El gobierno de la Ciudad dio de baja la licitación para instalar un gift shop con venta de comidas y bebidas al paso en una antigua bóveda del Cementerio de la Recoleta, luego de que el proyecto quedara envuelto en una disputa judicial impulsada por integrantes de la familia que había tenido la concesión del espacio.
La Justicia hizo lugar a un amparo presentado por parte de Lucía Girado, heredera de la familia, que cuestionó la caducidad de la concesión de la bóveda y solicitó suspender cualquier disposición sobre el inmueble.
Desde el gobierno porteño sostuvieron que los 30 propietarios registrados de la bóveda acumulaban una deuda por mantenimiento de $22.215.070 correspondiente al período 2007-2026. A esa cifra se sumaba otro pasivo de $15.587.653 por trabajos de reparación realizados por la Ciudad.
Las autoridades señalaron además que durante el procedimiento se enviaron cartas documento y se publicaron edictos desde 2025, sin que ninguno de los titulares regularizara la situación ni abonara esos montos. Según la versión del gobierno, la declaración de caducidad siguió el procedimiento habitual que se aplica en los cementerios porteños.
La acción judicial fue iniciada en el expediente “Girado Lucía contra GCBA sobre amparo” (Expte. 193444/2026-0), que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°6, a cargo de la jueza López Vergara.
El espacio que iba a ser concesionado está ubicado en la Sección 17, Tablón 201, del Cementerio de la Recoleta y tiene una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados. Según la información oficial, se trata de una bóveda que había sido restituida al patrimonio de la Ciudad después de completarse el procedimiento administrativo previsto.
La licitación contemplaba la explotación comercial del lugar durante cinco años y fijaba un canon base de $1.600.000. El proyecto había sido revelado por LA NACION y generó repercusiones debido a que el espacio elegido para el emprendimiento era una bóveda familiar dentro del cementerio más emblemático de la ciudad.
Qué dijo la heredera de la bóveda
La difusión pública de la licitación provocó la aparición de integrantes de la familia vinculada a la bóveda, quienes llevaron el caso a la Justicia.
Lucía Girado, una de las herederas, afirmó que nunca fue notificada sobre el llamado a licitación y aseguró desconocer qué ocurrió con los restos de familiares que, según indicó, estaban sepultados allí. Entre ellos mencionó a su padre y a dos de sus abuelos.
“No notificaron a nadie. Hablé, por lo menos, con 10 miembros de mi familia y nadie sabía nada”, sostuvo Girado en declaraciones a LA NACION.
El panteón —al igual que casi todos los entregados en el siglo XIX— fue concesionado a perpetuidad a la familia oriunda del sur de la provincia de Buenos Aires. Girado explicó que, con el correr de los años, perdió el rastro de cuál de sus familiares figura actualmente como titular en los registros del cementerio. Esa situación, sostuvo, le impidió hacerse cargo del pago de la tasa anual y del mantenimiento general de la bóveda, pese a haber intentado —según aseguró— regularizar la situación en reiteradas oportunidades.
“Cuando empezó a deteriorarse la bóveda, fui varias veces a preguntar y me decían que tenía que ir el titular, que es el que tiene los papeles. Nadie sabe quién los tiene; es una bóveda ancestral y la titularidad va cambiando de persona a persona”, afirmó.
Actualmente, según relató, la bóveda se encuentra tapiada y el acceso al sector está restringido, incluso para los familiares. Esa situación abrió para Girado un interrogante todavía más delicado: qué ocurrió con los restos que estaban en su interior.
“No sé si mi papá está ahí o no, no puedo saber si se llevaron nada”, lamentó. El pasado viernes, la mujer —una de las últimas herederas del lugar— presentó un amparo legal para intentar frenar la obra de la administración de Jorge Macri y recuperar la concesión familiar.
