Las encuestas que esta semana comenzaron a circular en distintos ámbitos políticos y mediáticos de Santa Fe dejaron más preguntas que certezas. No solo por los números que muestran, sino también por el contexto de quienes la elaboraron y el momento político en el que se difunde. En los pasillos del poder provincial, muchos ya empiezan a mirar con desconfianza esos trabajos que muestran a un gobernador sólido, sin desgaste y con una eventual reelección encaminada. La realidad que reflejan otros sondeos, incluso algunos que ya llegaron al denominado círculo rojo santafesino, es bastante distinta.
El dato central es que la imagen del gobernador Maximiliano Pullaro atraviesa un deterioro mucho más profundo de lo que intenta mostrar la maquinaria comunicacional oficial. Y el problema para el gobierno es que ya no alcanza con instalar números favorables desde consultoras vinculadas política o laboralmente a sectores que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. Mucho menos cuando algunas de esas consultoras están integradas por asesores o trabajadores ligados directamente al oficialismo provincial.
La discusión ya no pasa solamente por quién hace la encuesta. El verdadero problema es que los números difundidos chocan de frente contra la percepción social cotidiana. Y eso, en política, suele ser un síntoma peligroso.
Para entender lo que ocurre hay que dejar de mirar la provincia como un bloque homogéneo. Santa Fe tiene realidades completamente distintas según la región y también según los sectores sociales afectados por las decisiones del gobierno.
En Rosario y en la ciudad de Santa Fe, dos territorios determinantes desde lo electoral y lo simbólico, Pullaro nunca terminó de consolidar una conexión emocional con amplios sectores de la población. Ni siquiera el gigantesco despliegue de marketing político, probablemente el más agresivo y permanente que haya tenido un gobernador santafesino en años, logró perforar ciertos niveles de rechazo o apatía social.
En Rosario, donde la seguridad era la gran bandera electoral del oficialismo, muchos vecinos sienten que la situación dista mucho del relato oficial. La sensación de alivio inicial perdió fuerza y comenzaron a reaparecer cuestionamientos vinculados al miedo cotidiano, a la violencia urbana y al desgaste económico que viven miles de familias. En paralelo, el aumento de tasas, multas y presión fiscal generó malestar incluso entre votantes que acompañaron a Unidos.
En la capital provincial ocurre algo parecido. El discurso de orden y eficiencia empieza a mostrar grietas frente a una ciudadanía que siente que el ajuste terminó impactando sobre los mismos sectores de siempre.
Pero el interior santafesino también merece una lectura aparte. Allí el panorama no es uniforme y aparecen matices que el gobierno intenta capitalizar para sostener su narrativa de fortaleza política.
En muchos departamentos, la imagen de la gestión provincial todavía se mantiene gracias al trabajo territorial de los senadores, que continúan funcionando como verdaderos sostenes políticos y sociales del esquema oficialista. Son ellos quienes amortiguan el desgaste provincial en localidades donde el vecino sigue valorando la cercanía y la gestión cotidiana.
Sin embargo, también existen ciudades donde el deterioro es evidente. Rafaela aparece como uno de los casos más delicados. Allí, el desgaste de la administración local combinado con las críticas a la gestión provincial conforman un escenario de desaprobación que distintos dirigentes describen como inédito en los últimos años.
También surgen situaciones complejas en ciudades como Reconquista o Funes, donde los supuestos acuerdos políticos entre Pullaro y los jefes locales no habrían generado el efecto esperado. Por el contrario, sectores de la sociedad interpretaron esos acercamientos como pactos alejados de las necesidades reales de los vecinos y eso terminó impactando negativamente en la figura del gobernador.
Pero hay otro universo que comienza a transformarse en una alarma silenciosa para el oficialismo: el de los trabajadores del Estado.
Ahí aparece uno de los puntos más delicados para el gobierno provincial. Porque no se trata solamente de una pérdida de imagen en términos estadísticos. Se trata de un sector con enorme capacidad de multiplicación política y social.
Cada trabajador estatal representa mucho más que un voto. En términos electorales y territoriales, equivale a cuatro o cinco voluntades más dentro de su entorno familiar, laboral y social. Son personas que discuten política todos los días, que tienen contacto directo con la ciudadanía y que funcionan como transmisores permanentes del humor social.
Cuando se analiza ese universo, rápidamente aparecen los docentes como referencia inevitable. Pero el malestar va mucho más allá. También alcanza a asistentes escolares, trabajadores de comedores, empleados administrativos, personal de salud y agentes de la administración central que sienten que el ajuste fiscal del gobierno provincial se construyó, en gran parte, sobre el deterioro de sus salarios.
A eso se suma otro sector particularmente golpeado: la Justicia. En los tribunales de Rosario y Santa Fe crece el malestar interno contra distintas decisiones de la actual gestión. Basta recorrer los pasillos judiciales y escuchar conversaciones reservadas para advertir que el gobierno sufre el deterioro de confianza entre los trabajadores de justicia que ven como las múltiples decisiones tomadas perjudicaron la labor, antes de solucionar el accionar.
Por eso empieza a surgir una pregunta inevitable: ¿qué busca realmente el equipo de estrategas de Pullaro difundiendo encuestas tan alejadas de lo que se percibe en la calle?
Tal vez hace algunos años este tipo de operaciones comunicacionales podían ordenar agenda, generar clima político o incluso instalar sensación de fortaleza. Pero hoy la sociedad tiene otras herramientas, otros niveles de información y, sobre todo, otra sensibilidad frente a los relatos construidos desde el poder.
El santafesino común no siente que viva mejor. Por el contrario, muchos sienten que viven cada vez más asfixiados económicamente. Más impuestos, más multas, más presión para quienes trabajan, producen o intentan sostener una actividad privada en medio de una economía compleja.
Y mientras eso ocurre, el gobierno acumula contradicciones difíciles de explicar. Una de las más comentadas en los últimos meses fue la polémica alrededor de una consultora presentada oficialmente sin sede clara, anunciada como socia estratégica, radicada en Estados Unidos, pero vinculada por distintas versiones políticas a una persona cercana al ministro Gustavo Puccini. Un episodio que alimentó aún más las sospechas sobre el uso político de determinadas acciones.
En ese contexto, las encuestas difundidas por el oficialismo aparecen más como una necesidad política que como una fotografía real del presente santafesino.
Y quizá allí radique el mayor problema para el gobierno provincial: terminar creyéndose su propio relato.
Porque mientras todavía ni siquiera está claro cómo será el sistema electoral de 2027 y qué formato tendrá finalmente la discusión por la reelección, la llave política está en manos de Pullaro y se espera desde todos los sectores políticos que este a la altura de las definiciones. Pero también es cierto que las mismas encuestas que hoy intentan sostener un clima artificial de fortaleza son, para muchos dirigentes, las mismas que ya llevaron al oficialismo a cometer errores de diagnóstico y decisiones desacertadas en el pasado reciente.
