(Desde Washington, Estados Unidos) La crisis institucional en Venezuela dividió a la Organización de Estados Americanos (OEA), que convocó para hoy a una reunión extraordinaria destinada a tratar un proyecto de Resolución encabezado por Estados Unidos que exige a Nicolas Maduro “el respeto de los derechos humanos, la voluntad soberana del electorado venezolano y la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.
La propuesta de Estados Unidos está respaldada por Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay. Franc Mora, representante de la Casa Blanca en la OEA, durmió pocas horas en los últimos días para lograr al menos 18 votos que permitan sancionar la iniciativa contra Maduro.
Hasta anoche, Mora no había logrado su objetivo político.
Frente a la posición que lidera Estados Unidos aparece Brasil con Colombia y México como aliados principales con propios intereses geopolíticos. Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen distintas tácticas para abordar la crisis en Venezuela, pero la suma de sus propias agendas domésticas terminan fortaleciendo a la dictadura de Maduro.
Da Silva tiene una relación tensa con Maduro y propone nuevas elecciones o un gobierno de coalición. Estos planteos son cuestionados en el Departamento de Estado y por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los representantes de la oposición venezolana que derrotaron al dictador. Con estas iniciativas políticas, Lula corre a Brasil del bloque de países que presionan al regimen y oxigena a Maduro que resiste apoyado por China, Rusia, Irán y Cuba.
Petro busca diferenciarse de Lula -disputa su liderazgo regional-, y además de plantear nuevas elecciones y un “gobierno de cohabitación transitorio”, propuso una “amnistía general nacional e internacional” para Maduro y sus socios políticos. Esta iniciativa es rechazada por la Casa Blanca y los opositores González Urrutia y Machado.
-¿Estados Unidos planteó una amnistía para resolver la crisis?-, le preguntaron ayer a John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad de Biden.
-Eso no es cierto-, contestó Kirby sin dudar.
López Obrador, a diferencia de Lula y Petro, no presentó una hoja de ruta propia y optó por ampararse en el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países para facilitar la permanencia de Maduro en el poder.
El presidente de Mexico es un socio silencioso de la dictadura venezolana.
En este contexto, Brasil, Colombia, México, Bolivia, Santa Lucía, Colombia, Saint Kits y Nevis, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago se mueven en bloque para trabar la sesión de hoy a la tarde (16.00, hora del este), que fue citada con el objetivo de condenar al regimen populista. Bolivia tiene una mirada ideológica a favor de Maduro y los países caribeños reciben petróleo venezolano a valores insólitos.
Estados Unidos y sus aliados aprovecharán las horas previas a la reunión extraordinaria para hilvanar una mayoría (al menos 18) que permita sancionar el proyecto condenando a Maduro. Si no logran su cometido político, y para evitar otro fracaso de la OEA como sucedió hace dos semanas, la sesión se postergaría hasta nuevo aviso.
No será tarea sencilla: a priori la Casa Blanca necesita 7 votos, una cifra que pone en conflicto a la matemática con la negociación política. Todavía hay países que están indecisos, pero eso no implica que apoyen la resolución contra Maduro.
El proyecto presentado por Estados Unidos tiene siete artículos y una redacción liviana para acercar posiciones diplomáticas. La iniciativa, que se trataría hoy en el Consejo Permanente de la OEA, establece:
“1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.
2. Insistir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela así como para todos los Estados de las Américas.
3. Llamar a todas las partes interesadas, actores políticos y sociales, con inclusión de las autoridades en Venezuela, a abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano.
4. Solicitar a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
5. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.
6. Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: (a) publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y (b) respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.
7. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y comprometerse a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela”.