No es la primera vez que organizaciones internacionales advierten del deterioro de los derechos humanos en Venezuela en este último tiempo. Pero el último informe publicado este martes por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela es de los más contundentes, pues asegura que el Gobierno liderado por Nicolás Maduro “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato”, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
La misión, que ha examinado la situación en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, ha documentado “violaciones y crímenes, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas” y lejos de ser actos aislados, asegura, se trata de “un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir a la oposición” del país, donde Maduro lleva once años gobernando, desde que asumió como presidente en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, ha señalado Marta Valiñas, presidenta de esta Misión que fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos como desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles cometidos desde 2014 en el país latinoamericano. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El grupo de la ONU ha constatado que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 51,9% de los votos y el antichavismo denunció “fraude”, se ha producido un “nuevo hito en el deterioro del estado de derecho” en el país, de forma que “las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”. El informe también indica que ya en el periodo previo a los comicios, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra y se emitieron órdenes de arresto para otras personas, entre las que se incluyen personal militar, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo durante el mes de julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Entre ellas había más un centenar de niños, algunos con discapacidades, que fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país”, mientras que los procedimientos penales iniciados contra los detenidos “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”, añade el informe.
La Justicia “responde al Poder Ejecutivo”
Otra de las conclusiones que la misión de la ONU sobre Venezuela ha podido reafirmar es qie el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, “está claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo”, de forma que sirve como “un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”. “Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”, ha señalado por su parte Francisco Cox, experto de la misión.
Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria. “El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales”, indica Patricia Tappatá, también experta de la misión de la ONU, quien acalra que “se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima”.
“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”, añade.
El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.
“Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”, concluye el informe.
Recomendaciones
Por todo ello, la misión de la ONU sobre Venezuela recomienda al Gobierno de Maduro “investigar las alegaciones sobre el uso abusivo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos en el marco de las protestas electorales”, así como garantizar la rendición de cuentas de los responsables. También insta al país latinoamericano a “terminar con la práctica de las detenciones arbitrarias” y poner en libertad a todas las personas detenidas de forma injusta.
Asimismo, la misión recomienda al Ejecutivo venezolano “acabar con la práctica de las desapariciones forzadas de corta duración”, asegurando que todos los registros de personas detenidas sean de libre acceso para familiares y abogados, así como que establezca “condiciones de detención adecuadas”, teniendo en cuenta las necesidades y la situación concreta de cada persona privada de libertad, incluidas las mujeres, niñas y personas LGBTI+.
Debido al delicado momento que atraviesa Venezuela tras las elecciones, el futuro de la misión de la ONU se decidirá este mes, por lo que el propio grupo también recomienda a la comunidad internacional “mantener activamente el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos”, y que insista, sobre todo, en la rendición de cuentas en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos internacionales, así como de justicia y reparación para las víctimas.