La Justicia autorizó que los restos de Diego Armando Maradona sean trasladados desde el cementerio Jardín Bella Vista al mausoleo Memorial del Diez, construido en Puerto Madero. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del debate donde se juzgará a los acusados de la muerte del astro mundial del fútbol.
“En ese norte, siendo que el traslado del cuerpo se requiere por razones humanitarias y emocionales, donde lo que se encuentra en juego es la concreta posibilidad de que sus deudos -y quien así lo desee- pueda acercarse al sitio de destino a brindar sus condolencias y/o rendir homenaje a su ser querido, considero que en la medida que el movimiento de los restos no afecte en modo alguno la preservación de los mismos, nada obsta a autorizar lo requerido. Sin perjuicio de lo dicho, también señalo que el reclamante deberá resguardar con estricta observancia, las cuestiones de salud pública que la exhumación pudiera comprometer, siendo carga exclusiva del peticionante arbitrar los medios logísticos y administrativos necesarios para que el traslado no afecte de ninguna manera dichos extremos”, sostuvo la jueza Verónica Di Tommaso, una de las integrantes del tribunal.
El pedido había sido reiterado por Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del astro mundial del fútbol, representadas por los abogados Fernando Burlado y Fabián Améndola. El Ministerio Público Fiscal, representando por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal Laura Capra, no se opusieron a la solicitud y opinaron: ”Siempre y cuando los distintos procedimientos a llevarse a cabo para la exhumación, traslado y destino final de los mismos, se haga bajo estrictas medidas de seguridad que deberán acreditar los peticionantes en el presente expediente, indicando eventualmente quién o quiénes participarán de las distintas acciones que demande el traslado, el modo en que se materializará el mismo, tiempo que demandará su realización y demás particularidades; todo lo cual deberá quedar registrado y preservado debidamente, respetando la estricta confidencialidad del procedimiento y con noticia a ese Tribunal que resulta ser la autoridad jurisdiccional a cargo de la eventual diligencia que viene pedida”.
Los jueces Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach estarán a cargo del juicio que comenzará el 11 de marzo próximo. El debate debía haber comenzado el 1 de junio pasado, pero se postergó en dos oportunidades.
A mediados del mes pasado, el tribunal, por mayoría, hizo lugar al pedido de las defensas del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, tres de los acusados, de postergar la audiencia de inicio del debate y fijaron como fecha para comenzar el juicio el 11 de marzo próximo a las 9.30.
“Entiendo que corresponde hacer lugar a la solicitud de postergación de la audiencia debate formulada por las Defensas de los imputados Luque, Cosachov y Díaz, sin oposición de las demás partes de este proceso. La falta de oposición expresa de los representantes del Ministerio Público Fiscal, de los letrados que asisten a los cinco particulares damnificados, y las defensas de los restantes imputados, debe ser evaluada en el marco del proceso acusatorio que rige en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo en su voto el juez Savarino, según la resolución a la que tuvo acceso LA NACION. La magistrada Di Tommaso adhirió al voto de su colega.
La tercera integrante del tribunal, la jueza Makintach: “Vencida por la mayoría luego de la deliberación referida a la suspensión de debate, solo queda aquí dejar a salvo mi opinión en punto a que entiendo corresponde mantener la fecha de debate fijada para el primero de octubre del corriente año dado que no advierto ninguna cuestión fáctica o jurídica que justifique una suspensión. No advierto ninguna cuestión prejudicial o eventual obstáculo normativo de fondo o procedimental que justifique la postergación. A todo evento y en caso de existir algún obstáculo para celebrar el juicio en la fecha establecida en tiempo y forma con la debida antelación, este no aparece siquiera alegado en alguna presentación”.
Además de Luque, Cosachov y Díaz, hay otros cinco acusados por la muerte de Maradona: Nancy Forlini, Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, el médico Pedro Di Spagna y la enfermera Dahiana Gisela Madrid.
A fines de mayo pasado, cuando faltaban pocos días para el inicio del juicio, se decidió suspender el debate.
“Habiendo este Tribunal dispuesto la celebración de la audiencia de debate con la mayor celeridad y diligencia que esta -y todas las causas de trámite- requieren, pero advirtiendo la pluralidad de cuestiones que se han ido suscitando por las distintas pretensiones de las partes y que a la fecha restan resolverse debe suspenderse la audiencia de juicio designada, cuyo inicio fue fijado a partir del 4 de junio de 2024, y reprogramarlo para el 1° de octubre próximo”, habían sostenido los jueces Di Tommaso, Savarino y Makintach.
Una de las “cuestiones que se han ido suscitando” fue la presentación hecha por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, donde recurrió un fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro en el que se hizo lugar al pedido de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas, de ser juzgada por un jurado popular.