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El Senado de la provincia de Santa Fe sancionó este jueves por unanimidad la Ley de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, una reforma impulsada por el Poder Ejecutivo que introduce modificaciones en cinco normativas vinculadas a la persecución penal y la ejecución de las penas. Con este aval de la Cámara Alta, que ratificó los cambios aprobados por Diputados el pasado 5 de noviembre con 37 votos afirmativos y 11 negativos; la iniciativa quedó convertida en ley.
El paquete legislativo reforma el Código Procesal Penal (Ley 12.734), el Código de Convivencia (Ley 10.703), la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Ley 14.243), el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito (Ley 14.246) y el Programa de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos y Fondo de Recompensas (Ley 13.494).
En el marco de las modificaciones aprobadas, la normativa faculta a los fiscales a ordenar allanamientos sin autorización judicial previa en supuestos acotados vinculados al crimen organizado, en lugares contiguos con riesgo de pérdida probatoria o ante la sospecha de acopio de armas tras operativos y secuestros callejeros, bajo la obligación de someter el procedimiento a control judicial dentro de las 24 horas posteriores. A su vez, incorpora la figura de la declaración informativa ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para personas vinculadas a un hecho delictivo cuando aún no existen elementos suficientes para formular una imputación formal.
En el plano territorial y procesal, la reforma habilita desalojos inmediatos y la inactivación de inmuebles mediante derribos, bloqueos de accesos o reutilización estatal, bajo un esquema similar al aplicado en causas de microtráfico. También contempla medidas de coerción y cautelares, ajustes en el régimen de recompensas para incentivar aportes testimoniales y sentencias sin debate oral previo para determinadas contravenciones.
En materia carcelaria, la ley crea un régimen penitenciario agravado para internos señalados por delitos que afecten de forma grave la seguridad pública provincial. Bajo esta modalidad, el Servicio Penitenciario puede disponer el aislamiento individual, la incomunicación sin régimen de visitas y el retiro de elementos de entretenimiento dentro de las unidades penitenciarias.
