La designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema por decreto del Poder Ejecutivo generó una turbulencia que se extendió al sector privado y dividió a los empresarios.
Dos de las cámaras que nuclean a grandes empresas argentinas o con actividad en el país cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei y señalaron que atenta contra la seguridad jurídica y el clima de negocios. En paralelo, otro sector aún no definió su postura o ni siquiera lo puso en agenda.
Las críticas
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) e IDEA señalaron que la decisión afecta la previsibilidad necesaria para el crecimiento económico.
En IDEA señalaron que la decisión “contradice los valores republicanos” y que los poderes del Estado deben cumplir con su responsabilidad con los caminos constitucionales para designar a los magistrados.
“Cómo representantes del sector empresario, hacemos un llamado a todos los poderes y a los representantes de todo el arco político a fortalecer la institucionalidad, condición indispensable para generar la confianza para atraer inversiones necesarias para el desarrollo del país”, dijo IDEA.
AmCham destacó que el Gobierno tuvo avances en materia económica, pero que la designación de los jueces por decreto puede “opacar estos esfuerzos” y que “representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional”.
Sobre el mecanismo usado, destacaron que no parece el camino “más adecuado” siendo que este sábado comienzan las sesiones ordinarias.
Silencios
Las demás grandes cámaras del país aún no se manifestaron sobre la decisión del Ejecutivo. Las integrantes del G6 no confirmaron que el tema haya estado en discusión. Este grupo se compone por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Tampoco se manifestó la Asociación Empresarial Argentina (AEA), que comprende a los CEOS de grandes empresas locales como Techint, Coto, Perez Companc, Aceitera General Deheza, IRSA, Cencosud, Consultatio, y a la que recientemente se sumó Marcos Galperín, de Mercado Libre.
Tampoco se manifestó la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), que expresó su preocupación por los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.
Hipótesis
Juan Martín Morando, socio de Legales en BDO Argentina, explicó que las designaciones, al ser temporales, influyen en la seguridad jurídica, en parte porque la Corte podría caer fácilmente en caso de una nueva integración.
“Como ejemplo, basta pensar en un caso hipotético en el cual, en una determinada cuestión mercantil, tributaria o laboral, la mayoría quedara conformada con los votos de Lorenzetti, Lijo y García Mansilla y que, no habiendo sido ratificados (al 30 de noviembre de 2025) estos últimos debieran dejar sus cargos en comisión”, grafica.
“¿Subsistiría esa doctrina, aún cuando, de votar nuevamente en un caso similar la mayoría quedaría conformada por los votos de Rosatti y Rosenkrantz quienes anteriormente habían quedado en minoría?”, planteó Morando sobre las implicancias en el clima empresario argentino.
AmCham marcó que las decisiones de los cortesanos podrían derivar en su nulidad por no haber sido aprobados por el Senado, y quedarían expuestos a cuestionamientos sobre su validez y legalidad. En caso de no reformularse las propuestas de designación formales por el Ejecutivo, estas serán transitorios, no pudiendo extenderse más allá del 30 de noviembre de 2025.