El gobierno de Maximiliano Pullaro avanza en el envío de un nuevo paquete de leyes vinculadas a seguridad pública, procesos penales y mayores facultades para las fuerzas policiales y fiscales. La iniciativa incluirá reformas sensibles y de fuerte impacto político e institucional, en un momento donde desde distintos sectores de la oposición vuelven a cuestionar el ritmo con el que el oficialismo impulsa temas clave en la Legislatura provincial.
Las propuestas todavía se encuentran en etapa de análisis interno dentro de Unidos, pero desde la Casa Gris ya anticipan que el objetivo es remitir los proyectos en las próximas semanas para acelerar el debate parlamentario sobre uno de los ejes centrales de la gestión provincial: la seguridad.
Sin embargo, el avance del nuevo paquete legislativo reabre una discusión política cada vez más presente en Santa Fe: hasta dónde el oficialismo utiliza su mayoría parlamentaria para avanzar rápidamente con reformas estructurales y cuánto espacio real existe para el debate en comisión y la construcción de consensos.
Un oficialismo que acelera reformas
La administración Pullaro viene sosteniendo una estrategia legislativa de fuerte intensidad política desde el inicio de la gestión.
Reforma previsional, ley de necesidad de la reforma constitucional, autonomía municipal, modificaciones judiciales y ahora un nuevo paquete de seguridad forman parte de una agenda donde el Ejecutivo mantiene iniciativa constante y fuerte presión parlamentaria.
Desde la oposición cuestionan que muchos de esos proyectos atraviesan escaso debate en comisión y llegan rápidamente al recinto con tiempos legislativos muy ajustados.
Uno de los ejemplos que más se menciona en los pasillos políticos es la reciente aprobación de la creación del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, que obtuvo media sanción en Diputados y luego atravesó el Senado prácticamente sin modificaciones ni discusión profunda.
“En algunos temas la Legislatura parece funcionar más como una escribanía que como un ámbito real de debate”, deslizan desde sectores opositores.
El nuevo paquete de seguridad
El nuevo envío legislativo promete abrir una discusión todavía más áspera.
Según trascendió, el gobierno trabaja sobre un paquete de aproximadamente once leyes que buscan endurecer herramientas vinculadas a seguridad pública, investigaciones penales y actuación policial.
Entre los puntos más sensibles aparece la posibilidad de habilitar declaraciones informativas a imputados sin presencia inmediata del abogado defensor en situaciones excepcionales relacionadas con riesgo para terceros o seguridad colectiva.
También se impulsa el juicio en rebeldía o “juicio en ausencia”, permitiendo avanzar en procesos judiciales aun cuando el acusado no se presente ante la Justicia.
Otro de los ejes centrales será la ampliación de facultades para allanamientos, requisas y controles policiales en determinadas zonas consideradas críticas o con altos niveles de violencia.
Derribo de búnkeres y presos de alto perfil
El paquete también incorpora herramientas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Una de las iniciativas busca agilizar el derribo de búnkeres utilizados para venta de drogas, habilitando procedimientos con autorización fiscal y sin necesidad de audiencia judicial previa.
Además, el gobierno pretende endurecer aún más las condiciones para detenidos considerados de “alto perfil”, incluyendo la posibilidad de restringir totalmente las visitas y permitir únicamente contacto epistolar.
Desde el Ejecutivo sostienen que estas medidas apuntan a consolidar el esquema de seguridad impulsado desde el inicio de la gestión y profundizar herramientas preventivas y operativas.
Ciberpatrullaje y control digital
Otro de los capítulos que seguramente generará mayor debate político y jurídico será la incorporación formal de mecanismos de ciberpatrullaje.
La propuesta contempla monitoreo de entornos digitales y redes sociales para detectar posibles amenazas, delitos o situaciones de riesgo.
El tema aparece especialmente vinculado a casos recientes de amenazas escolares y situaciones de violencia juvenil que generaron conmoción en distintas ciudades de la provincia.
Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es incorporar herramientas modernas de inteligencia preventiva, mientras que algunos sectores opositores y especialistas ya anticipan preocupación sobre posibles tensiones con garantías constitucionales y derechos individuales.
Las diferencias dentro de Unidos
Pero antes del debate con la oposición, el gobierno deberá ordenar la discusión interna dentro de la propia coalición oficialista.
En la Casa Gris reconocen que varios de los proyectos contienen puntos potencialmente conflictivos, especialmente para sectores del socialismo que históricamente sostuvieron posiciones más garantistas en materia penal y procesal.
De hecho, dentro del oficialismo ya admiten que la discusión será “más política que judicial”.
La tensión no es menor: mientras el pullarismo impulsa una lógica de endurecimiento penal y ampliación de facultades estatales bajo el argumento de combatir la inseguridad, otros sectores de Unidos advierten sobre el riesgo de avanzar sobre garantías procesales y derechos individuales.
Seguridad, poder político y debate institucional
Más allá del contenido específico de cada ley, el paquete vuelve a mostrar el momento político que atraviesa Santa Fe.
Por un lado, un gobierno decidido a profundizar reformas estructurales utilizando el capital político y legislativo construido desde 2023. Por el otro, una oposición que denuncia falta de debate y sectores internos del oficialismo que empiezan a mostrar diferencias ideológicas cada vez más visibles.
El resultado promete una discusión de alto voltaje político en la Legislatura.
Porque aunque muchos de los temas que impulsa el Ejecutivo aparecen ligados a demandas sociales concretas sobre seguridad y orden público, también empiezan a abrir debates sensibles sobre límites institucionales, garantías constitucionales y concentración de poder estatal.
