La Fiscalía de Ecuador pidió al Tribunal de Garantías Penales que conoce el Caso Encuentro que sentencie, en calidad de líder del delito de delincuencia organizada, a Danilo Carrera, el cuñado del ex presidente Guillermo Lasso. Se acusa a Carrera y como colaborador a Antonio Icaza, ex gerente de la estatal Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), de haber participado en una estructura de corrupción en las empresas públicas durante la administración de Lasso.
En su alegato de cierre, la Fiscalía indicó “que los procesados actuaron con pleno conocimiento de la ejecución del ilícito y que cada uno desempeñó un rol específico, como líder y colaborador, respectivamente” y sostuvo que ambos procesados son penalmente imputables.
De acuerdo con la fiscal a cargo del caso, Carrera (de 65 años), en coordinación con su asesinado amigo, Rubén Cherres, y con la colaboración de Icaza, participaron de una “estructura criminal, con el objetivo de obtener beneficios para los líderes del grupo”. De acuerdo con el Ministerio Público: “Los líderes se habrían valido de la designación de Hernán Luque (detenido en Argentina) en la dirección de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas para nombrar a Antonio Icaza como gerente general de CNEL, quien habría participado en el direccionamiento de contratos en el sector eléctrico”, según recogió Teleamazonas.
Según el Código Penal ecuatoriano, Carrera podría enfrentar entre siete y diez años de prisión. Mientras que Icaza, por haber cometido el ilícito durante el ejercicio de un cargo público, podría tener una sentencia de hasta 13 años. La Fiscalía pidió a los magistrados que en la condena de cada uno se incluya el pago de USD 682.188,08 como reparación integral y que “se disponga la instalación de un buzón de transparencia en CNEL EP”.
El caso Encuentro investiga una trama de corrupción en el sector público que involucró a altos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. La Fiscalía lo ha catalogado como un caso de connotación y ha explicado que la organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, de forma planificada y coordinada, buscaban “obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas”. Esa influencia política habría permitido que se direccione “la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener réditos económicos”.
En enero de 2023, la Fiscalía abrió el caso Encuentro luego de ocho allanamientos simultáneos en Guayaquil y Quito. Entonces, el ministro de gobierno de Lasso, Francisco Jiménez, en un encuentro con la prensa en el Palacio de Carondelet de Quito, aseguró que “el gobierno del Ecuador ratifica su firme postura de que se investigue lo que se deba investigar” y se mantuvo en que “no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno del Ecuador”.
Cuando el escándalo estalló, el ahora ex presidente Lasso dijo, en una entrevista con Plan V, que conoce desde al menos 60 años a su cuñado y que es una persona íntegra. Por su parte, Carrera ha sostenido hasta la actualidad que la Fiscalía no tiene evidencia de que él haya cometido ilícitos y que la acusación se fundamenta en “elucubraciones”. Carrera guarda arresto domiciliario por ser un adulto mayor.
Para varios de los implicados en la trama se suspendió la etapa de juzgamiento pues están prófugos de la justicia. Por ejemplo, Hernán Luque fue detenido en Argentina, pero aún no se ha concretado su extradición al Ecuador. A él se suman otros ex funcionarios, empresarios y socios de los líderes de la estructura de corrupción.
Dentro del caso Encuentro también se lo investigaba a Rubén Cherres, que fue asesinado el 31 de marzo de 2023 en una casa en la playa junto a su novia, un amigo y el guardián de la propiedad. Cherres fue vinculado con Dritan Gjika, un narco albanés a quien se lo investiga en el caso Pampa, pero que está prófugo.