La jueza federal María Eugenia Capuchetti recusó al fiscal federal Franco Picardi en la causa en que se investiga su denuncia contra el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, a quien acusó de mentir cuando declaró que la jueza había manipulado al celular de Fernando Sabag Montiel, al ser detenido por el atentado contra Cristina Kirchner.
La magistrada, que fue reconocida por el juez federal Ariel Lijo como querellante en esta causa por falso testimonio contra el ministro de Axel Kicillof, apuntó a la vinculación “política y de amistad personal” entre el fiscal Picardi y Mena.
En su escrito de recusación, que ahora deberá resolver el juez Lijo, Capuchetti dijo que le “genera profunda preocupación” el eventual desempeño del fiscal.
Capuchetti denunció que Mena mintió cuando declaró ante la jueza María Servini y afirmó que la magistrada había manipulado el teléfono celular de Sabag Montiel, al ser detenido por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Ese teléfono fue secuestrado la noche del 1° de septiembre de 2022 y cuando fue manipulado por la Policía Federal quedó bloqueado y se reseteó a su estado de fábrica. Así lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando lo intentó abrir.
Capuchetti dijo que Mena “introdujo una versión mentirosa de los hechos; circunstancia que configura sin lugar a dudas la comisión de un delito de acción pública” y lo denunció en el juzgado de Lijo. Picardi es el fiscal de turno con este juez.
Pero Capuchetti dijo que “no puede omitirse la ponderación de la conocida relación” entre ambos y puso como ejemplo que Picardi fue funcionario del Ministerio de Justicia junto con Mena, que fue viceministro y además fue aportante electoral del Frente para al Victoria.
Dijo que, por ello, Picardi “no se encuentra en condiciones de garantizar la objetividad en su accionar, puesto que su relación con el denunciado no permite suponer que podrá llevar adelante una acusación sincera”.
“No puedo imaginar un escenario justo, alcanzado en el marco del debido proceso legal. El Fiscal Picardo y el Ministro Mena han sido compañeros de trabajo, y son amigos. Comparten ámbitos sociales y afiliaciones políticas, se ven a menudo y coinciden en intereses comunes. No es posible pensar que el acusador público impulsará la acción en contra de Mena, y mucho menos que requerirá su citación a indagatoria cuando así corresponda. Y para ser justa, sería comprensible que no pueda el Dr. Picardi actuar de ese modo. No se trata aquí de juzgarlo, sino de ser sinceros y respetuosos con los derechos de las víctimas, así como con el debido proceso legal”, escribió la jueza.
Y señaló que “no existe una función jurídica y ajena a cualquier conveniencia política que el Dr. Picardi pueda llevar adelante. Su amistad con el señor Mena, que incluye asiduos encuentros e intereses comunes, se traduce en una evidente incapacidad para seguir a cargo de la vindicta pública en la presente investigación”.
La noche del atentado, la Policía Federal Argentina (PFA) hizo un primer operativo sobre el teléfono con el objetivo de descargar todo su contenido, pero no lo logró. El aparato quedó entonces guardado en el juzgado de Capuchetti y después se lo trasladó a las oficinas de la PSA en Ezeiza.
Mena denunció que no se resguardó la cadena de custodia y no se cumplió con las pautas previstas para cuidar un objeto de prueba de semejante importancia. Relató que lo discutió incluso con Capuchetti después de que la PSA informó que había recibido el teléfono sin el debido resguardo de la cadena de custodia.
Hasta hoy, el contenido del teléfono de Sabag Montiel no se pudo recuperar.
En la denuncia penal que presentó contra Mena, Capuchetti afirmó: “No se sabe al día de hoy qué y con quiénes hablaba Sabag Montiel, y con la introducción de la mendaz declaración testimonial prestada recientemente por Mena, referida a la manipulación en el juzgado de un medio de prueba, mucho menos podría conocerse quién o quiénes podrían haber querido que el contenido de aquellas conversaciones y el material obrante en el teléfono secuestrado no llegaran a conocimiento de la instrucción, así como de la propia víctima de ese delito”.
La jueza María Servini investiga si fue dolosa, es decir intencional, la maniobra por la cual se reseteó a su condición de fábrica el celular de Sabag Montiel. En esa causa declaró Mena. El juez Lijo investiga si Mena mintió. Y el tribunal oral federal N° 8 está juzgando a Sabag Montiel por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, donde la querella se opone a que se haga cualquier intento de recuperar el contenido de su teléfono. En este escenario, la declaración de Mena tiene impacto y genera dudas en el juicio oral en marcha.