El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, podría convertirse en el tercer integrante de un gabinete presidencial en enfrentar un juicio político en los 250 años de historia del país. La iniciativa presentada por el congresista republicano Thomas Massie reactivó un mecanismo constitucional que la Cámara de Representantes utilizó solamente en dos oportunidades contra funcionarios de ese rango: en 1876, contra el entonces secretario de Guerra William Belknap, y en 2024, contra el titular de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
La propuesta contra Hegseth llegó en un momento de fuertes controversias alrededor de su gestión al frente del Pentágono. Entre los cuestionamientos figuran su actuación durante la guerra contra Irán, las operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales y las decisiones adoptadas dentro de las Fuerzas Armadas. Massie, integrante del propio Partido Republicano, busca que el Congreso evalúe si el funcionario incurrió en conductas que justifican su separación del cargo.
El antecedente más antiguo se remonta a la presidencia de Ulysses S. Grant. En 1876, Belknap quedó involucrado en una investigación por presuntas irregularidades en la administración de puestos públicos. Las acusaciones sostenían que había recibido pagos a cambio de favorecer nombramientos en dependencias bajo su autoridad.
El funcionario renunció antes de que la Cámara de Representantes votara los cargos, pero su dimisión no detuvo el procedimiento. Los legisladores aprobaron el juicio político y el expediente pasó al Senado, que debía determinar si existían fundamentos para condenarlo. Finalmente, los senadores lo absolvieron, por lo que no hubo una destitución mediante ese mecanismo.
El segundo caso ocurrió casi 150 años después. En febrero de 2024, la Cámara baja aprobó el impeachment contra Alejandro Mayorkas, quien encabezaba el Departamento de Seguridad Nacional durante la administración de Joe Biden. Los republicanos lo acusaron de no cumplir adecuadamente las leyes migratorias y de vulnerar la confianza pública depositada en su cargo.
Sin embargo, el proceso no llegó a desarrollarse como un juicio completo en el Senado: los legisladores desestimaron los artículos de acusación, con lo que Mayorkas evitó una condena y permaneció en funciones hasta el final de la administración Biden.
La situación de Hegseth presenta un escenario diferente, aunque comparte con esos antecedentes la intervención de la Cámara baja. Para que el funcionario sea destituido no alcanza con que los representantes aprueben los cargos. La Constitución estadounidense establece que el Senado debe reunir una mayoría de dos tercios para declarar culpable al acusado. Ese requisito convierte la condena en una instancia especialmente exigente, incluso cuando el procedimiento consigue avanzar en la primera cámara.
Entre los argumentos contra el jefe del Pentágono aparecen cuestionamientos relacionados con la supervisión legislativa de las operaciones militares. Algunos artículos de acusación apuntan a la guerra contra Irán y a la Resolución sobre los Poderes de Guerra, una norma que establece mecanismos de consulta y control del Congreso sobre el involucramiento de las fuerzas estadounidenses en conflictos armados.
Otro de los episodios señalados involucra los ataques contra embarcaciones sospechadas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Massie calificó esas operaciones como “asesinatos extrajudiciales” y cuestionó el debilitamiento de los mecanismos de revisión jurídica independiente dentro del Departamento de Defensa. Las críticas también alcanzaron un ataque posterior a una primera ofensiva en el que murieron sobrevivientes de la embarcación.
La conducción de Hegseth quedó bajo escrutinio, además, por la divulgación accidental de conversaciones confidenciales sobre una operación militar contra Yemen. Un periodista fue incorporado por error a un grupo de Signal en el que funcionarios estadounidenses intercambiaban información sobre los ataques previstos. La filtración expuso detalles operativos antes de que comenzara la intervención.
A esos episodios se sumaron los relevos de altos mandos militares, entre ellos el general Charles Brown, y las modificaciones impulsadas por Hegseth en las políticas internas del departamento. El secretario defendió los cambios y respaldó las decisiones del presidente Donald Trump sobre la conducción de las Fuerzas Armadas.
El funcionario también reivindicó públicamente la estrategia de la administración en Oriente Medio. “La paz es nuestro objetivo”, sostuvo durante el Foro Nacional de Defensa Reagan, en diciembre de 2025, al describir los principios que, según afirmó, debían orientar la política militar estadounidense.
