La concejala de Bogotá por el Centro Democrático Diana Diago exigió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a la Administración distrital que aceleren los procesos de mantenimiento y solución de conectividad de las cámaras de vigilancia.
La demanda por parte de la cabildante surgió en un contexto donde la seguridad de la ciudad se ve comprometida por la inoperatividad de más de 1.400 cámaras de vigilancia, una herramienta crucial para combatir el crimen en la capital colombiana.
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De acuerdo con los datos entregados por Diago, la Secretaría de Seguridad de Bogotá ha reportado que de las 5.820 cámaras instaladas en la ciudad, 1.789 están fuera de servicio. Para la vocera, la situación ha llevado a que cinco localidades se encuentren en alerta roja debido a la falta de operatividad de estas cámaras.
Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, con 189 cámaras inoperativas; Kennedy, con 187; San Cristóbal, con 128; Bosa, con 120; y Santa Fe, con 115 cámaras fuera de servicio.
La concejala Diago destacó la gravedad de la situación, especialmente en la localidad de Santa Fe, un área con un alto flujo económico donde se han registrado más de 8.000 hurtos. Diago criticó la gestión del alcalde Galán y su secretario de seguridad, acusándolos de ser permisivos con el crimen al no priorizar el funcionamiento de estas herramientas de vigilancia.
Según la respuesta al derecho de petición enviado por Diago, 814 cámaras presentan problemas de conectividad, mientras que 667 están en mantenimiento. La información obtenida por la dependencia, llevó a Diago a subrayar la necesidad urgente de mejorar la infraestructura tecnológica para prevenir actos delictivos y fortalecer la seguridad en las zonas más vulnerables de la ciudad.
Además, la concejala denunció la falta de instalación de 200 cámaras LPR que permanecen almacenadas en una bodega de la Secretaría de Seguridad. Esta situación agrava la percepción de inseguridad en la ciudad y plantea interrogantes sobre la eficiencia en la gestión de recursos destinados a la seguridad pública.
Sobre ese mismo asunto, el concejal Óscar Ramírez Vahos habló días antes. El vocero denunció que se cumplieron 150 días de retraso para la instalación de las 200 cámaras de reconocimiento facial ya adquiridas que permanecen guardadas en un almacén.
A lo anterior, también agregó la incapacidad de la Secretaría de Seguridad para ejecutar el presupuesto, el cual se evidenció en una falta de planeación estratégica y una baja ejecución contractual, con mayor enfoque en las actividades relacionadas con las tecnologías.
“Son enormes los desafíos que tiene la ciudad y que ameritan que la Secretaría de Seguridad ejecute de la mejor manera su presupuesto. Gobernar es hacer y no tiene presentación que se muestre institucionalmente incapaz para ejecutar su presupuesto”, puntualizó el concejal Vahos.
Para los cabildantes, la problemática de las cámaras de vigilancia en Bogotá no solo refleja un desafío técnico, sino también un problema de gestión y priorización de recursos. La inoperatividad de estas cámaras afecta directamente la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones delictivas, lo que incrementa la vulnerabilidad de los ciudadanos.
En este contexto, la exigencia de la concejala Diago de acelerar los procesos de mantenimiento y conectividad se presenta como una medida necesaria para restablecer la confianza en el sistema de seguridad de la ciudad.
Finalmente, ambos voceros estuvieron de acuerdo que más inversión en tecnología y la pronta solución de estos problemas son esenciales para garantizar la seguridad de los habitantes de Bogotá y reducir los índices de criminalidad en las localidades más afectadas.
“Bogotá afronta una grave crisis de seguridad y los recursos no se están invirtiendo”, expresó Vahos, agregando que la capital requiere soluciones tecnológicas urgentes que fortalezcan la gestión que realizan las autoridades en el territorio.