La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el jueves una ley de Hawái que exigía a los portadores de armas obtener el permiso expreso de cada propietario antes de ingresar con un arma a negocios y espacios privados abiertos al público. La decisión, de 6 votos contra 3, fue redactada por el juez Samuel Alito con el respaldo de la mayoría conservadora del tribunal.
“Este régimen obstaculiza lo que protege la Segunda Enmienda: el derecho de los estadounidenses a portar armas para su autodefensa en su vida cotidiana”, escribió Alito. “Declaramos la ley inconstitucional.”
El fallo se enmarca en una semana de expansión acelerada de los derechos sobre armas. Días antes, el tribunal decidió por unanimidad restringir la aplicación de una ley federal que prohibía poseer armas a ciertos consumidores de drogas, una medida que amenazaba los derechos de millones de estadounidenses que usan marihuana y poseen armas de fuego.
La ley impugnada
La norma de Hawái, aprobada en 2023, establecía que nadie podía ingresar con un arma a una propiedad privada abierta al público —una tienda, un restaurante— sin la autorización explícita del dueño, mediante señalización visible o permiso verbal o escrito. También designaba más de una docena de “lugares sensibles” donde las armas quedaban prohibidas, entre ellos playas y establecimientos que sirven alcohol.
El tribunal consideró que esa norma invertía la regla del derecho consuetudinario, bajo la cual cualquier persona puede ingresar a una propiedad abierta al público salvo que se le prohíba expresamente. Hawái hizo lo opuesto: nadie con un arma puede entrar sin autorización previa.
El caso fue iniciado por tres residentes de Maui con permisos para portar armas de forma oculta y por la Coalición de Armas de Hawái, con el respaldo de la administración de Donald Trump.
El test Bruen, eje del debate
Ambos fallos recientes se apoyan en el llamado test Bruen, surgido de la decisión de 2022 redactada por el juez Clarence Thomas en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. Bajo ese estándar, una ley de control de armas no puede justificarse por promover un interés gubernamental legítimo: debe demostrar raíces en la tradición histórica de regulación de armas del país.
El único precedente que superó ese test fue el caso Rahimi de 2024, en el que el tribunal —con 8 votos contra 1— mantuvo la ley federal que prohíbe tener armas a personas sujetas a órdenes de protección por violencia doméstica.
El profesor Jacob Charles, de la Facultad de Derecho Caruso de la Universidad Pepperdine, explicó a Reuters que los dos fallos recientes “confirman el escepticismo extremo del tribunal ante todo tipo de regulaciones sobre armas, especialmente las nuevas”.
El test, añadió, “hace extremadamente difícil para los legisladores crear leyes de armas para proteger a sus ciudadanos”.
Consecuencias para otros estados
El fallo en el caso Wolford v. Lopez no afecta solo a Hawái. Otros cuatro estados —Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y California— adoptaron leyes similares tras Bruen, con la misma presunción de que los propietarios prohíben el ingreso de armas salvo autorización expresa. Esas normas quedan ahora bajo serio cuestionamiento legal.
El fallo sí deja en pie las restricciones en lugares como iglesias o edificios gubernamentales. Los negocios como supermercados o centros comerciales podrán seguir prohibiendo el ingreso de armas, pero deberán hacerlo mediante avisos visibles.
Las voces en contra
La jueza Ketanji Brown Jackson redactó la disidencia —acompañada por la jueza Sonia Sotomayor— y argumentó que el caso era sobre derechos de propiedad, no sobre la Segunda Enmienda, y que la ley era constitucional porque preservaba el derecho de los dueños a excluir personas de sus propiedades.
Kris Brown, presidenta del grupo de control de armas Brady, fue más directa. “Esta opinión mayoritaria profundamente peligrosa privilegia las armas por encima de todo y de todas las personas en la sociedad”, dijo, y acusó al tribunal de haber “manipulado un test de su propio diseño para lanzar este ataque contra la seguridad pública”.
Más casos de armas en el horizonte
Con el término actual del tribunal próximo a concluir, los grupos de defensa de la Segunda Enmienda ya tienen la vista puesta en el ciclo que comienza en octubre. Entre los recursos bajo análisis figuran impugnaciones a las restricciones estatales sobre rifles de asalto tipo AR-15 y cargadores de alta capacidad.
Stephen Stamboulieh, abogado del grupo Gun Owners of America, afirmó a Reuters que “ya es hora de que el tribunal aplique” sus fallos anteriores contra ese tipo de restricciones.
