El gobierno de San Isidro presentará cambios en el Código de Ordenamiento Urbano, la normativa que regula qué y en dónde se construye. El proyecto que, según la administración busca proteger el patrimonio histórico de San Isidro y generar las condiciones adecuadas para que haya viviendas más accesibles, ya ingresó en el Consejo la semana pasada y el mañana lo presentará Manuel Abella, Subsecretario de Gestión y Participación.

Para su tratamiento, la administración de Ramón Lanús solicitó que se extienda el período de sesiones ordinarias y esperan lograr su aprobación antes de fin de año. En tanto, agrupaciones de vecinos ya circularon sus quejas: reclaman “un debate serio” y ya están juntando firmas para rechazarlo.

Según plantea el municipio, las modificaciones pretenden, en primer lugar, preservar la identidad patrimonial de San Isidro. Para eso proponen prohibir la construcción en la zona de la costa y preservar el acceso público. Es, desde hace tiempo, uno de los reclamos de los vecinos que se oponían a un proyecto inmobiliario de casas frente al río –que finalmente se canceló– y pedían que se respete la zona del Parque de la Ribera y que la costa sea abierta y de uso público.

Además, el proyecto propone modificar la normativa vigente para que las modificaciones de las viviendas existentes de esa zona que cuenten con planos aprobados reciban un tratamiento particular.

Buscan declarar como “área intangible de protección ambiental” los predios de la “barranca”, evitando construcciones que alteren los niveles y su topografía para proteger su integridad natural y paisajística. Y también, buscan modificar la definición de los inmuebles de valor patrimonial para determinar que serán todos aquellos anteriores al año 1943 “que presente valores arquitectónicos, patrimonial, histórico, paisajístico y/o cultural” y “que no se ubiquen dentro del Área de Preservación patrimonial ni dentro de los bienes listados”.

“Hay un inventario, pero hay que hacer una evaluación de valor histórico, no todo lo antiguo tiene valor histórico. Existe un registro de bienes patrimoniales, pero hay algunos que son anteriores o que por algún otro motivo no estaban registrados”, señaló Abella a LA NACION. Esto implica que oficinas técnicas deberán evaluar y establecer los criterios en caso de que quisieran intervenir algunos de estos inmuebles.

Viviendas más accesibles

Por otro lado, la administración resalta que el proyecto propone “flexibilizar requisitos para potenciar la vida comercial y urbana” de Villa Adelina y Boulogne. Con el objetivo de “fomentar la construcción de viviendas más accesibles para jóvenes”, buscan permitir superficies menores en las viviendas de uno y dos ambientes.

En esa misma línea, proponen una flexibilización en los requisitos de cantidad y dimensiones de cocheras, tanto para viviendas multifamiliares como para oficinas. Con la idea de diferenciar las exigencias según la disponibilidad de transporte público en cada zona, en áreas con mayor oferta, los requerimientos de estacionamiento podrían ser menores. En lugar de requerir un módulo cada 40 metros cuadrados pasarían a cada 25 metros cuadrados. En algunas áreas centrales incluso podrían ser exceptuados del requerimiento de cocheras si esa superficie está destinada al uso comercial.

Consideran que el ratio actual establecido, además de privilegiar el uso del auto particular, desincentiva la aparición de locales comerciales. Es por eso por lo que se plantea la eliminación de los incentivos que se otorgaban por la construcción de estacionamientos adicionales y en cambio, se propone incentivar los proyectos que incluyan plantas bajas con locales comerciales y que cedan mayor superficie.

Los vecinos, en tanto, tienen miedo que estas modificaciones afecten el “concepto residencial, la tranquilidad, seguridad y calidad de vida”, según notas de las asociaciones que circularon en donde detallaban los cambios propuestos. Allí plantean que Acassuso se transformará en una zona más urbana y comercial y que las modificaciones van a aumentar la densidad poblacional, y que podrían repercutir negativamente en los servicios públicos como también generar congestión por falta de estacionamiento propio. También circuló otra firmada por Lanús que enumeraba lo que consideran los puntos centrales de la reforma.

Piensan también que pueden favorecer a los desarrolladores inmobiliarios, una lectura con la que también coinciden algunos concejales. Reclaman por un debate abierto y transparente con los vecinos y un tratamiento técnico exhaustivo. Durante el fin de semana juntaron firmas para oponerse a los cambios en el código urbano y el lunes se reunirán en la Plaza Manuel Aguirre con Walter Pérez, el concejal Presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.

“Al no modificar zonificaciones ni alturas de zonas, son ajustes menores”, consideró Abella, quien mañana deberá ir a explicarlo al Concejo Deliberante. Y agregó: “Pero el proyecto está abierto y en tratamiento. Por lo menos se va a debatir durante un mes y estamos empezando a hacer algunas reuniones informativas”.