Decididos a defender la decisión del presidente Javier Milei, en el Gobierno se preparan para la batalla parlamentaria que se avecina en la defensa del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla, designados ayer por decreto presidencial simple como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
“Lo que hizo el Presidente es constitucional. La Corte tiene que tener cinco miembros”, argumentaron en la Casa Rosada el día después de la firma del decreto que designa a Lijo y García-Mansilla como miembros del máximo tribunal de Justicia. “Los jueces están designados en comisión por el Presidente. Pasó un año desde la presentación de los pliegos y no se ha logrado que el Senado le haya dado curso a los pliegos. Por eso se los nombró en comisión. Lo que suceda en el Senado es responsabilidad de esa cámara. No son cuestiones partidarias, sino técnicas y de idoneidad. Uno de los dos llegó a tener dictamen. Veremos cómo se siguen desenvolviendo los hechos”, justificó hoy Manuel Adorni, vocero presidencial, la decisión de Milei.
Para defender las designaciones, en el Gobierno ya piensan en varios planes de acción. El primero será tratar de dilatar al máximo una posible sesión en el Senado para tratar el tema. En la Cámara alta el oficialismo se encuentra en minoría y necesitará de sus aliados para frenar el intento del kirchnerismo de voltear ambas designaciones. Es decir, el oficialismo trabajará para impedir que quienes se oponen a las designaciones por decreto simple consigan, en el inicio de las sesiones ordinarias, los 25 votos necesarios (un tercio más uno del cuerpo) para rechazar el pliego de ambos jueces, si éstos juran en sus cargos sin aval legislativo.
“La discusión que plantea el peronismo no es válida, no nos parece correcto ni legal que nos quieran bajar designaciones en comisión”, afirmaron desde la planta baja de Balcarce 50.
Como publicó LA NACION, aún antes de que Milei firmara el decreto de designación de Lijo y García-Mansilla, desde la Casa Rosada hicieron llegar a varios despachos del Senado el argumento oficial, basado en el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, en el que se ampara el decreto presidencial, le garantiza estabilidad a los designados hasta el 28 de febrero del año próximo, cuando concluirá la próxima legislatura. Según esta visión, que en la Cámara alta se atribuye al propio García-Mansilla, el Senado estaría impedido de rechazar los pliegos en virtud de la debida garantía de independencia que la Constitución garantiza para los jueces.
Para frenar el inminente embate opositor, y aunque ese número sería, en los papeles, accesible para Unión por la Patria y miembros de otras fuerzas, en Balcarce 50 cuentan con el apoyo de gobernadores peronistas con ascendencia sobre sus senadores, como el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo. También confían, vía ministros dialoguistas como el jefe de gabinete Guillermo Francos, en una ayuda similar por parte de los gobernadores radicales, vitales (en el caso de los senadores de la UCR de Corrientes, Chaco y Mendoza) para el fracaso del proyecto de creación de la comisión investigadora del escándalo cripto, la semana pasada.
El plan B, más a largo plazo, es buscar durante este año los dos tercios del cuerpo en el Senado, necesarios para que los jueces designados consigan el aval legislativo permanente. “Y si no, que se vote, y quedará definido quien está de un lado y quien del otro”, desafiaron desde el oficialismo, sabedores de la preferencia de sectores del kirchnerismo por la postulación de Lijo. Cerca del Presidente confían en que, a la hora de la verdad, en el momento en que se produzca la votación, “los votos están” para apoyar la designación de Lijo, no así el pliego de García-Mansilla, rechazado por el peronismo.
En relación a la eventual renuncia de Lijo al cargo de juez federal-ya hizo un pedido informal a la Cámara para que le conceda una licencia– en el Gobierno prefieren ser cautos. “Ahí no nos metemos, es un problema de Lijo y de la Justicia”, se desentendieron en los despachos oficiales.