La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce exintegrantes de las extintas Farc-EP, que operaron en norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, donde destaca Pablo Catatumbo, exintegrante del secretariado de la guerrilla y actual miembro de la dirección nacional del Partido Comunes.
De acuerdo con la JEP, los hechos ocurrieron en diecinueve municipios, que se encuentra priorizados por el tribunal de paz en la investigación del caso 05.
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“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de 7 estructuras de las extintas Farc-EP que operaron en norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Se trata de hechos perpetrados en 19 municipios priorizados en la investigación del Caso 05″, expresó la JEP.
Los otros once máximos responsables de las Farc-EP, según la Jurisdicción Especial para la Paz, conocidos por su nombre de guerra, son: Pachochino, Matías Aldecoa, Miguel Ángel Pascuas, Calixto Alirio, Carlos Antonio, William el Paisa, Vladimir Juvenal, Pachoquinto y Mama Juana.
Además, el tribunal de paz detalló que las estructuras de la extinta guerrilla a la que pertenecieron los imputados son: comando conjunto de Occidente (denominado bloque occidental desde 2012), bloque móvil Arturo Ruiz, frente Sexto, compañía móvil Miller Perdomo, compañía móvil Alonso Cortés, compañía móvil Ambrosio González y compañía móvil Simón Rodríguez.
La JEP en su comunicación aseguró que los crímenes imputados contra Pablo Catatumbo y los demás exintegrantes de la guerrilla “fueron cometidos contra indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros civiles sin pertenencia étnica del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca”.
El tribunal detalló que los ataques de la guerrilla afectaron gravemente a la población civil de la región, causaron muertes y desapariciones forzadas, así como traslados y desplazamiento forzoso, persecución, reclutamiento o alistamiento de niñas y niños, utilización de minas antipersonal, ejecuciones extrajudiciales, confinamiento de las comunidades y afectaciones a la naturaleza y los territorios.
“La sala llegó a esta decisión luego de analizar y contrastar 20 informes de organizaciones de víctimas, 7 versiones colectivas, 50 versiones individuales y los informes de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como decisiones de la Corte Constitucional. Asimismo, analizó 130 observaciones de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación a lo dicho por los comparecientes ante la JEP”, afirmó el tribunal.
La Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que en el caso 05, se agregaron versiones interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana.
De igual forma, se realizó una ruta dialógica presencial en territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos para garantizar la participación de víctimas y comparecientes. Asimismo, se verificó la situación de inseguridad en los diecinueve municipios.
“El conflicto armado causó afectaciones a pueblos étnicos como: ocupación de lugares sagrados, amenazas y asesinatos de líderes, especialmente médicos tradicionales; desplazamiento, confinamiento, uso de minas antipersona, despojo de tierras, afectación de territorios; generó marginalidad, exclusión, estigmatización y pobreza en la población”, expresó la JEP.
Y agregó: “La investigación arrojó que la violencia contra los pueblos étnicos no es nueva, hace parte de continuas violencias que comenzaron con el ingreso de los conquistadores europeos, pero no culminó con la independencia, sino que se extendió durante las guerras civiles y el conflicto armado”.
El tribunal de paz informó que se documentaron impactos en las organizaciones como la pérdida de autoridades ancestrales, acabando con liderazgos, lo que generó afectaciones en la cultura y el pensamiento, así como “ataques contra la justicia propia, que derivaron en la desestabilización del ejercicio de la autoridad”.