Imputaron a Esteban Lindor Alvarado por liderar una red narcocriminal transnacional desde la cárcel de Ezeiza

Esteban Lindor Alvarado fue imputado este viernes tras ser señalado como el líder de una organización narcocriminal transnacional que operaba desde el régimen de alto riesgo del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Además, fueron acusadas otras once personas, que desempeñaban distintos roles, entre ellas, su hijo Santino, detenido este jueves por la tarde en Funes. 

La causa, instruida por los fiscales federales Matías Scilabra, Diego Alejo Iglesias y Diego Velasco ante el juez Carlos Vera Barros, detalla un delicado entramado delictivo con células en Rosario, Roldán, Funes, Granadero Baigorria, Córdoba y Paraguay.

La investigación estableció que el referente criminal conservaba el mando absoluto desde su encierro dictado en febrero de 2024, desde donde impartía directivas, fijaba condiciones financieras, exigía rendiciones semanales de cuentas, resolvía disputas internas y decidía los movimientos de la estructura.

Como ejecutor de las órdenes extramuros operaba su hijo, Santino Valentín Alvarado, encargado de coordinar el aprovisionamiento, fijar precios de estupefacientes, aportar rodados y servir como enlace con el penal. 

La administración financiera recaía sobre María Fernanda Rojas, quien percibía réditos de préstamos y alquileres y realizaba comunicaciones clandestinas con el líder. En tanto, el abogado Claudio Tavella fue imputado por utilizar su rol de defensor técnico como canal estable de transmisión de órdenes y para alinear estrategias defensivas con los coimputados.

Bajo la cúpula operaba un núcleo de colaboradores integrado por Ignacio Matías Aranda, Gino Cacciatore, Alexis Leonardo Valda, Julián Ignacio González, Jeremías Eloy Toloza, Valentino Adrián Caicoya, Luis Daniel Palavecino y el letrado porteño Martín Fabio Castillo, dedicados a la logística, la custodia, la adquisición de armamento y la distribución de drogas.

El expediente judicial documentó maniobras de gran envergadura bajo la Ley 23.737, entre las que sobresalen un intento de contrabando aéreo frustrado en marzo de 2024 con más de 430 kilos de cocaína interceptados en Paraguay tras partir desde Bolivia, una segunda operación coordinada para ingresar unos 300 kilos de estupefacientes mediante pistas rurales clandestinas, y el abastecimiento de marihuana desde Córdoba hacia el cordón metropolitano rosarino. 

Para sostener las operaciones, la banda utilizaba vehículos de alta gama, inmuebles en condominios y una red de testaferros destinada al blanqueo de capitales.