La Justicia federal puso nuevamente bajo la lupa el patrimonio de Andrés “Pillín” Bracamonte, a casi dos años de su asesinato, y avanzó sobre bienes y personas de su entorno. Entre los principales nombres que aparecen en la investigación figura Carlos Vergara, exsecretario general de la Uocra jurisdicción San Lorenzo, quien había sido imputado junto al exjefe de la barra de Rosario Central en una causa por asociación ilícita y extorsiones.
El 28 de septiembre, efectivos de Gendarmería realizaron seis allanamientos simultáneos en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y San Lorenzo, por orden del Juzgado Federal N° 3 de Rosario. Los procedimientos fueron solicitados por fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Unidad Fiscal Rosario.
Los operativos terminaron con el secuestro de 11 vehículos, una motocicleta de 1.200 cc, ocho relojes Rolex, casi $4,8 millones en efectivo, una pistola calibre .22 con cargadores y municiones, teléfonos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación considerada de interés para la investigación.
El foco sobre Carlos Vergara
Uno de los puntos centrales de la investigación es la relación entre Bracamonte y Carlos Vergara, quien en 2023 era secretario general de la Uocra Rosario, con jurisdicción en San Lorenzo.
Vergara fue detenido en noviembre de 2023 junto a Bracamonte en una causa provincial que investigaba una presunta asociación ilícita y extorsiones a empresas constructoras del cordón industrial. Según la acusación de entonces, el mecanismo incluía la imposición de servicios de viandas y baños químicos y otras condiciones para las empresas que realizaban obras.
La investigación patrimonial federal retoma ahora parte de ese entramado y busca establecer si los bienes y movimientos económicos de los involucrados tuvieron origen en actividades ilícitas.
En los antecedentes de la causa, los fiscales habían señalado que en un allanamiento realizado en el domicilio de Vergara se habían encontrado $39,1 millones, US$18.300 e inhibidores de señal, mientras que en la vivienda de Bracamonte fueron secuestrados unos $6 millones. Esos elementos habían sido considerados por la acusación como parte de los indicios para investigar posibles maniobras de lavado.
Los allanamientos y los bienes bajo investigación
Los procedimientos alcanzaron la vivienda de la última pareja de Bracamonte en el country Los Álamos, en Ibarlucea; el domicilio donde residían su exesposa y su hijo en Rosario; propiedades vinculadas a Fernando Rigiracciolo y Eduardo Langhi, en Granadero Baigorria; la sede de ATE Servicios Integrales SRL en San Lorenzo y un domicilio relacionado con Carlos Vergara.
Para los fiscales, la muerte de Bracamonte no habría interrumpido el manejo de los bienes que le atribuyen, sino que estos habrían continuado siendo utilizados, alquilados o transferidos por personas de su círculo.
Entre los elementos que buscan reconstruir aparecen vehículos, inmuebles, sociedades comerciales y otros bienes de alto valor.
La fiscalía solicitó además embargos preventivos por hasta $600 millones y el decomiso de determinados bienes que estaban formalmente a nombre de Bracamonte. Como el exjefe de la barra murió en noviembre de 2024, los fiscales pidieron que se aplique el artículo 305 del Código Penal, que contempla el decomiso de bienes de origen ilícito aun sin una condena cuando el imputado falleció.
Una investigación que comenzó antes de la muerte de Bracamonte
La pesquisa patrimonial tiene antecedentes que se remontan a 2020. En un allanamiento realizado en el Lote 21 del country Los Álamos se encontraron dinero en efectivo, dólares, cheques, documentación societaria y un contrato de alquiler relacionado con Bracamonte.
Posteriormente, la investigación avanzó sobre distintas empresas y sobre los bienes que aparecían a nombre de familiares, allegados y sociedades vinculadas al entorno del barra.
Entre las firmas mencionadas figuran ATE Servicios Integrales SRL, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística y Welding & Company.
La hipótesis fiscal sostiene que algunas de esas estructuras pudieron haber sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas y otorgarles apariencia de legalidad.
El patrimonio que quedó bajo la lupa
Los fiscales también reconstruyeron movimientos patrimoniales que, según la acusación, no guardarían correspondencia con los ingresos formalmente declarados por Bracamonte y otras personas investigadas.
Entre los bienes mencionados aparecen un BMW M2, varias Volkswagen Amarok, un Mini Cooper, una Yamaha R1, un Volkswagen Scirocco, departamentos, viviendas y una moto de agua Sea-Doo.
En el caso de Vergara, los investigadores también incorporaron a la pesquisa sus movimientos patrimoniales y financieros y antecedentes vinculados a la causa por las presuntas extorsiones a empresas constructoras.
La relación entre Bracamonte y Vergara ya había sido señalada judicialmente desde 2023. En aquella investigación, la fiscalía provincial sostuvo que la firma Vanefra —luego denominada ATE Servicios Integrales— habría funcionado como instrumento para imponer la prestación de determinados servicios a empresas constructoras.
Ahora, con la causa en el fuero federal, el objetivo es seguir el recorrido del dinero y determinar el origen de los bienes que quedaron en manos del entorno de Bracamonte, mientras la Justicia avanza con las medidas cautelares y los pedidos de decomiso.
Vale recordar, que Bracamonte fue asesinado el 9 de noviembre de 2024, después del partido entre Rosario Central y San Lorenzo, cuando circulaba junto a Daniel “Rana” Attardo, quien también murió en el ataque.
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