La Cámara Civil rechazó en una acordada el fallo de la Corte que le da mas poder a la Justicia porteña

La Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazó el fallo de la Corte Suprema que le da más poder a la Justicia porteña, ya que determina que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad revisará todos sus fallos. En la acordada 1199, los magistrados expresaron: “Esta Cámara expresa su rechazo a dicha decisión, en la inteligencia de que ningún tribunal de justicia cuenta con facultades para atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar resoluciones o sentencias de tribunales nacionales”.

El tribunal, presidido por el juez Omar Díaz Solimine, consideró que de este modo se altera “la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, afectando la división de poderes y provocando una situación de incertidumbre en los litigantes, demoras injustificadas en el trámite de los procesos, y mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir”.

Los camaristas advirtieron que así se perturba “el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa” y “se afecta la garantía constitucional del acceso a la jurisdicción, del debido proceso y la seguridad jurídica”. Dijeron que no es la Corte la que debe decidir sobre estos asuntos. Sin nombrarla escribieron: “cuestiones de esta naturaleza están reservadas al Honorable Congreso de la Nación, por la Constitución Nacional es en ese ámbito en el que deben ser debatidas y decididas”.

La Cámara Civil convocó además a un plenario para la semana que viene para sentar una doctrina legal obligatoria para el fuero donde diga que las sentencias de los jueces nacionales en lo civil no pueden recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) , Inés M. Weinberg (Presidente) , Luis F. Lozano y Marcela De LangheMarcela De Langhe

El pronunciamiento de la Cámara Civil es parte de la guerra judicial de los jueces nacionales contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como Levinas de la última semana del 2024. La Corte Suprema tomó la decisión de enviar las causas en apelación al Tribunal Superior de Justicia porteño mediante esa sentencia “Levinas”, que significó un avance en el reconocimiento de la autonomía judicial porteña.

También determinó que la “Corte local” se convierta en tribunal de alzada de las causa de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Los jueces nacionales, que resisten el traspaso, se oponen al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema porque lo consideran ilegal, ya que entienden que modifica todo el sistema de funcionamiento del Poder Judicial a partir de la definición de una causa determinada.

La estrategia de las cámaras

Los fallos de la Corte Suprema no obligan a ninguna instancia inferior. Por eso, al echar mano a esa independencia judicial, es que las cámaras están trazando una estrategia para evitar que los casos en apelación vayan al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La Cámara Comercial se reunirá en estos días y la Cámara Laboral lo hará mañana.

Además, el procurador general de la Nación Eduardo Casal le pidió el viernes pasado a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, que suspenda la aplicación de esa sentencia. En un oficio al que accedió LA NACION, Casal señala que el fallo Levinas, que obliga a que todas las sentencias de la justicia nacional sean revisados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, le impedirá “cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos”.

El procurador general de la Nación Eduardo Casal

Este oficio, dirigido a Rosatti y fechado el 31 de enero de 2025, está en sintonía con la rebelión de los jueces nacionales contra este fallo de la Corte Suprema. Además,la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional (AMFJN) pidió al máximo tribunal que suspenda y revoque el fallo dictado el último día del año pasado que obliga a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resuelva en apelación todas las causas civiles, comerciales, penales y laborales.

La asociación, que es la entidad gremial que reúne a los jueces federales, planteó un escrito en la Corte en el que pide que se revoque lo decidido en 16 causas, que obligan a presentar los recursos contra los fallos de Cámara ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y no ante la propia Corte.

Entre esas causas se cuenta no solo el precedente del caso Levinas, que dio origen a este conflicto, sino la causa del Correo Argentino, donde la familia Macri pidió apartar a la jueza y a la fiscal que dispusieron la quiebra de la empresa ante una deuda millonaria que les reclama el Estado Nacional. Ahora esa causa la resolverá el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde tres de sus cinco miembros tienen vínculos con Pro.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, decidió en una causa de la familia del artista León Ferrari contra el periodista Gabriel Levinas que las sentencias de la cámara civil debían ser enviadas en revisión al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad y no a la propia Corte Suprema como hasta ahora. Y fijó esto como criterio general para las causas penales, civiles, comerciales y laborales que tramiten en la ciudad de Buenos Aires.

El juez Rosenkrantz votó en disidencia y dijo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no es el “órgano superior jerárquico común” que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de la ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la justicia nacional ordinario. Mencionó además si bien la Corte admitió que el carácter nacional de los jueces es meramente transitorio, ello no ni implica negarle a esos magistrados dichos magistrados su carácter nacional. Y puntualizó que en todo caso que hay convenios de transferencias de competencias del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que ese proceso político se encuentra en marcha.

Con la salida de Maqueda, la Corte Suprema quedó con tres jueces y no podría formar una mayoría para dictar esta sentencia, ya que las posturas están dos a uno y se requieren tres firmas para que un fallo. Pero los jueces nacionales se plantaron en pie de guerra contra el fallo de la mayoría de la Corte Suprema porque señalan que perjudicará los procesos.