data del 30 de abril de este año, recoge una conversación entre Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte; Carlos Morán, exministro del Interior; y el propio coronel.
El contenido de la grabación fue utilizado como prueba en el caso que llevó a la detención preliminar de Castañeda el 10 de mayo, seguida de su prisión preventiva. Durante la conversación en el Centro Aeronáutico del Perú, el letrado dejó claro a Colchado las posibles consecuencias que podría enfrentar si no cooperaba con la defensa de la mandataria. “En diciembre van a querer fregarte”, le indicó en alusión al proceso de pases al retiro en la PNP.
Castañeda no solo anticipó la destitución, oficializada este lunes en una resolución ministerial, sino que también le propuso una estrategia: obtener información incriminatoria sobre la investigación del caso denominado ‘Rolexgate’, en el que Boluarte fue denunciada por cohecho pasivo tras recibir relojes de lujo como obsequios del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Según el exabogado presidencial, si Colchado aceptaba colaborar, podría evitar el pase al retiro. Castañeda actuaba en nombre de la presidenta, quien es la única autoridad con la facultad de aprobar, observar o detener un pase al retiro en la institución policial. Por ello, la Fiscalía considera el audio como una prueba contundente de que Boluarte y su círculo cercano podrían estar involucrados en una presunta organización criminal que usa el poder para interferir en la justicia.
Hildebrandt en sus trece precisa que la grabación íntegra tiene una duración de dos minutos y trece segundos. Tras su difusión, el vocero presidencial, Fredy Hinostroza, intentó desvincular a la presidenta de las declaraciones de Castañeda, al asegurar que eran comentarios de una tercera persona ajena al Ejecutivo.
El proceso para retirar al coronel Colchado se formalizó días atrás con la entrega al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, de un informe del Consejo de Calificación que propone el pase al retiro de oficiales generales y superiores para 2024, una medida que se justifica en parte por las sanciones impuestas por la Inspectoría General de la PNP y el Tribunal de Disciplina Policial. En el caso del coronel, la Inspectoría ya había determinado que cometió infracciones “muy graves” y “graves” al difundir en WhatsApp una foto de una torta que representaba el allanamiento al domicilio de Boluarte, un operativo que lideró.
“Te van a chancar”
En la misma reunión, Castañeda criticó la decisión de la Fiscalía de la Nación de ampliar la investigación contra Boluarte por el caso de los relojes de lujo entregados por Oscorima, quien enfrenta el cargo de cohecho pasivo impropio en torno a los fondos millonarios transferidos a la región durante el mismo periodo en que la presidenta fue vista usando los relojes.
A pesar de las acusaciones que sugieren que estos obsequios fueron entregados a cambio de favores políticos, el letrado negó cualquier relación entre esos fondos y los relojes. También presionó a Colchado para identificar al responsable de la filtración de documentos que comprometen a la presidenta, que habían sido divulgados en el programa Cuarto Poder, y sugirió que si no se encargaba de la situación, las consecuencias serían graves. “Te van a chancar”, advirtió.
El coronel ha sido finalmente enviado al retiro junto con el coronel Walter Lozano, quien también fue parte del equipo policial asignado al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y mencionado en la misma charla de hace ocho meses. Semanas antes de su retiro, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es una venganza, una represalia y la concreción de un plan estructurado”, ha dicho su defensa, Miguel Pérez Arroyo. Sin embargo, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, negó que la medida fuera motivada por venganza.