Tras haber puesto en conocimiento de las autoridades un caso de violencia intrafamiliar, un hombre decidió hacer la denuncia pública para evitar que el caso quede en la impunidad.
Según su relato, el proceso presenta un agravante: la fiscal a cargo le habría asegurado en un momento que no acusaría a una mujer por este tipo de delitos.
Andrés Charry explicó en Citytv que la denuncia no solo lo involucra a él, sino también a su hija y a su mascota, quienes, según él, también han sido víctimas de agresión.
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“Hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar, no solo de golpizas, sino también de violencia psicológica”, explicó.
Según su testimonio, el caso fue asignado a la fiscal 27 de Bogotá, quien decidió archivar el proceso argumentando solidaridad de género.
“A la fiscal 27 local de Bogotá, para el delito de violencia intrafamiliar, la doctora Cabezas Leal le entregué ocho videos, diez audios, documentos e, incluso, un informe de Medicina Legal que señala que mi hija está en riesgo y que ha sido alienada por el discurso materno. Sin embargo, la fiscal concluyó que eso no era prueba suficiente y archivó el caso”, denunció Charry.
Asimismo, mencionó la razón que le dio la fiscal al informarle sobre la decisión. “Cuando fui a su despacho, me dijo que archivaría el proceso porque, al ser mujer, nunca acusaría ni imputaría el cargo de violencia intrafamiliar a otra mujer”.
Charry concluyó que este tipo de determinaciones no pueden repetirse, argumentando que cuando un hombre es señalado de violencia contra una mujer, aunque sea un solo episodio, generalmente enfrenta condenas ejemplares como muestra de repudio ante estos hechos. Por lo tanto, considera que en situaciones inversas debería aplicarse el mismo criterio.
Finalmente, aclaró que por razones que no detalló, el caso tuvo un impulso procesal y fue reabierto.
El denunciante aseguró que los episodios de violencia física han ocurrido en varias ocasiones y que cuenta con imágenes en video que lo pueden sustentar.
También denunció que “la fiscal ha actuado de muy mala fe”, señalando que en el episodio en el que se realizó la entrevista en Medicina Legal, se omitió la entrega de algunos documentos a la institución para evitar que fueran examinados.
Todo el material volvió a manos de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Una abogada penalista consultada por el medio de comunicación explicó que, aunque este tipo de casos no suelen ser visibles, son más frecuentes de lo que parecen: “¿Qué pasa? Las fiscales y todo el aparato judicial no les creen a los hombres. De hecho, las autoridades policiales se les ríen”, afirmó, basándose en su experiencia tras haber llevado varios casos similares.
No obstante, la reapertura del proceso ha permitido que las diligencias continúen y que la Fiscalía General de la Nación siga el conducto regular en la investigación.
A pesar de que los hechos ocurrieron y fueron denunciados en 2024, aún no se ha tomado una determinación judicial. El miércoles 5 de marzo de 2025 se adelantará una diligencia para avanzar con el caso.
Colombia implementa el Sistema Nacional de Justicia Familiar para combatir la violencia intrafamiliar y proteger a los más vulnerables
El Decreto 1574 de 2024, promulgado el 24 de diciembre, marca un punto de quiebre en la justicia colombiana al establecer el Sistema Nacional de Justicia Familiar, una estrategia que busca priorizar la atención de casos de violencia intrafamiliar y garantizar la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Esta medida responde a un preocupante aumento en los índices de violencia intrafamiliar, que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa y Medicina Legal, se ha convertido en uno de los principales problemas de seguridad en el país.