Kathy Hochul anunció la concreción de un acuerdo preliminar de presupuesto por USD 268.000 millones para el estado de Nueva York, que introduce un impuesto progresivo anual a segundas residencias de lujo valuadas en más de USD 5.000.000 en la Ciudad de Nueva York.
Según el comunicado de la Oficina de la Gobernadora —la máxima autoridad ejecutiva del estado— la medida busca recaudar aproximadamente USD 500.000.000 anuales, que se destinarán a reducir el déficit fiscal estatal y municipal, cifrado en USD 2.200.000.000 y USD 5.400.000.000, respectivamente, de acuerdo con datos oficiales del Departamento de Finanzas (la principal oficina tributaria del estado) y la Oficina de Presupuesto Independiente de Nueva York (organismo autónomo de análisis fiscal).
Hochul argumentó: “Si usted puede permitirse una segunda vivienda de USD 5.000.000 que permanece vacía la mayor parte del año, también puede permitirse contribuir, al igual que cualquier otro neoyorquino”. El anuncio representa un giro respecto a ejercicios previos y se formuló luego de semanas de negociaciones legislativas en Albany, con el objetivo de fortalecer la financiación de programas sociales esenciales, incluidos cuidado infantil y vivienda pública.
El impuesto progresivo —denominado “pied-à-terre tax”— impactará a unas 13.000 propiedades que pertenecen en su mayoría a grandes fortunas y fondos internacionales cuyos propietarios residen fuera de la ciudad la mayor parte del año, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Finanzas.
Se utiliza el término francés “pied-à-terre” para referirse a viviendas de lujo utilizadas ocasionalmente por personas que cuentan con residencias principales fuera de la Ciudad de Nueva York.
El esquema establece tasas diferenciadas según el valor de los inmuebles (más de USD 15.000.000 y más de USD 25.000.000), priorizando la redistribución fiscal y el alivio para la clase media y las pequeñas empresas.
El total recaudado financiará programas de infraestructura, asistencia social y garantizará los servicios públicos, conforme establece la gobernación.
El acuerdo incorpora además una ampliación de fondos para el cuidado infantil por USD 1.900.000.000, nuevos límites a la cooperación de agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y topes a indemnizaciones por seguros de automóviles.
También se implementará un esquema de reembolsos para compensar a hogares por el alza en las tarifas de servicios públicos, respuesta al incremento sostenido de los costos desde hace dos años, según la Comisión de Servicios Públicos del Estado (organismo regulador estatal en energía y servicios).
El asambleísta Zohran Mamdani —impulsor central del proyecto— consideró que: “Estamos un paso más cerca de equilibrar nuestro presupuesto mediante la imposición de tributos a los ultrarricos y a las élites globales”.
El Partido de las Familias Trabajadoras y organizaciones sociales remarcaron que la reforma tributaria representa “un avance para lograr que quienes más tienen aporten lo que les corresponde y nuestro presupuesto refleje el compromiso con los neoyorquinos de clase trabajadora”.
Desde la Junta Inmobiliaria de Nueva York (asociación principal del sector de bienes raíces), su presidente, Jim Whelan, expresó reservas y sostuvo que el impuesto “no generará la cantidad de ingresos prevista”, sino que provocará la eliminación de miles de empleos en la construcción, reducirá el valor de las propiedades y aumentará los costos para los neoyorquinos. Además, advirtió sobre posibles efectos negativos para el mercado inmobiliario de lujo.
El presidente de la asamblea estatal, Carl Heastie, señaló en conferencia de prensa: “Aún restan cuestiones centrales sin resolver”. Consideró prematuro el anuncio de Hochul y remarcó: “No hay acuerdo presupuestario definitivo”.
En el Senado estatal, la presidenta del comité de finanzas, Liz Krueger, indicó que persisten diferencias sobre la asignación de recursos para salud mental y educación pública, temas clave en la actual negociación.
Reacciones y tensiones políticas tras el anuncio
El anuncio del acuerdo presupuestario motivó respuestas inmediatas en el ámbito político y social. Zohran Mamdani confirmó que la presentación del presupuesto de Brooklyn tendrá lugar la próxima semana, en un contexto de demoras generalizadas tanto a nivel estatal como municipal.
Autoridades locales atribuyen el retraso a discrepancias sobre el alcance de los nuevos tributos y al impacto de la reducción de transferencias federales, que descendieron un 12% interanual según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Esta caída en los fondos federales ha agravado los déficits presupuestarios locales e incidido en la necesidad de aplicar nuevas fuentes de recaudación fiscal.
La Junta Inmobiliaria de Nueva York reiteró su rechazo a la reforma y alertó por las posibles consecuencias en el empleo y el valor inmobiliario.
En contraste, sindicatos y organizaciones de vivienda consideraron la medida como una herramienta para redistribuir la carga fiscal y proteger los servicios públicos, solicitando además mayor inversión en viviendas asequibles y medidas efectivas ante la emergencia habitacional.
Contexto fiscal, déficit y antecedentes recientes
El déficit fiscal de la Ciudad de Nueva York, que alcanza los USD 5.400.000.000, es consecuencia tanto de la caída de la recaudación tributaria como de la reducción de transferencias federales y el alza de los gastos en salud y servicios sociales, según la Oficina de Presupuesto Independiente.
En 2023, la ciudad aplicó recortes del 4% en el gasto operativo y postergó inversiones en infraestructura por USD 800.000.000.
El nuevo impuesto a segundas residencias se añade a otras iniciativas de generación de recursos aplicadas desde 2022, como el incremento en la tasa de registro de propiedades y la imposición de tarifas progresivas a servicios de lujo.
La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Nueva York —cámara representativa del sector— informó sobre una disminución del 18% en la venta de residencias de alto valor durante los últimos dos años, fenómeno atribuido a la coyuntura económica y a una presión fiscal superior.
La crisis habitacional permanece como desafío prioritario: más de 150.000 personas esperan acceder a un apartamento de vivienda pública, de acuerdo con la Autoridad de Vivienda Pública de Nueva York (NYCHA), ente responsable de la administración de viviendas sociales.
El ayuntamiento impulsa la transformación de 16.300 oficinas en apartamentos para ampliar la oferta habitacional, aunque especialistas advierten que solo una parte podrá ser destinada a vivienda asequible.
Además, en agosto de 2025, el Concejo Municipal (máximo órgano legislativo local) aprobó un plan de rezonificación para construir unas 9.500 nuevas viviendas en Midtown Manhattan, programa que entrará en vigor el próximo año.
